PRIMER DIÁLOGO NACIONAL POR UN PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN

(DOCUMENTO SÍNTESIS DE RELATORÍA)

Este documento recoge únicamente los consensos alcanzados en cada una de las seis mesas del Primer Diálogo Nacional, celebrado los días 27 y 28 de noviembre de 2004.

I. SOBERANÍA NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN.

• Las corporaciones internacionales y las políticas imperialistas de Estados Unidos han impuesto a México y a toda América Latina la subordinación política como condición para la consolidación y el desarrollo del gran capital transnacional.

• El sometimiento de los gobiernos latinoamericanos a Estados Unidos ha significado el debilitamiento o la pérdida de las soberanías nacionales; lo que se ha venido traduciendo en la entrega de los recursos naturales y en la pérdida de la capacidad de los pueblos para decidir su destino y las vías de su desarrollo independiente.

• A lo largo de estos años, la privatización de nuestros recursos energéticos, así como de las empresas y bienes públicos, la pérdida de derechos sociales, la firma de los tratados comerciales y el lastre de la deuda externa, han incrementado los índices de pobreza y han mermado gravemente la soberanía de la nación.

• En ese contexto de sometimiento e imposición del neoliberalismo, el gobierno de Vicente Fox pretende imponer las llamadas reformas estructurales que profundizan el actual modelo económico y ponen en peligro la viabilidad y el futuro de la Nación mexicana.

Frente al embate neoliberal, es urgente recuperar el espíritu de la Constitución de 1917 que refrenda la tradición emancipadora de nuestro pueblo y dibuja el proyecto de una nación con justicia, libertades, derechos sociales e independencia nacional. Así, la defensa de la patria hoy, pasa necesariamente por el rescate y la defensa de la soberanía nacional.

CONSENSOS

1. Para la construcción de un modelo de sociedad alternativo al neoliberalismo es indispensable la construcción de la unidad más amplia de los sectores sociales y populares, que permita asegurar el ejercicio pleno de la soberanía nacional; asumiendo que la soberanía reside en la autoridad suprema del pueblo de México para decidir su destino y las vías de su desarrollo como nación independiente.

2. Para la recuperación y el restablecimiento de nuestra soberanía, se debe restaurar la legalidad constitucional, vulnerada con las ultimas reformas neoliberales, garantizando la integridad del territorio nacional, así como la propiedad exclusiva de la Nación sobre la tierra, el agua, los energéticos y demás recursos naturales.

3. Para eliminar la subordinación política y la dependencia económica, se deben revisar y en su caso exigir la cancelación de la deuda externa, así como la derogación de todos los tratados comerciales y militares que lesionen los intereses de la Nación, como son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el Plan Puebla Panamá, y rechazar la firma del Área de Libre Comercio de las Américas.

4. El rescate de la soberanía nacional implica la construcción de una nueva política en las relaciones internacionales, basada en el reconocimiento de la libre autodeterminación de los pueblos, el respeto y la solidaridad entre las naciones y la solución pacífica de los conflictos entre países. Asimismo, en el impulso a la democratización de la ONU y por un nuevo orden mundial basado en la justicia, la paz, la democracia y el desarrollo sustentable, promoviendo la integración y la unidad con todos los pueblos de América Latina y el Caribe.

II. NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Para crear las condiciones que posibiliten el crecimiento económico y una distribución equitativa de la riqueza social entre todos los mexicanos, es necesario:

CONSENSOS

1. Eliminar el modo de producción capitalista neoliberal, sustituyéndolo por un modelo de contenido humano, orientado a terminar con la pobreza, a detener la pauperización de la clase media, a recuperar y salvaguardar las conquistas de los trabajadores, a elevar el nivel de vida de todos los mexicanos, a lograr un distribución equitativa de la riqueza y a reafirmar la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y fuentes energéticas.

2. Rescatar y fortalecer la propiedad plena de la Nación sobre sus recursos naturales y energéticos, de manera específica fortaleciendo a PEMEX, a la CFE y a LyFC.

