FNDPC: IDENTIDADES, CULTURAS Y EDUCACIÓN

La preservación del Patrimonio Cultural como un bien de utilidad pública y social, es la garantía de conservar un rostro propio como Nación, con raíces profundas que nutran la identidad nacional y constituyan bases firmes de soberanía.

En México, el proyecto nacionalista sentó bases para definir y concretizar en las leyes y en las instituciones que la riqueza nacional debería ser propiedad de los mexicanos y en consecuencia debería estar al servicio del pueblo, dentro de un régimen de justicia social.

El Patrimonio Cultural ha sido un tema en nuestro país que después de la Revolución Mexicana, se retemó como un proceso de identificación y resignificación social, en el que la historia de México abrió una etapa de reivindicaciones sociales y nacionales, donde el Patrimonio Cultural se estableció como un factor de unidad nacional, identidad y soberanía del país, en el marco del proyecto educativo. Las instituciones de cultura creadas en este marco histórico tenían como objetivo principal participar en la construcción de nuestra nacionalidad. El INAH, creado en 1938 , y posteriormente el INBA, en 1946, han sido el pilar fundamental de la política cultural en el país, que atendía las demandas de conservación del patrimonio, de atención a los sectores indígenas y populares, así como de investigación de la historia nacional y su relación con los programas de educación básica, media y superior.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente, define con claridad esta política señalando que su objeto es de interés social y nacional, así como de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas y los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, los cuales son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.

Durante los últimos años, a partir de que el Gobierno Federal profundiza la política de corte neoliberal se deslinda de sus responsabilidades como órgano rector de la sociedad, asumiendo un esquema de privatizaciones de los bienes, recursos y servicios.

En este contexto se debe ubicar la pretensión del gobierno foxista por modificar la Constitución, en particular impulsar las contrareformas estructurales como son: La energética (PEMEX, CFE y LyFC), la laboral ( ya iniciada con la reforma de la ley orgánica del IMSS. y la iniciativa de jubilaciones y pensiones) y La Hacendaría (con el IVA. a medicinas y alimentos).

Al profundizarse esta política, también permite el arribo de los grandes capitales, proceso que cubren todos los campos de la sociedad. En el ámbito cultural, este proceso tiende a la uniformidad supranacional; la globalización lleva implícita la estandarización cultural y el avasallamiento y suplantación de las identidades locales, regionales y nacionales.

En cuanto al patrimonio cultural, la política neoliberal tiene como fundamento un nuevo concepto de patrimonio, entendido como un bien sujeto a explotación mercantil en beneficio privado, abandonando deliberadamente las instituciones estatales de cultura creadas en el marco de un proyecto nacionalista.

Esta orientación considera al patrimonio cultural como un recurso susceptible de ser comercializado por intereses privados al usufructuar su contenido histórico, su espacio físico y la inversión realizada por instituciones gubernamentales, como ejemplo de ello se pueden citar los casos Teotihuacan (del que más adelante nos referiremos en específico), Tajín, Zona Maya, Castillo de Chapultepec, Fundación Cultural Banamex, la especulación con la imagen de la Virgen de Guadalupe y Casino de la Selva, recientemente el caso del Ex-convento de Ixmiquilpan, Edo. de Hidalgo, que dejó de ser museo para funcionar como casa cural, y en Puebla la destrucción de monumentos históricos e la zona Paseo San Francisco, para la construcción de centros comerciales y estacionamientos, entre otros ejemplos.

Esta posición conlleva a la destrucción del patrimonio y su elitización, además de que desvincula identidad y memoria. Para legitimar la aplicación de esta política cultural, se ha tratado de modificar el marco jurídico vigente, propugnando por la modificación o desaparición de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, la modificación de las Leyes Orgánicas del INAH y del INBA, tendencia en la que se inscriben, las mas de veinte iniciativas de Ley, entre las cuales se encuentran: la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación; las referentes a las Industrias Culturales, las iniciativas de Ley Orgánica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y recientemente el proyecto de iniciativa de ley “Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, promovida por la titular del CONACULTA, Sara Guadalupe Bermúdez y avalada por los titulares del INAH e INBA. La cual por cierto se conoce gracias a la difusión que le dieron los medios de comunicación (Jornada 1/julio/04) lo cual evidencia que se elaboró al margen de la comunidad.

