José Antonio Almazán González*

UNIDAD DE LOS DE ABAJO

Por un México libre, justo y democrático

El 2 de febrero de 1999, cuando el presidente Zedillo anunció públicamente su Iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, es decir su decisión de privatizar, mediante la venta, a Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro, la noticia nos pegó como descarga eléctrica en alta tensión. Ya veíamos venir el golpe, pero no estábamos suficientemente preparados. Para ciertas cosas sí, pero no para la complejidad del problema que íbamos a enfrentar. Un consejero bien intencionado, de los que nunca faltan en situaciones como ésa, nos dijo que lo más que podíamos hacer era ejercer el derecho de los ahorcados, sólo patalear, pues se trataba de un designio presidencial. Como relámpagos vinieron a nuestra memoria los recuerdos de resistencia del SME: la huelga de 1916, el encarcelamiento y la condena a muerte de nuestro Secretario General, Ernesto Velasco, por decisión de Venustiano Carranza y finalmente su liberación producto de la lucha y de la solidaridad, después de 18 meses de cárcel; la larga resistencia del SME durante la década de los 20´s, en demanda del reconocimiento de nuestro sindicato y de los derechos más elementales entonces ya plasmados en el artículo 123 constitucional. Nuestra memoria, esa gran aliada, hizo una pausa y se detuvo en 1935, para rememorar la resistencia de la clase obrera frente a la intención de Plutarco Elías Calles para anular el derecho de huelga y con ella las demandas de los trabajadores; resistencia que finalmente se organizó en el Comité Nacional de Defensa Proletaria, una de las formas que adoptó la unidad de los de abajo y en cuyo seno se organizaron las principales luchas proletarias de aquella época, incluida la huelga histórica del SME de 1936. Nuevamente, en rápidas imágenes, el recordar nos situó en 1952 y el Movimiento de Verónica, para sacudirnos una dictadura sindical de varios años; y nos hizo evocar el movimiento de la Tendencia Democrática del SUTERM encabezada por Rafael Galván y el trágico error de dejar solos a nuestros principales aliados; la huelga de 1987 que marcó el inicio de la recuperación de nuestra tradición de lucha y movilización; y después la obscuridad de un periodo sindical de vergonzosa alianza, disfrazada de amistad, con el salinismo y nuestro cómplice silencio con su inconstitucional reforma a la ley eléctrica de 1992 que dio inicio al proceso de privatización de la electricidad. Pero también, y de manera más fresca, el rememorar de nuestra historia, que nos empujaba a no rendirnos, nos condujo al 1 de enero de 1994, mostrándonos la acción y la palabra de los indígenas del EZLN, cuya dignidad y coraje alumbraron el camino de la resistencia y la esperanza y con quienes tenemos una deuda pendiente, pues su rebelión freno temporalmente la agresión que se fraguaba en contra del SME y su contrato. Una vez superados esos largos primeros minutos de parálisis y zozobra, la dirección del SME discutió y sopesó los pros y los contras de la posición que debía asumir el sindicato y tomó una decisión que nos habría de marcar a lo largo de un camino que sabemos no tiene regreso: Resistir. En pocas horas redactamos un Desplegado a la opinión pública, convocando a la organización de un Frente Nacional de Resistencia en contra de la Privatización de la Industria Eléctrica y citando a Asamblea General Extraordinaria del SME para el 11 de febrero, para discutir y aprobar democráticamente los pasos de la resistencia, logrando en un tiempo récord, obtener y entregar al Congreso de la Unión en marzo de ese año, 2 millones 300 mil firmas de mexicanos en rechazo a la privatización. Hoy, próximos a cumplir 6 años de resistencia frente al embate privatizador, resulta obligado intentar un balance de esta lucha, para valorar resultados, corregir errores y, en el contexto de un gobierno entregado servilmente a los intereses imperiales, replantear la estrategia en la construcción de la imprescindible unidad de los de abajo, por un México libre, justo y democrático.