3. Recuperar para la Nación la propiedad de las empresas estratégicas para el desarrollo nacional, por la vía de la nacionalización o la expropiación de empresas y latifundios.

4. En el corto plazo detener la entrega de los recursos energéticos e impedir que siga violándose la Constitución y las Leyes secundarias, con el otorgamiento de permisos a particulares y empresas transnacionales para la generación de energía eléctrica y el otorgamiento de los contratos de servicios múltiples en áreas que corresponden de forma exclusiva a PEMEX.

5. Toda las empresas estatales deberán ser liberadas de la pesada carga burocrática y de la corrupción; asimismo se avanzará en un modelo de gestión con la participación democrática de sus trabajadores y de la sociedad.

6. En el nuevo modelo económico le corresponderá al Estado mexicano, como ya lo establecen los artículos 25, 26 y 27 constitucionales, la planificación y la rectoría económica, con la participación democrática de los trabajadores y de la sociedad.

7. La construcción de una planta productiva nacional capaz de garantizar los bienes de consumo y de producción, así como el impulso de la industria nacional y el desarrollo del mercado interno.

8. El desarrollo de la pequeña y mediana empresa, en el campo, la ciudad y los litorales, así como el impulso de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria y de represas sin la afectación de los derechos de los pobladores.

9. Asegurar la autosuficiencia y soberanía alimentaria, sobre la base de un nuevo impulso al reparto agrario, al ejido y a las cooperativas rurales; a partir de nuevas formas de cooperación y de producción social en el campo, garantizando la asistencia técnica y los recursos financieros para la producción, el almacenamiento y la comercialización, así como el impulso de la agricultura orgánica.

10. El diseño de una política nacional orientada al desarrollo de la educación y al impulso de la investigación científica y tecnológica.

Para sustentar un nuevo modelo económico que asegure el desarrollo nacional, es indispensable:

11. La renegociación, y en su caso la cancelación de la deuda externa.

12. La revisión, y en su caso anulación de la deuda generada por el FOBAPROA-IPAB y el rescate carretero.

13. La revisión, y en su caso derogación del TLCAN y del Plan Puebla Panamá.

14. Rechazar la firma del ALCA.

15. Aplicar un impuesto a las empresas que realizan sus transacciones en la Bolsa de Valores.

16. Impulsar la integración Latinoamericana y el desarrollo de empresas multinacionales con América Latina.

17. Cumplir los Acuerdos de San Andrés.

III. NUEVOS MODELOS DE DEMOCRACIA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA.

En la perspectiva de avanzar hacia una convergencia programática y estratégica para la definición de nuevas relaciones políticas que permitan fortalecer el poder del pueblo y la transformación profunda de las estructuras sociales en la construcción de una nueva sociedad, se ha considerado:

• Que el diseño de las instituciones del Estado responde actualmente a las necesidades del modelo económico neoliberal, subordinando el ejercicio del poder público y el patrimonio nacional, al servicio de la oligarquía financiera y el gran capital. Que este modelo de democracia permite y sustenta la creciente desigualdad social.

• Que el modelo vigente privilegia la llamada democracia electoral a través de un sistema de partidos que ha excluido a las organizaciones de los trabajadores y de otros sectores sociales, sus demandas y aspiraciones.

• Que este modelo vigente incrementa el autoritarismo y las expresiones neofascistas en la represión a los movimientos sociales; ha generado la degradación de las formas de convivencia social, la corrupción de la clase dominante, el enorme poder de los medios de comunicación, y todo ello ha derivado en una crisis de legitimidad y de representación del Estado mexicano.

CONSENSOS

SOBRE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA.

1. La lucha por un cambio de régimen debe pugnar por una nueva institucionalidad democrática que promueva y posibilite el fortalecimiento y articulación de los sectores sociales excluidos, para avanzar en la solución de sus necesidades integrales y alcanzar sus aspiraciones históricas.