Mediante dicha política, las privatizaciones y concesiones que se dan a las transnacionales arrasan con los patrimonios nacionales sobre todo de los países más pobres económicamente, a los que se obliga a poner en venta sus recursos culturales y naturales como mera mercancía, desconociendo de paso sus valores artísticos e históricos que los hacen universales, porque nada tienen que ver con los intereses económicos trasnacionales y con un concepto de globalización que no tiene identidad, rostro ni bandera, sólo intereses particulares y económicos. Únicamente los grandes empresarios y los capitales trasnacionales se benefician de la política actual de –dejar hacer, dejar pasar-.

Terrible ejemplo de ello es la construcción del Wal-Mart en la Zona de Monumentos de Teotihuacán la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos junto con las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han sido secuestradas por el actual Director General, Sergio Raúl Arroyo García, ya que además de no cumplir y aplicar la normatividad conducente, permitiendo con ello la destrucción y pérdida irreparable de bienes arqueológicos propiedad de la Nación, utiliza una permisividad disfrazada de respeto a las leyes, en una situación donde se constituye como único juez, inapelable y omnipotente, pretendiendo imponer a la sociedad, como dogma de fe, que cumplió con los procesos correspondientes, cuando las evidencias, tanto académico-técnicas como administrativas, de los procesos irregulares llevados a cabo por las autoridades del INAH muestran lo contrario.

Este dócil funcionario al servicio de los intereses neoliberales se atreve a manifestar reiteradamente que no contó con los mecanismos legales para cancelar dicha construcción, cuando sabemos que las herramientas jurídicas para proteger la Zona Arqueológica de Teotihuacán existen, y que las declaraciones de Arroyo sólo ponen en riesgo y desprestigian a una institución histórica y la normatividad que la rige, favoreciendo claramente intereses ajenos al objeto de interés social, nacional y público de la Ley Federal sobre Monumentos, y del Decreto mismo de dicha zona. Secuestra la ley para protegerse a sí mismo y no tener que reconocer que hubo errores, negligencias y omisiones en el cumplimiento de la normatividad. Prefiere favorecer impunemente los intereses privados, en este caso de una trasnacional, que enfrentar los problemas que traería revisar los procedimientos y dado el caso, reconocer las irregularidades cometidas, asumiendo dignamente las sanciones correspondientes, en favor de la protección del patrimonio cultural y el cumplimiento y respeto de la Ley vigente.

Hoy, que Fox ha amenazado, junto con el poder político y económico que lo respalda, que tras el IMSS va por todo, mediante sus contrarreformas estructurales, la educación y la cultura también están en la mira. Pretende fortalecer al Conaculta con un marco jurídico que violenta la legislación histórica que regula y vincula a la educación y la cultura, buscando con ello privilegiar a grupos privados y empresariales, fortaleciendo las llamadas industrias culturales, y desfigurando la identidad de nuestro pueblo.

Ante ese contexto, como trabajadores pero principalmente como mexicanos, nos reagrupamos en el Frente Nacional de Defensa por el Patrimonio Cultural con los siguientes objetivos:

1. El respeto absoluto y aplicación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente, cuyo objeto es de interés social y nacional y sus disposiciones de orden público, definiendo de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

2. El respeto total a la Ley orgánica del INAH, y a la Ley de creación del INBA, institutos culturales cuya espíritu fundamental es fomentar en la sociedad, el conocimiento y el respeto a los bienes culturales que tienen la encomienda de preservar, involucrando a la sociedad en esta noble responsabilidad como lo establece ya la normatividad vigente.

3. Que la Secretaría de Educación Pública mantenga y fortalezca su línea rectora en materia educativa y cultural en este país, como lo señala el Art. 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que las funciones de los institutos federales de cultura son eminentemente de carácter educativo.

4. Que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, mantenga la rectoría federal en la preservación de los bienes culturales con el objeto social y nacional y la utilidad pública que establece la ley vigente, como bienes estratégicos para el fortalecimiento de la cohesión, identidad y soberanía nacionales.