El Frente Nacional de Resistencia en contra de la Privatización de la Industria Eléctrica.

La convocatoria a la creación del Frente Nacional de Resistencia en contra de la Privatización de la Industria Eléctrica, tuvo una respuesta inmediata de la sociedad civil y de decenas de organizaciones sociales y personalidades, que en pocas horas cubrió de solidaridad el rechazo del SME a la privatización de la industria eléctrica. En efecto, la convocatoria a este Frente Nacional se inspiró en el histórico Comité Nacional de Defensa Proletaria. Pero su principal defecto fue limitar el crecimiento de este Frente al problema eléctrico y concebirlo como un organismo para canalizar la solidaridad a la lucha del SME y a sus ritmos y acciones, sin plantearse las necesidades y las demandas propias de sus aliados. En ello pesaba, y pesa, una fuerte conciencia de autosuficiencia gremial derivada de su ubicación en un sector estratégico y clave para el desarrollo nacional.

Por otro lado, las acciones e iniciativas de este Frente se redujo a una posición defensiva frente al Proyecto privatizador Zedillista, desestructurando sus principales argumentos privatizadores, pero sin ofrecer una vía alternativa a problemas reales que el sector eléctrico nacionalizado viene padeciendo desde hace años como parte de una política de estado para utilizar a CFE y LyF como instrumentos subsidiadores al servicio de la acumulación de capital en nuestro país.

Esta limitación de origen impidió al Frente desarrollar una política eléctrica y energética alternativa, en temas tales como política tarifaria, electrificación rural, desarrollo tecnológico propio, fuentes alternativas de generación, protección ambiental, electricidad y desarrollo agrícola, subsidio y desarrollo social, deuda externa y electricidad, etc. En los hechos y declaraciones la posición del SME y con él, la del Frente, se concretó al rechazo de las contrarreformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, sin cuestionar la reforma salinista a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de diciembre de 1992, que para hacer acorde la legislación eléctrica a los compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, permitió la participación del capital privado en el terreno de la generación, a través de los llamados Productores Independientes de Energía. Esta limitación fue corregida por acuerdo de la Asamblea General de septiembre de 2003, en donde se definió el rechazo del SME a la mencionada contrarreforma salinista, como respuesta necesaria a la Iniciativa privatizadora de Vicente Fox de agosto de 2002. Queda pendiente la impostergable necesidad de trabajar, en el marco de una renovada política de alianzas, en la definición de una política nacional energética, como un componente esencial de un Proyecto de Nación libre, justo y democrático.

La guerra interna contra la privatización.

A la par del proceso de privatización, que arrancó con la reforma salinista a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de diciembre de 1992, los gobiernos neoliberales de Salinas, Zedillo y ahora Fox, promovieron una serie de mecanismos de descapitalización del sector eléctrico, tales como: a) impedir o limitar el crecimiento de su capacidad de generación, para brindarle todas las facilidades a la inversión del capital privado; b) imponer una política tarifaria insuficiente a las necesidades de crecimiento de la demanda eléctrica, y a la recuperación de los costos reales de producción; c) una política impositiva, vía el aprovechamiento, inequitativa y desproporcionada que se constituyó en una sangría permanente de los ingresos del sector eléctrico. Todo ello con el propósito de generar deficiencias operativas, deteriorar la imagen pública de CFE y LyF, para generar un ambiente propicio que justificara su privatización.

En el caso de LyF, desde su creación en febrero de 1994 el gobierno federal optó por continuar la guerra interna que desde 1975 le impusieron a la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro con el propósito de colocarla en una posición de quiebra técnica y que consistió en lo siguiente: a) alterar arbitrariamente la relación entre el precio de compra de energía a CFE y el precio promedio de venta de la energía distribuida y comercializada, lo que provocó pérdidas inmediatas en los Resultados de Explotación; b) impedirle crecer en su capacidad de generación, y el mantenimiento de su parque de generación, para obligarle a una dependencia cada vez mayor de la compra de energía en bloque a CFE. El resultado de esta guerra comercial en contra de CLFC fue el crecimiento de una Deuda con CFE que, por si fuera poco, se contrató en dólares y a tasas muy por encima del interés bancario nacional y que para febrero de 1994 ascendía a 21 mil 476 millones de pesos.