2. La nueva institucionalidad democrática debe estar basada en una transformación de las relaciones de poder, que incluya a los procesos sociales de base en la toma de decisiones locales, sectoriales y nacionales. Este proceso supone la redistribución del poder público hacia los órganos de participación popular y las formas de ejercicio del autogobierno, haciendo de estos espacios el eje de la vida democrática nacional.

3. La conformación del nuevo régimen debe poner en el centro los intereses de la sociedad y en función de éstos, definir y potenciar las instituciones necesarias para lograr la materialización de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los diversos sectores y avanzar en la construcción de una verdadera democracia integral que supone también la redistribución de la riqueza nacional.

SOBRE LOS PODERES LOCALES.

Es importante acercar a la población a los espacios locales en los procesos de toma de decisiones, a la definición de sus estrategias de desarrollo, al control social de los recursos y servicios públicos, a la fiscalización popular y ciudadana sobre el gobierno y los gobernantes; en este sentido, se propone para fortalecer los poderes locales:

4. Convertir a la comunidad en el cuarto ámbito de gobierno, con potestades públicas que le permitan normar su vida interna, y acceder a los recursos y atribuciones, para atender sus necesidades vitales.

5. Reconocimiento constitucional de la autonomía municipal y comunitaria.

6. Reconocer como parte de estos poderes, otras colectividades locales y gremiales, en las que el pueblo organiza su vida cotidiana y su acción.

7. Reconocer a la asamblea comunitaria o sectorial, como la base de la democracia local, otorgándole poder de decisión sobre los asuntos vitales de la comunidad.

8. Garantizar la elección mediante candidaturas ciudadanas. Acceso al poder público local por la vía no partidaria.

9. Reconocimiento y respeto a las formas de elección y gobiernos tradicionales de los pueblos indígenas. Cumplimiento cabal de los Acuerdos de San Andrés.

10. Facultar a la comunidad local para ejercer la revocación del mandato.

11. Mecanismos que regulen la asignación de honorarios a las autoridades electas y funcionarios públicos, para que estas responsabilidades sean realmente de servicio al pueblo y no botín de partidos.

PARA LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL.

12. Se requiere de una reforma integral en el sistema de procuración e impartición de la justicia, que garantice terminar con la impunidad, el pleno respeto a los derechos humanos y que esté basada en la participación popular.

13. Rescatar las experiencias de impartición de justicia comunitaria y fortalecer los órganos de defensa y promoción de los derechos humanos en todos los ámbitos.

SOBRE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

14. Rescatar las formas de organización horizontal que se desarrollan en la base de la sociedad, como son las experiencias de autogobierno y la construcción de la autonomía con democracia directa tanto en comunidades como en municipios, en los barrios y otros colectivos urbanos o redes sociales.

15. Establecer un sistema de participación directa, que otorgue capacidades reales de decisión para la sociedad, a través de diversos mecanismos tales como la Asamblea Popular, la Consulta, el Referéndum, el Plebiscito, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, la intervención en la planeación del desarrollo y la ejecución de planes y programas, la contraloría social, los consejos sectoriales, etc.

SOBRE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.

16. La democracia debe entenderse en su sentido integral, mucho más allá de la representación electoral, que ésta debe constituir sólo una de las formas de expresión y articulación de la voluntad popular.

17. Se debe redefinir un modelo de participación democrática más allá de los partidos, pero también un sistema de partidos realmente representativo, incluyente y ético, que exprese efectivamente los intereses de los diversos sectores de la sociedad.

18. Es necesario que se establezcan reglas y mecanismos para el control ciudadano de los representantes populares y del gobierno, obligándolos a la consulta, a la rendición de cuentas y someterlos a la revocación del mandato.

SOBRE LA DEMOCRCIA INTEGRAL.

