Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
LOS TRABAJADORES ANTE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales, no sólo han privatizado la inmensa mayoría de las empresas paraestatales con que contaba el país hasta principios de los ochentas, poniendo estos recursos al servicio del enriquecimiento aun mayor de una minoría, sino que han puesto en práctica una política de exterminio de los recursos humanos en ciencia y tecnología y puesto en peligro a las instituciones dedicadas a estas actividades. Con esto, se pretende cerrar un importante camino hacia un desarrollo nacional son soberanía y justicia, condenando al país a la dependencia tecnológica respecto a los países dominantes.
La investigación científica y tecnológica son tareas cruciales para cualquier país que pretenda desarrollarse en el mundo actual. La creciente demanda de satisfactores que reclama una población en constante crecimiento, aunado a los problemas derivados del deterioro del planeta a causa de la actividad humana e incluso la necesidad de competir en los mercados internacionales, confieren a la ciencia y la tecnología un papel de primera importancia para cualquier sociedad que pretenda llevar una existencia digna.
El atraso en ciencia y la tecnología del país se refleja en la excesiva adquisición de patentes extranjeras. La necesidad de la adquisición de ciencia proveniente del exterior redunda en un mayor empobrecimiento para nuestro país y en la vocación de país maquilador que, desde las metrópolis capitalistas, se nos impone. Hasta la fecha, la ciencia y tecnología mexicanas han carecido del apoyo que les permita ser factor determinante para el desarrollo con justicia de nuestro país.
Como muchas otras actividades, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, requieren de una inversión constante y considerable para lograr la generación de conocimiento científico, así como la formación de recursos humanos que puedan generacionalmente, sustituir a la planta de científicos en el largo plazo.
El acuerdo tomado por el Congreso de la Unión hace dos años para incrementar hasta 8 por ciento del PIB el gasto en educación y hasta 1 el destinado a Ciencia y Tecnología es indiscutiblemente un avance. En su pasado informe, el Presidente de la República afirmó haber firmado el decreto correspondiente. Sin embargo, hasta ahora no se han dado pasos para su cumplimiento y por el contrario el proyecto de presupuesto para 2005 presenta una disminución de recursos para ciencia y tecnología.
En aras del bien de la Nación e incluso por el respeto que merece el poder legislativo, este acuerdo debe ponerse en práctica de inmediato, dotando a las instituciones de educación, ciencia y tecnología con el presupuesto suficiente para cumplir con las funciones que la legislación nacional les confiere y la situación nacional reclama.
Si el presupuesto hasta la fecha es insuficiente, también lo es el número de personas dedicado a Ciencia y Tecnología en México, por tanto, debe incrementarse el presupuesto a las instituciones que generan Ciencia y Tecnología, así como la planta de investigadores y tecnólogos mexicanos.
Esta insuficiencia presupuestaria, que ha impedido el logro de mayores resultados de la ciencia mexicana, se ve agravado por la congelación desde hace una década de la plantilla de trabajadores del conocimiento. Además, en años recientes se han aplicado programas llamados de retiro voluntario, que han debilitado aún más a las instituciones de Ciencia y Tecnología.
Es urgente el incremento de plazas a las instituciones que generan ciencia y tecnología y la reintegración de las plazas que se han perdido en los años recientes.
El uso de los recursos provenientes del trabajo de toda la sociedad, para las instituciones educativas y de investigación y desarrollo, debe darse en condiciones de transparencia y cumpliendo rigurosamente los propósitos a los que es destinado. Sin embargo, con frecuencia hay desviación de los mismos hacia actividades no sustantivas e incluso ajenas a las de Ciencia y Tecnología. Esto es posible gracias a que las administraciones de las instituciones manejan los recursos de manera discrecional.
En algunas de las instituciones dedicadas a CyT, se ha pretendido paliar la falta de personal de investigación y desarrollo con la contratación de personal por honorarios (contraviniendo lo establecido por la legislación laboral y los contratos colectivos de trabajo), el cual en general se destina a actividades no sustantivas para este tipo de instituciones.
A fin de que el presupuesto para Ciencia y Tecnología sea destinado precisamente a la vertiente sustantiva de la generación de Ciencia y Tecnología los presupuestos a las instituciones de CyT deben ser etiquetados.
Mientras en el país se habla de la necesidad de hacer un uso racional de los recursos de todo tipo e incluso, la ley de egresos del año que corre establece condiciones a fin de que las instituciones cuenten con una estructura organizacional adecuada. En muchas de nuestras instituciones se cuenta con escandalosas y obesas estructuras administrativas que, por si fuera poco, reciben salarios altísimos, dando como resultado una estructura salarial inequitativa que además, consume los recursos que debían destinarse a la Ciencia y la Tecnología haciendo un daño de magnitudes inimaginables pues implica estancamiento para el país.