Como parte de los compromisos que dieron origen a la creación del nuevo organismo Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal absorbió esta deuda histórica, pero en el marco de la debacle financiera de 1994, el gobierno federal, arbitrariamente, colocó nuevamente los 21 mil 476 millones en los estados financieros de LyF y automáticamente la situó en una posición patrimonial negativa, como parte de los preparativos para su privatización.

Finalmente, resulta necesario abordar públicamente un problema esencial para consolidar la solidaridad del pueblo de México, me refiero a los niveles de corrupción que permean a la administración de LyF, a ciertos sectores de trabajadores sindicalizados y a los propios usuarios en sus relaciones con Luz y Fuerza del Centro. La lucha en contra de la privatización eléctrica no implica un regreso al pasado, al viejo modelo de empresa pública burocratizada, fuente de enriquecimiento ilícito de funcionarios y subsidiadora de la acumulación de capital. El nuevo modelo de empresa pública eléctrica por el que estamos luchando, además de los aspectos que estamos incorporando para su discusión, requiere necesariamente de la supervisión y control del Congreso de la Unión, a partir de mecanismos de autonomía de gestión, pero fundamentalmente requerirá de la participación, supervisión y control de la Sociedad, regional, sectorial y nacional, para garantizar que su administración se realice en forma transparente y mediante mecanismos de consulta y rendición de cuentas. Un primer paso en este sentido es que por Mandato de Asamblea General del SME, no se defenderá a ningún trabajador sindicalizado que incurra en actos de corrupción ante los usuarios o los propios recursos de LyF. En este mismo sentido, en los últimos 3 años el SME ha venido realizando labores de supervisión y control sobre actos de la administración de LyF, tanto en la aplicación de sus partidas presupuestales en la adquisición de servicios, equipo, material y herramientas, así como en la prestación de diversos servicios a los usuarios que atiende.

24 y 25 de abril de 2002

Como parte de ese recordar, en ese mes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía, Estudios Legislativos y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores emiten un Dictamen en contra de tres iniciativas de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, presentadas por Ernesto Zedillo en febrero de 1999, el Partido Verde Ecologista de México en noviembre de 2001, y el Partido Acción Nación en diciembre de 2001. Un día después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da a conocer una Sentencia en contra de la iniciativa de reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, promovida por el presidente Fox, opinando que dicha ley contradice lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. En amplios sectores del SME gano peso la idea que habíamos ganado. Por primera vez, quién sabe en cuantos años, dos Poderes de La Unión, le habían dicho No al Presidente de la República. No era para menos ese sentimiento de triunfo. Más aún, cuando los propios Senadores, que anunciaron el Dictamen en el mitin frente a la Torre del Caballito, declaraban eufóricos que mucho del triunfo se debía a la movilización y a la resistencia del SME. ...Sin embargo, el 16 de agosto de ese mismo año, el presidente de Fox anunció públicamente su Iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, no para vender, dijo, sino para garantizar certidumbre al capital privado y para contar con dinero suficiente para incrementar el gasto social. Utilizando los mismos y desgastados argumentos zedillistas, el exgerente de la Coca Cola lanzó una campaña publicitaria millonaria, tratando de convencer a la opinión pública de que CFE y LyF no serían vendidas. Pero esta vez estábamos un poco mejor preparados. En el inter de esos primeros 3 años de lucha y resistencia aprendimos que la nuestra no era un caso aislado, que al igual que nosotros, en diversas partes del mundo, otros trabajadores electricistas se enfrentaban a los mismos intereses, como lo evidenció ese Primer Seminario Internacional en contra de la privatización eléctrica de septiembre de 1999 y el conocimiento que valoramos de los intereses imperiales en juego, al llegar a nuestras manos documentos elaborados por el Banco Mundial en diciembre de 1994 y noviembre de 2000, para confeccionar “un traje a la medida”, de las trasnacionales y del poder imperial.