19. Debemos construir la democracia en todos los ámbitos de la vida social y política. En nuestras propias organizaciones civiles, sociales, sindicales y gremiales, con reglas y mecanismos internos de transparencia y participación. Esta democracia se construye basada en la autoorganización de la sociedad, en la ética y en el respeto a la dignidad humana de cada uno de sus miembros, eliminando las prácticas autoritarias, el corporativismo, el clientelismo, la corrupción y la intervención de los aparatos del estado.

20. La democratización y la participación social deben extenderse a los diversos campos del ejercicio público: En las empresas públicas, en las instituciones educativas y en los medios de comunicación. En particular, la democratización de los medios de comunicación debe garantizar el acceso efectivo a la información, así como su regulación para ser dirigidos por la ética que exige el crecimiento cultural y cívico de la sociedad.

21. En paralelo deben promoverse y fortalecerse todos los medios de comunicación alternativos y autogestivos de la sociedad.

22. La convivencia democrática debe estar basada en una nueva cultura política, para la inclusión y reconocimiento de la diversidad, en el reconocimiento de la equidad de género, basada en la ética y la responsabilidad pública, que penalice y castigue severamente la corrupción, que promueva en la sociedad la capacidad de diálogo y la construcción de acuerdos en el reconocimiento de las diferencias.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS.

23. Se considera que la democratización profunda de la sociedad sólo será posible cuando la convergencia de las fuerzas sociales que representen al pueblo, logre el poder político del país.

24. La nueva institucionalidad democrática, necesaria para modificar las relaciones de poder, debe ser definida y aprobada por un Congreso o Asamblea Constituyente que represente a todos los sectores sociales, particularmente a los trabajadores.

25. Este diálogo se reconoce como un valioso esfuerzo para construir una voluntad unitaria y la convergencia más amplia en el periodo actual de acumulación de fuerzas. Por ello, el Diálogo debe continuar en todo el país para profundizar y consolidar los acuerdos entre las fuerzas populares para la construcción del Proyecto Alternativo de Nación.

IV. IDENTIDADES, CULTURAS Y EDUCACIÓN.

En el neoliberalismo, las políticas educativas y culturales se imponen desde una visión y un carácter predominantemente mercantil y están dictadas de forma directa por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, El FMI y la OCDE.

Para el diseño de las políticas educativas y culturales se ha dejado al margen la cultura y las necesidades nacionales para el desarrollo del país, como nación independiente. Se pretende imponer una visión única y unipolar del mundo, así como una visión uniformizante de la sociedad. La educación es concebida más como un elemento de dominación, para someter todas las culturas a la única cultura válida según el capital. De esta manera, el Neoliberalismo ha puesto en peligro nuestra identidad histórica y cultural, así como nuestra libertad, independencia y soberanía como nación.

Ante esta situación, y considerando que la educación se constituye en un importante pilar del desarrollo de la Nación, de la sociedad y de los individuos, se propone:

CONSENSOS

1. Rechazar la imposición del pensamiento único, la anulación de nuestra diversidad cultural y los procesos de privatización y mercantilización de la educación en nuestro país.

2. La defensa del patrimonio cultural, asumiendo que las culturas nacionales son un elemento de identidad, y de resignificación social, de unidad nacional y una base para garantizar la soberanía del país.

3. La educación debe promoverse siempre ligada a los intereses históricos de nuestro pueblo, a los objetivos que la Nación se ha dado; con un contenido alto en sentido humano y social. Se plantea el impulso de una educación popular conducida y organizada desde abajo, donde la comunidad en su conjunto asume la conducción sin detrimento de las obligaciones del Estado.

4. La educación en todos sus niveles debe ser gratuita, popular, laica y sustentada en el pensamiento científico, ajena a las doctrinas religiosas como lo señala el artículo 3º constitucional. Debe tener una cobertura universal, para garantizar el acceso de todos los niños y jóvenes a la educación gratuita en todos sus niveles.

5. Se debe garantizar una educación integral , es decir, basada en el estudio y conocimiento de la historia, el arte, la ciencia, el desarrollo tecnológico y la educación física; en una concepción que armonice la escuela y el trabajo, la educación con la producción en un sentido humano y no capitalista, que fomente el pensamiento crítico, así como una cultura democrática y participativa para una nación libre, independiente y soberana.