Se deben evitar, en todas las instituciones y en particular en los centros de investigación, las excesivas burocracias.
La explotación petrolera ha representado la captación de enormes recursos para la economía mexicana. Sin embargo, siendo los hidrocarburos un recurso no renovable, no se puede depender indefinidamente de esta fuente de ingresos. El impulso a la ciencia y tecnología puede representar, a largo plazo, la base para un sano desarrollo nacional.
Proponemos que del excedente de los ingresos petroleros se destine al menos el 8% hacia las actividades de educación, investigación científica y desarrollo tecnológico.
Las anteriores medidas podrían mejorar las condiciones en que se desarrolla el trabajo científico y tecnológico en nuestro país. Sin embargo, serían insuficientes si no van acompañadas por una verdadera política científica nacional.
Por una política nacional sobre ciencia y tecnología
La ley de Ciencia y Tecnología vigente no permite a los científicos y tecnólogos mexicanos una participación real en la definición de la política nacional en la materia y en los centros de investigación y universidades, se limita también su participación en la toma de decisiones. Diversas organizaciones hemos presentado un proyecto de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología, que ha sido turnada desde la legislatura pasada, a comisiones. Solicitamos su discusión y la correspondiente modificación a la ley vigente, a fin de que la ciencia y tecnología mexicanas cumplan el papel que les corresponde en la construcción de un país soberano y con justicia.
Nos pronunciamos porque a través de CONACyT se implemente una política nacional en ciencia y tecnología que responda a las características y necesidades de nuestro país y constituya una herramienta para avanzar hacia un país soberano y con justicia.
Esta política debe contemplar, al menos, los siguientes puntos:
Participación de los investigadores y tecnólogos en la definición de la política científica y tecnológica, tanto en el ámbito nacional como en cada universidad y centro de investigación. Modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología, a partir de la intervención real de la comunidad científica, quienes deben integrar el Consejo de Ciencia y Tecnología.
Fortalecimiento del sistema educativo nacional en todos sus niveles. Formación de investigadores y tecnólogos a fin de que haya continuidad en el desarrollo de la ciencia y tecnología en México. Fortalecimiento del binomio educación-investigación en las universidades.
Fortalecimiento de la planta de investigadores y tecnólogos y su incorporación a los institutos, centros y empresas que realicen Ciencia y Tecnología (CyT). Se requiere por tanto, respeto a las plazas en los centros de investigación. No a la cancelación de plazas a causa de la aplicación de programas de retiro voluntario con en estas instituciones.
Impulso a la investigación básica como elemento indispensable para un sano desarrollo científico nacional.
Descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. En cada entidad de la Federación se debe impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico y en cada congreso local se debe crear una comisión de ciencia y tecnología que dé voz a la comunidad académica local y a la vez fortalezca a la misma.
Inversión en investigación y desarrollo, para contribuir en la solución de las necesidades de la sociedad, evitando la transferencia de recursos en estos rubros a empresas trasnacionales. Alto al financiamiento del sector privado con fondos públicos.
Presupuesto suficiente a las actividades científicas y de desarrollo tecnológico. Los acuerdos adoptados por el Congreso de la Unión para incrementar a 8% y 1% del PIB el gasto en educación e investigación respectivamente, deben ser puestos en práctica de inmediato. Participación de científicos y tecnólogos en la asignación de recursos a fin de evitar su dispendio en actividades ajenas a CyT como el gasto excesivo en la burocracia del CONACYT.
Respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación, la ciencia y la tecnología, en particular, al derecho a la organización y contratación colectiva. Estabilidad en el empleo.
Las universidades y centros de investigación deben contar con estructuras organizativas que faciliten las actividades sustantivas de las instituciones y eviten la creación de burocracias que sólo entorpecen el trabajo de CyT, desviando gran cantidad de recursos hacia actividades improductivas.
Apoyo al campo mexicano con recursos económicos y el uso de la CyT para avanzar hacia la soberanía alimentaria.
No a la segregación de las Ciencias Sociales.
Por el fomento a la participación de la mujer en el campo de la investigación.
Por la defensa y fortalecimiento de las universidades y centros de investigación públicos.
Por una política energética con independencia tecnológica
En materia de energía, se debe continuar la lucha en defensa de la propiedad de la Nación sobre los recursos energéticos del país, rechazando cualquier medida de privatización declarada o encubierta. La defensa de las empresas nacionales de electricidad y petróleo son tareas de primera importancia. Sin embargo, esta tarea debe ser acompañada con la lucha por la independencia tecnológica en la materia.
Se debe trabajar, asimismo, por una política nacional de energía de largo plazo que tome en cuenta todas las posibles fuentes de generación de energía existentes y que salvaguarde nuestros recursos energéticos y las estructuras petroleras, eléctricas, nucleares y de investigación del sector de la energía.
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
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