Con esta experiencia y nutridos de nuestra memoria presente, convocamos de inmediato a Asamblea General Extraordinaria el 26 de agosto de 2002 en rechazo a esta Iniciativa foxista, poniendo en acción una serie de Acuerdos de Asamblea para continuar la lucha y hacer crecer la resistencia, como lo pudimos verificar el 19 y 20 de noviembre participando en la Consulta Nacional sobre Prioridades Nacionales, en la que de un total de 2 millones 869 mil mexicanos, un 85% dijo no a la privatización de la industria eléctrica.

Julio de 2003. La derrota del PAN y la fractura del PRI.

Fox apostó a tener mayoría en la Cámara de Diputados y perdió. Con esta derrota selló la suerte de su reforma constitucional a los artículos 27 y 28 constitucionales, que quedó prácticamente en agonía. Sería una corriente del PRI, en abierta alianza con el Salinismo quien intentaría revivir el cadáver de la iniciativa privatizadora y de las llamadas Reformas Estructurales, provocando una lucha intestina que no ha concluido y ha fracturado, de facto, al PRI.

Sin embargo, la percepción del riesgo de esta alianza entre Fox y la coordinadora de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, obligó al SME a replantear su estrategia de lucha en dos perspectivas: 1) ir al fondo de la cuestión de la privatización eléctrica, rechazando la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, promovida por Salinas en diciembre de 1992 y 2) a la luz de las experiencias de los últimos 4 años, replantear su estrategia de unidad, buscando ampliar el abanico de fuerzas políticas y sociales en contra de la privatización eléctrica y fundamentalmente intentando amplificar la red de alianzas desde abajo (es decir, respetando las diversas autonomías sindicales, sociales, campesinas, urbanas y populares); como también tratando de alcanzar un mayor nivel de diálogo y acciones con variadas fuerzas políticas partidarias, dentro y fuera del Congreso de la Unión, pero a partir de la propia Autonomía que, en nuestro caso, nos otorga la discusión libre y democrática y los Acuerdos emanados de Asambleas Generales.

Así, con apego a nuestros Estatutos Sindicales y con una dirección sindical electa por el voto universal, secreto y directo de todos nuestros agremiados (es decir, con Autonomía sindical), en Asamblea General celebrada el 18 de septiembre de 2003, tomamos estos Acuerdos, entre los que destacan:

“La realización de la Primera Jornada Obrera Popular por el rescate de la Soberanía Nacional, para esto se propone una gran caravana nacional”

“Luchar por la restitución de la legalidad constitucional exigiendo la derogación de las reformas inconstitucionales a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 92; así como de todos los permisos concesión que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía a particulares en materia de generación y transmisión en todo el sistema eléctrico nacionalizado.”

Con esta decisión el SME cerró la puerta a la tentación, dentro y fuera del Congreso de la Unión, de llegar a un acuerdo que legalice lo ilegal permitiendo la convivencia con el capital privado, en una materia que constitucionalmente es de exclusividad nacional.

Lo que sigue lo tenemos muy presente. Continuar luchando y resistiendo, pues no hay otro camino. Pero también aprendiendo de otras luchas en México y en el mundo y tratando de sacar algunas conclusiones, que es lo que ponemos a consideración de todos nosotros.

De las Jornadas Nacionales en defensa de la soberanía nacional y contra el Neoliberalismo a la Manifestación del 27 de noviembre en el Zócalo. Lo que se vislumbra.