5. Rechazar cualquier iniciativa de ley que pretenda modificar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, mermando, disminuyendo, duplicando o alterando sus disposiciones y las funciones de los Institutos federales de cultura.

6. Rechazar de manera particular el proyecto de iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, que representa la pretensión de Sara Guadalupe Bermúdez, titular de Conaculta, y de Vicente Fox, de establecer un totalitarismo cultural, otorgando a dicho organismo todas las facultades y funciones de cultura en el país, lo cual implicaría disociarla de la educación, abriendo un proceso para eliminar a las instituciones públicas como el INAH e INBA, y cortando de tajo el proyecto histórico educativo-cultural de la Secretaria de Educación Pública.

7. Repudiar que Conaculta, organismo creado por decreto presidencial en el sexenio salinista, con todo el contexto de la política neoliberal que esto implica, continúe de manera autoritaria usurpando funciones y presupuestos del INAH e INBA, violando con ello la ley vigente.

8. Repudiar la línea que Conaculta ha mantenido, y que hoy pretende reforzar mediante su proyecto de iniciativa de ley, donde los bienes culturales son considerados como potencial económico-cultural sobre los que tienen que aplicarse reglas de operación y políticas que incluyan aspectos económicos y comerciales, beneficiando sólo a intereses privados y trasnacionales, trasformando a los bienes culturales en un productos comercial elitista que excluye al pueblo, en particular a las comunidades indígenas, detentadoras primarias e históricas de nuestra herencia cultural.

9. Rechazamos la descentralización de la responsabilidad federal para legislar sobre el patrimonio cultural y su custodia, ya que la ley vigente, a través de los Institutos federales de cultura, establece la competencia de los niveles estatales y municipales, así como de la sociedad, sobre su participación, acceso y disfrute de los bienes culturales que integran el Patrimonio Cultural de la Nación. De otro modo, este patrimonio quedaría expuesto a la ignorancia y los intereses políticos y económicos de los gobernadores o presidentes municipales en turno, que como lo demuestran los ejemplos de violaciones a la ley actual, en mucha medida favorecen los interese privados y empresariales y en ocasiones hasta del clero.

1. Que cualquier intento de modificación de los institutos federales de cultura o de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos pase obligadamente por un amplio, abierto y transparente proceso de consulta con la sociedad nacional, como una práctica democrática esencial.

2. El fortalecimiento de los Institutos Nacionales de Antropología y Bellas Artes, aumentando el presupuesto para el cumplimiento de las funciones encomendadas por ley.

3. La desaparición del Conaculta, como instrumento de la política económica neoliberal, mediante la derogación de su decreto de creación.

4. La reordenación del sector dedicado a la cultura, dentro del proyecto educativo-cultural que detenta la Secretaría de Educación Pública.

5. Un trabajo continuo de vinculación de los institutos federales de cultura con la sociedad que fomente el conocimiento y respeto de los bienes culturales, así como el conocimiento y respeto de la composición pluricultural de la Nación mexicana que se sustenta originalmente en los pueblos indígenas. Conjunción formativa que da base y fortaleza a la identidad y soberanía nacionales.

Patrimonio en vilo. ¡Fuera Wal-Mart de Teotihuacán!

Para el caso específico de la construcción de Wal-Mart en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, a 40 días de haber instalado un plantón encabezado por el Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán, en el exterior de las oficinas centras del INAH, los funcionarios de esta Institución, junto con los otros dos niveles de gobierno, guardan silencio e ignoran a la sociedad.

Innumerables voces de artistas, intelectuales, organizaciones civiles, políticas, sindicatos y sociedad civil en general, nacional e internacional, junto con el Frente Cívico, se han manifestado, demandando la salida de la tienda, propiedad de Wal-Mart, de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, porque además de constituir un atentado contra la Ley Federal que protege los monumentos arqueológicos y contra la declaratoria correspondiente, significa una agresión que socava la identidad, los valores y soberanía nacionales.