6. Se debe fomentar el arte y la cultura, desde una visión que conciba el arte como detonante del pensamiento revolucionario y de transformación de la sociedad, el arte como instrumento liberador capaz de contrarrestar la enajenación y la acción ideológica mercantilizante de los medios de comunicación.

7. Un proyecto educativo y cultural debe descansar sobre una base ética, que promueva el pensamiento liberador y la participación en la toma de decisiones; se debe construir a partir de la consulta ciudadana y el plebiscito, y debe promover, en todo momento, los preceptos del cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.

8. Se debe asignar a la educación un presupuesto suficiente, cubriendo el mínimo de 8% del PIB como lo recomienda la UNESCO, y el 1% del PIB a Ciencia y Tecnología. Estos recursos deberán ser suficientes para crear la infraestructura y los recursos humanos que permitan aumentar la matrícula en la educción media y superior, así como el otorgamiento de becas y de la alimentación necesaria para los niños y jóvenes de bajos recursos.

9. Reconocimiento constitucional de los Derechos y Cultura indígena expresados en los Acuerdos de San Andrés. Desarrollo de la educación pluriétnica y pluricultural en todos los niveles, creación de instituciones educativas en todos los niveles para los pueblos indios.

10. Excluir de todos los tratados comerciales el rubro de educación, ya que ésta se define según los intereses soberanos de la Nación. Así mismo, poner fin a las políticas de evaluación impuestas al sistema educativo, a través de organismos privados como es el CENEVAL, para acabar con las políticas orientadas a la exclusión de los jóvenes de las instituciones públicas de educación y que lesionan y vulneran la autonomía de la Universidades del país.

11. Para garantizar la calidad de la educación, se deben asegurar el equipamiento físico y tecnológico de las escuelas; la actualización de los contenidos de la enseñanza con la participación democrática del magisterio y de la sociedad; la formación y capacitación de los profesores, fortaleciendo las universidades pedagógicas y el sistema Público de Escuelas Normales, otorgando mejores condiciones laborales y salariales para todos los trabajadores de la educación.

V. JUSTICIA Y DERECHOS SOCIALES.

En los últimos 20 años, el capitalismo neoliberal viene despojando de cuanto es posible, riquezas, derechos y conquistas sociales, a los trabajadores y al pueblo de México.

La imposición del Neoliberalismo y sus políticas basadas en la desregulación, la liberalización financiera y comercial, la apertura a la inversión extranjera y las privatizaciones de los bienes nacionales y los servicios públicos, significó el inicio de un proceso de deterioro y recesión de la economía nacional, pero también de deterioro de las condiciones de trabajo, la caída del salario real y la reducción de las prestaciones sociales y los derechos de los trabajadores.

A lo largo de este tiempo, los niveles de pobreza se han disparado, lo mismo que la emigración del campo a la ciudad y al extranjero; los salarios y los derechos laborales, de por sÍ raquíticos, se han derrumbado. Hoy se generalizan el trabajo informal, la precarización y los atentados a los sindicatos, a los contratos colectivos y a la seguridad social. Se instaura la llamada flexibilización en las relaciones laborales y se pretende suplantar el pago de un salarios digno con estímulos y premios por productividad.

En este contexto de estancamiento económico y devastación social, el gobierno y los grandes empresarios preparan el desmantelamiento total de las conquistas fundamentales de los trabajadores, plasmadas en el Artículo 123 constitucional y en la Ley Federal de Trabajo, a través de la aprobación de una Reforma Laboral en el Congreso de la Unión. Frente a esta situación, las fuerzas y ciudadanos participantes en el Diálogo Nacional, nos pronunciamos por los siguientes

CONSENSOS

1. Rechazar el proyecto Abascal y los intentos por imponer esa Reforma lesiva a los derechos históricos de los trabajadores.

2. La defensa de la seguridad social y de las instituciones de salud pública. Exigimos su rescate financiero, la derogación de las Reformas a la Ley del IMSS, y que se detenga la iniciativa de reforma en el ISSSTE.

3. Rechazar el conjunto de Reformas Estructurales, que impulsa el régimen foxista, por considerarlas lesivas a los intereses del pueblo y contrarias a la soberanía de la Nación.

Además, los derechos sociales ya reconocidos en la Constitución, conquistados por los trabajadores y el pueblo a lo largo de su historia, los consideramos de naturaleza universal y de carácter irrenunciable. Sobre esa base deberá continuar la lucha por ampliar e incorporar los nuevos derechos para los trabajadores y el pueblo en general.

4. Para lograr la plena justicia social y condiciones de vida digna para las y los trabajadores mexicanos, es necesario que el nuevo Proyecto de Nación considere un horizonte en el que todos los mexicanos, por el sólo hecho de nacer en este territorio , tendrán acceso a los siguientes

DERECHOS UNIVERSALES

• A la alimentación

• A la salud

• A una vivienda digna

• A una educación gratuita, laica y democrática

• A un trabajo digno y socialmente útil

• Al respeto irrestricto de los Derechos Humanos

5. En materia laboral, el Proyecto Alternativo de Nación debe reivindicar el espíritu del constituyente de 1917 y asegurar que el nuevo Estado mexicano garantice los siguientes

DERECHOS LABORALES

• A un salario suficiente para satisfacer las necesidades de una familia.

• De asociación y a la organización sindical.

• De Huelga.

• A la reducción de la jornada de trabajo.

• A percibir salario igual por trabajo igual.

• A recibir un seguro por desempleo.

• A pensiones dinámicas por invalidez, vejez, muerte, enfermedades y accidentes de trabajo.

• A la libre manifestación de las ideas.

• A la homologación de los derechos de todos los trabajadores, lo que en la legislación vigente significa derogar el apartado B.

• Al ejercicio pleno de la democracia en los sindicatos y a la elección de dirigentes mediante el voto universal, directo y secreto, poniendo fin al sistema corporativo y a la intervención del Estado y los patrones en las organizaciones sindicales.

• A la organización y fortalecimiento de sindicatos nacionales por rama industrial o de servicios.

6. Para lograr la emancipación de la Mujer en todas las esferas de la vida social, el Proyecto de Nación Alternativo debe contemplar los siguientes

DERECHOS DE LAS MUJERES

• A la plena equidad en derechos y oportunidades.

• A decidir sobre el propio cuerpo y a la planificación de sus vidas.

• A que se castigue con toda severidad toda forma de discriminación, hostigamiento sexual y violencia.

• A la justicia social con equidad de género.

• A que la reproducción humana sea considerada como asunto de interés social y responsabilidad colectiva.

• A licencias por maternidad prenatales y postnatales, con goce de salario y prestaciones Íntegras.

• A que se construyan los espacios de equidad, que garanticen la participación de las mujeres trabajadoras, en las instancias de toma de decisiones.

7. En el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la Nación Mexicana, para el fortalecimiento de nuestra identidad, nuestras lenguas y culturas, es necesario garantizar el pleno ejercicio de los

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

• A la Autonomía

• Al respeto de las formas de gobierno, usos y costumbres

• Al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés

8. Como condición para el desarrollo y para asegurar la autosuficiencia y la soberanía alimentaría, así como la vida digna en el campo, es necesario cumplir los siguientes:

DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y SUS FAMILIAS

• A la tierra y a los recursos técnicos y financieros para su explotación racional.

• A garantías para la comercialización de los productos agrícolas.

• A participar en la planificación democrática del desarrollo rural.

• A organizarse para producir y comercializar sus productos de manera colectiva.

• A recibir una pensión por vejez.

9. En cuanto a la seguridad social, se propone un nuevo modelo alternativo que deberá contener los siguientes elementos:

• Integrar un sistema único de salud con cobertura universal y de carácter gratuito.