Del 15 al 25 de abril, algunos cientos de trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, jóvenes, jubilados y electricistas, decidimos romper las fronteras de nuestros propios movimientos, para darle a nuestras demandas un carácter nacional en defensa de la soberanía y contra el neoliberalismo; recorriendo 29 estados y realizando muy diversas actividades, mitines, plantones, manifestaciones, etc., en 100 ciudades del interior del país hasta culminar en una gran Manifestación que desbordó el Zócalo de la Ciudad de México, pese al agua y granizo torrenciales.

Tal vez no para todos, pero sí para el SME, estas Caravanas que partieron desde las fronteras norte y sur de México, mostraron el caudal y la magnitud de luchas y resistencias que bulle en todos los rincones de la patria. Para nosotros significó romper voluntariamente nuestro propio cerco gremial, constatando en los hechos que no estamos solos y dejándonos ver la importancia fundamental de ampliar el marco unitario de nuestras luchas.

La Jornada Cívica en defensa de la soberanía, la seguridad social y los derechos de los trabajadores” de 2004.

En esta perspectiva unitaria, el 12 de agosto de 2004, en Asamblea General Extraordinaria el SME da un paso de enorme trascendencia histórica, al acordar avanzar en la formulación de un Proyecto de Nación alternativa al neoliberalismo, partiendo de un diagnóstico objetivo de los grandes problemas nacionales.

Las recientes movilizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y populares desarrolladas en el marco de la “Jornada Cívica en defensa de la soberanía, la seguridad social y los derechos de los trabajadores”, los días 31 de agosto y 1 de septiembre, así como el festejo nacionalizador del 27 de septiembre, marcan un parte aguas en el largo proceso de unidad y organización de los oprimidos y explotados en México, a partir de tres elementos claves: la capacidad de convocatoria, la realización del Paro Cívico Nacional y el llamado público para elaborar y formular un Proyecto de Nación, alternativo al modelo neoliberal.

El nerviosismo de los poderosos y de Fox no tenía límite ante una Plaza de la Constitución desbordada por cientos de miles de mexicanos, algunos señalaron más de 300 mil en el Zócalo, independientemente de los decenas de miles de trabajadores que se manifestaron en las principales ciudades del interior de la república, mostrando la gran capacidad de convocatoria y movilización que ha alcanzado el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular.

En relación al paro cívico nacional efectuado el 1 de septiembre, cabe destacar que desde los años 70´s en que esta consigna se había manejado en forma propagandística y educativa, en esta ocasión su realización asumió la forma de una falta colectiva y otras modalidades de resistencia civil, que en los hechos permito valorar el nivel de organización y resistencia de las organizaciones que participan en el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular. Se pudo así constatar que los grandes contingentes que se agrupan en este gran Frente, trabajadores del seguro social, telefonistas, tranviarios, electricistas, etc., suspendieron sus actividades a cierta hora o faltaron colectivamente a sus trabajos en defensa de la soberanía, de la seguridad social y los derechos de los trabajadores. Mostrando con ello, la firme decisión en las filas obreras y campesinas, de avanzar hacia la realización de una Huelga Nacional para frenar el embate del capitalismo salvaje.

En este marco de resistencia y lucha de los oprimidos y explotados en México, en dos sendos discursos pronunciados por Rosendo Flores Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, se hizo la convocatoria pública para avanzar en la elaboración de un Proyecto de Nación, alternativo al neoliberalismo, a partir de tres principios generales: restablecer la legalidad constitucional, elaborar un diagnóstico objetivo y científico de los grandes problemas nacionales, y el que la discusión de Proyecto de Nación se convierta en una guía de acción para mejor organizar nuestras luchas en defensa de México.

Conclusión: Diálogo Nacional, hacia un Proyecto de Nación alternativo al neoliberalismo

1. Desde febrero de 1999 el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) comprendió que la lucha que había iniciado no tenía regreso. Decir no a la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar la industria eléctrica, en los tiempos del régimen de partido de estado y el presidencialismo absoluto, era colocarnos en la fila de los condenados a muerte. Pero preferimos decir No y Resistir, que arrodillarnos y aceptar la entrega al capital trasnacional de un recurso energético que es patrimonio de todos los mexicanos.