De ninguna manera este es un mero problema de diferencias entre la comunidad que quiere o que no quiere un Wal-Mart. Esa argumentación minimiza y desvía el centro del conflicto que es haber autorizado dicha construcción en un área de protección mediante procesos irregulares que violentan la normatividad vigente y que hoy la autoridad competente se niega poner a revisión porque significaría tener que reconocer errores y aceptar sanciones.

Lo que está en juego es la integridad de los monumentos arqueológicos que dicho perímetro de protección salvaguarda en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, así como la integridad y vigencia de la Ley Federal sobre Monumentos... y las facultades del INAH, establecidas en su Ley Orgánica y la normatividad que la complementa, y que hoy, como en otros casos, está siendo mal utilizada, como escudo de protección de funcionarios que no han cumplido con su responsabilidad.

Pese a las declaraciones falaces de Sergio Raúl Arroyo García, Director General del INAH, pese a su estrategia dilatoria que posibilitó la apertura de la tienda comercial propiedad de Wal-Mart en el perímetro C de protección de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, pese a su nula voluntad política de diálogo y resolución, nuestra demanda persiste: ¡Fuera Wal-Mart de Teotihuacán! Los mexicanos no podemos permitir un precedente de esta naturaleza; tenemos razones y argumentos que deben ser considerados para atender esta problemática que implica la defensa de estos bienes culturales de la Nación.

Los argumentos y elementos sólidos que la sociedad en defensa de la Zona Arqueológica de Teotihuacan sustentamos para rescatar la legalidad y exigir la salida de la Bodega-Aurrerá, propiedad de Wal-Mart del perímetro C de protección de dicha zona arqueológica son[1]:

1. El predio liberado en 1984 fue la fracción poniente del rancho La Parroquia, no la fracción nororiente del mismo rancho donde, ahora, se edificó la Bodega-Aurrerá de Wal-Mart.

2. No hubo un estudio arqueológico previo a la autorización otorgada.

3. Antes de la autorización para construcción, no hubo un proyecto de salvamento arqueológico autorizado por el Consejo de Arqueología, lo que significa violaciones al Reglamento de dicho consejo (Artículos 1º., 2º., 3º., 11, 17, 18, 21, 22 y 23) y a las Disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México (Art. 4º, inciso f; 5º, 14, 26, 33, 35, 36, 37 y 38)

4. Lo que la autoridad del INAH ordenó fue un rescate arqueológico posterior porque los trascabos de Wal-Mart no podían ocultar más que entre el cascajo levantado, llevaban vestigios arqueológicos. Medida improcedente para este caso, ya que el rescate se lleva a cabo cuando ya no queda opción por lo imprevisto de las construcciones privadas o públicas.

5. Las exploraciones arqueológicas debieron efectuarse antes de que iniciaran los trabajos de cimentación del supermercado, mediante proyecto de salvamento autorizado por el Consejo de Arqueología, y posteriormente dictaminar sobre la procedencia o no de dicha construcción. Por tanto no debió darse la intervención arqueológica paralela o posterior a la obra.

6. La presencia del hallazgo arqueológico del 25 de agosto del presente, en el área del estacionamiento, reafirma la idea de que existen evidencias arqueológicas en el subsuelo, por lo que el método utilizado par su rastreo fue deficiente, ya que en esa zona, por la condición del río, debe excavarse de 3.50 a cuatro metros de profundidad, para determinar la existencia o no de vestigios, y no los 1.20 metros de profundidad que se excavaron. Irregularidad propiciada al haber marginado al Consejo de Arqueología de todo el proceso.

7. Antes de la autorización de la construcción, la arqueóloga responsable de los trabajos no entregó un informe técnico final al Consejo de Arqueología, por lo tampoco existe un dictamen de dicho Consejo sobre el proyecto de investigación arqueológica en dicho predio.

8. Sin un dictamen por parte del Consejo de Arqueología basado en el informe técnico final de la arqueóloga responsable del proyecto, el Centro INAH-Estado de México otorgó indebidamente una licencia para obra (No. 401-725-2/103P/04) en dicho predio.

9. El inciso j de dicha licencia dice a la letra: “Cuando se realicen las excavaciones para la cimentación e infraestructura de la construcción deberá contar con la presencia de un arqueólogo contratado para que realice el rescate de los materiales arqueológicos que pudieran encontrarse, bajo la supervisión de un investigador adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia”. Lo anterior es ya de por sí violatorio del Artículo 30 de la Ley Federal sobre Monumentos, que señala: “Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización”; es decir que los trabajos arqueológicos serán realizados por personal calificado de base, no por trabajadores contratados y/o de confianza.

10. Pero incluso, dicho inciso (j) de la licencia para obra fue violado, ya que por lo menos durante tres semanas no hubo vigilancia arqueológica de ningún tipo, como lo prueba la clausura de los trabajos por parte del director de la Zona Arqueológica en la tercera semana de haberse iniciado las obras, por lo que es imposible asegurar que no existió afectación a los bienes arqueológicos, y pese a ello, violando la normatividad las obras se reanudaron; violación que implica falta administrativa que se sanciona con multa y demolición de lo construido, y que constituye la comisión de un delito que se sanciona hasta con 10 años de cárcel conforme a lo establecido en los Artículos 12 y 52, párrafo 2º. de la Ley Federal sobre Monumentos.

11. Los procedimientos administrativos con base a la estructura orgánica del INAH también se violentaron, ya que quien emitió la licencia para obra, con todas las irregularidades señaladas fue el Centro INAH Estado de México, cuando la Zona Arqueológica de Teotihuacan depende directamente de la Coordinación Nacional de Arqueología.

12. Con la complacencia de dicha Coordinación Nacional a cargo del arqueólogo Alejandro Martínez Muriel, se soslayó la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Arqueología y en las Disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México.

13. De igual manera, en la autorización de dichas obras se omitió en la parte final del procedimiento la intervención de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, a cargo de la licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárcega.

Por lo anterior consideramos importante que en este Diálogo Nacional nos pronunciemos y luchemos por:

1. La destitución del etnólogo Sergio Raúl Arroyo García como Director General del INAH.

2. La clausura inmediata del establecimiento comercial Bodega-Aurrerá, propiedad de Wal-Mart, así como la nulidad de las licencias y permisos que sustentaron indebidamente su construcción y operación.

3. La revisión integral de los procedimientos administrativos, técnicos y académicos, con el fin de transparentar el proceso de autorización de dicha construcción en el perímetro C de la Zona Arqueológica de Teotihuacan.

4. La aplicación de las sanciones administrativas y de responsabilidad oficial correspondientes a quienes resulten responsables.

5. La intervención de la Procuraduría General de la República para hacer comparecer a título de indiciados a los funcionarios y ex funcionarios del INAH, implicados en el otorgamiento de la licencia para obra, en la omisión para clausurar la construcción y anular la licencia correspondiente.

6. Convocar a la sociedad civil de Teotihuacan, así como a los tres niveles de gobierno, y a los organismos internacionales competentes, para que se defina un Plan integral de desarrollo de Teotihuacan, y se instrumente coordinadamente la aplicación del decreto de 1988.

7. Detener cualquier intento de modificación a la ley federal vigente en la materia, o cualquier iniciativa de ley que trastoque o altere la propia Ley Federal sobre Monumentos o disminuya las facultades del INAH, en tanto no se realice un amplio proceso de consulta y consenso con la sociedad nacional.

ATENTAMENTE

¡EN DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN!

¡EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL, FUENTE DE IDENTIDAD Y SOBERANÍA!

Por el Frente Nacional de Defensa del Patrimonio Cultural

Mtra. Claudia Leyva Corro - Arq. Luis Adolfo Gálvez González

Rest. Gabriela Patterson Delaye - Arqlgo. José Antonio Contreras Ramírez

Arqlga. Martha Patricia Hernández Mendoza

cndpc04@yahoo.com.mx fndpc@yahoo.com.mx

^[1] Incluidos en el oficio enviado por el Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán, a Vicente Fox, el 10 de noviembre del presente.


Mtra. Claudia Leyva Corro	-	Arq. Luis Adolfo Gálvez González
Rest. Gabriela Patterson Delaye	-	Arqlgo. José Antonio Contreras Ramírez
Arqlga. Martha Patricia Hernández Mendoza