• Para asegurar el abasto de medicamentos a este sistema de salud, se desarrollará una industria estatal médica y farmacéutica.

• Este sistema priorizará la medicina preventiva y basará la educación y promoción de la salud en enfoques sociales y comunitarios.

• Este sistema de salud deberá contar con mecanismos que garanticen la alimentación adecuada en todas las etapas de la vida de las personas.

• Este sistema de salud incorporará a la niñez y a la juventud en el cuidado de la ecología y la sanidad territorial.

• Este modelo deberá contener un sistema universal de pensiones justas y dignas.

• Este sistema tendrá como obligación garantizar el acceso al deporte y a la cultura física para todos.

• Este sistema se propondrá el rescate de la medicina tradicional y herbolaria.

PROPUESTAS:

1. Convocar a la Movilización Nacional en rechazo la Reforma Laboral, llamando a preparar la Huelga Nacional contra la aprobación del Proyecto Abascal.

2. Invitar a todas las organizaciones participantes del Diálogo, así como a las organizaciones y sindicatos en general, a integrarse de manera orgánica al Frente Sindical, Campesino, Indígena, Social y Popular.

3. Para promover el proceso de Diálogo Nacional, se propone llevar la discusión a los centros de trabajo y organizar Foros Regionales por todo el país.

4. Es necesario luchar por que se establezca un convenio entre los gobiernos de Estados Unidos y México que garantice el respeto de los derechos humanos y laborales de los mexicanos que trabajan en aquél país.

VI. ALTERNATIVAS DE ORGNANIZACIÓN Y ALIANZAS.

De la discusión de este eje temático, se plantean los siguientes:

CONCENSOS

1. Que el Diálogo resuelva un Programa Mínimo para un gobierno alternativo. Entendiendo este Programa como plataforma de lucha que garantice la unidad de todas las fuerzas participantes, que sirva para el posicionamiento en la próxima coyuntura y que pueda ser levantado desde las diferentes opciones del movimiento social.

2. Avanzar en la conformación de un Bloque Histórico para la transición efectiva a la democracia, la liberación y la justicia social. Este Bloque se articularía en redes presenciales y a distancia que dialoguen entre sí y coordinen acciones conjuntas de pueblo y trabajadores.

3. Construir una política de alianzas amplias sobre la base del Programa Mínimo y respetando las diferentes formas de lucha. El diálogo permitirá precisar y comprometerse con lo No Negociable del Programa.

4. Establecer una red de redes, con grupos responsabilizados de facilitar el intercambio de información y análisis, así como los diálogos y acciones consensuadas de las organizaciones y sus miembros.

5. Precisar la normatividad interna de grupos y movimientos, para que todos sus integrantes se atengan a las mismas reglas.

6. El Diálogo implica la formulación de objetivos, de abajo hacia arriba, sin comprometerse con candidato alguno o con los partidos políticos.

7. Es importante unir a través del Diálogo a quienes ya están organizados, pero es necesario incorporar a esta lucha a la mayoría de los mexicanos y a los trabajadores del campo y la ciudad.

8. En la lucha para cambiar el actual régimen político y económico se deben plantear dos programas: uno Mínimo, que considere los objetivos de la lucha contra el neoliberalismo, y uno máximo, que contemple los objetivos estratégicos, un nuevo Estado y un nuevo esquema de organización política.

9. El éxito del Diálogo presupone el fortalecimiento de la organización, la búsqueda de la unidad de acción y agrupar a todos los sectores por región, por estado y a nivel nacional.

10. Desde el Diálogo debe impulsarse un Plan de Acción que garantice la continuidad del proceso de discusión sobre el Proyecto Alternativo de Nación, la realización de las Caravanas y el Segundo Paro Nacional.

11. La coordinación de este movimiento debe ser lo suficientemente flexible, para que se ajuste a los diferentes tipos de coordinación estatal, regional y sectorial.