2. Hoy, a casi 6 años de haber iniciado esa resistencia, nuestro balance no indica que asumimos la dirección correcta. En el trayecto hemos tomado conciencia de la necesidad fundamental de unir todas las luchas de resistencia para superar la fragmentación, la dispersión y el aislamiento, signo dominante de las luchas de resistencia por lo menos en los últimos años. En esta perspectiva convocamos primero a la formación del Frente Nacional de Resistencia en contra de la Privatización de la industria eléctrica (FNRCPIE) en 1999; participamos después en la creación de la Promotora por la unidad nacional contra el neoliberalismo (PUNCN) en 2002. Finalmente, en noviembre de 2003 organizamos junto con otras fuerzas con las que mantenemos una “rivalidad no antagónica”, el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular (FSCSP). A lo largo de este proceso unitario, que no se reduce sólo al SME, sino que abarca también a otros sectores del campo y la ciudad, partimos de la urgente búsqueda de aliados para sobrevivir, y hoy nos planteamos con apremio la necesidad de construir un espacio de diálogo, incluyente y plural, para disputar la Nación al nefasto modelo neoliberal. En este aspecto, la convocatoria de Diálogo Nacional resume el nivel más desarrollado de conciencia y organización de una serie de fuerzas sociales de todo tipo como parte del balance de veintidós años de neoliberalismo en México.

3. Las diferencias al interior del FSCSP existen y no las ocultamos. Se explican por las historias y los proyectos propios de cada una de las organizaciones que lo integran. Pero más allá de estas diferencias el FSCSP ha demostrado capacidad de convocatoria y movilización como lo ejemplifican las Jornadas nacionales en defensa de la soberanía, la seguridad social y los derechos de los trabajadores en 2003, la magna movilización al Zócalo del 31 de agosto y el paro nacional del 1 de septiembre de este año. Por lo mismo, reconociendo que estas diferencias existen, buscamos procesarlas y resolverlas, y esta es una de las razones que explican la convocatoria al diálogo nacional, a partir de una iniciativa presentada por el SME. Como sabemos, al interior del FSCSP existen diversos documentos y posiciones políticas en torno al Proyecto de Nación, que serán discutidos junto con muchas otras más ponencias, que esperemos lleguen, para avanzar hacia un primer esbozo en líneas generales, consensado entre todos los participantes, de un proyecto alternativo al neoliberalismo.

4. La discusión que vamos a iniciar no se agotará el 27 y 28 de noviembre. Por ello proponemos un Proceso de Diálogo Nacional que pueda reproducirse en otros estados de la República en la perspectiva de que las luchas de resistencia se vayan unificando nacional y regionalmente, pasando de una simple oposición (local o nacional) a una resistencia que sea propositiva, a partir de un diagnóstico objetivo de los grandes problemas nacionales, generando iniciativas y proyectos políticos y sociales propios.

5. Aprendiendo del zapatismo, proponemos desarrollar una resistencia que vaya más allá del simple No. Nuestro balance de los últimos 6 años revela que no basta con sólo resistir, que requerimos con urgencia organizarnos a nivel nacional y dotarnos de un proyecto. Más aún cuando ante los reclamos populares el autoritarismo y cerrazón del gobierno de Fox y su obstinación para imponer a toda costa las llamadas reformas estructurales (fiscal, laboral, energética, seguridad social, cultura, etc.), han marcado un límite a los movimientos sociales en su lucha de resistencia. En este punto la propuesta de Diálogo Nacional implica pasar de una simple resistencia activa a otra que construya en los hechos alternativas viables al neoliberalismo, como lo muestran las Juntas de Buen Gobierno, que para nosotros representan trazos del proyecto de nación que soñamos con libertad, justicia y democracia.

Fraternalmente

“Por el derecho y la justicia del trabajador”

México, D.F. 24 de noviembre de 2004

*Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas