Organización Nacional del Poder Popular

Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo.

PROYECTO DE NACIÓN, JUSTICIA Y DERECHOS SOCIALES.

La Nación a la que hoy aspiramos, es aquella que pueda hacer valer los derechos de ciudadanía para todos los mexicanos. Es decir, los derechos de alimentación, salud, educación, vivienda, tierra, democracia y dignidad nacional.

De tal modo, nuestro proyecto de Nación se resume en tres grandes principios: justicia social, soberanía nacional y democracia popular.

Respecto a la Justicia social

El nivel de producción y riqueza acumulada gracias al trabajo de los mexicanos permite garantizar los derechos de ciudadanía de manera inmediata, aún en el caso de que se redujeran las jornadas e trabajo a 4 o 6 horas para dar empleo a todos los habitantes del país.

Según datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) ronda los 6 ... billones de dólares, lo cual traducido a PIB por habitante nos da la cifra aproximada de 80 mil pesos anuales. En tales estadísticas, no aparecen informaciones sobre contrabando, evasión de impuestos, narcotráfico, fugas de divisas y otros ilícitos que, de ser contabilizados, harían ascender el monta del PIB nacional y per capita. A partir de las cifras sobre el PIB per capita, una familia de 5 personas tendría posibilidad de acceder a un ingreso de 400 mil pesos anuales si el producto se repartiera íntegramente: si a esa cantidad, le quitáramos el 50 por ciento para sostener el actual ritmo de inversión (menos del 20 por ciento del PIB y el presupuesto federal poco más de 20%) quedarían 200 mil pesos anuales por familia, aproximadamente unos 16,666 pesos al mes.

Si a todo esto le sumamos tan sólo los recursos en dinero, valores y propiedades acumulados en el exterior por la burguesía mexicana que, según diversas estimaciones, llega a los 100 mil millones de dólares, por no hablar de los recursos existentes en el país, se haría del todo evidente la posibilidad económica para garantizar esos derechos de ciudadanía.

Además del potencial económico, en México, también existen las bases éticas y la experiencia histórica suficiente para dar concreción a una sociedad de justicia social. Nuestras herencias comunitarias y solidarias no vienen desde antes de la conquista europea, esas tradiciones se enriquecieron y consolidaron con las luchas por la emancipación política y social que las comunidades, que hoy formamos el pueblo de México, hemos venido librando por más de 500 años.

Sin duda fue la Constitución Mexicana de 1917, a pesar de sus contradicciones, el documento histórico que refrendó parte de esa tradición emancipatoria y supo expresar y traducir muchos de los anhelos del pueblo de México en una propuesta de derechos sociales e independencia nacional, que fue acatada parcialmente o de plano negada por los diversos gobiernos y facciones que se sucedieron en el poder desde aquellos años.

Hoy la Constitución y el proyecto de nación que anticipó, han sido hechos de lado. A cambio, la burguesía financiera y su clase política ofertan un futuro sin derechos sociales y sin independencia nacional, una sociedad sólo equiparable a los peores momentos de la dominación española y de las dictaduras cívico militares que conocimos en los siglos XIX y XX.

La justicia social por la que luchamos abreva de la historia de resistencia y de nuestra Constitución, pero fieles a su espíritu vamos más allá. Hoy, como en otras partes del mundo, acordes con el desarrollo productivo y ético, pensamos los derechos sociales en términos de ciudadanía. En la obligación social de nuestras naciones de asegurar a todos sus miembros tan sólo por el hecho de haber nacido en su territorio, el acceso pleno a los recursos materiales y espirituales que garanticen la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, tierra, deporte y cultura a los mexicanos.

Nuestra concepción de derechos ciudadanos no puede estar limitado a la condición laboral, a la formalidad en el trabajo cuando la precarización, la informalidad y el desempleo son la realidad de la mayoría. Y menos, tales derechos deben ser escamoteados según la condición económica, origen racial, cultural, de edad o sexo.

La base de los regímenes políticos autoritarios, de las sociedades jerárquicas, marcadamente represivas, donde sólo unos pocos cuentan con los saberes y los recursos económicos para mandar e imponer su dirección, es precisamente la negación de la justicia social.

Sin justicia social, sin el establecimiento de los derechos de ciudadanía, no hay condiciones para la consolidación de un sistema de seguridad pública ajeno a la corrupción y a la delincuencia organizada. Sin justicia social la igualdad ante la ley es una quimera, al igual que la administración de la legalidad que, hasta ahora, ha consistido principalmente en penalización de la pobreza y criminalización de la protesta y la resistencia civil y popular. Sin justicia social todo esquema de readaptación, de prevención y combate a la delincuencia no tiene futuro, más que como régimen político policiaco, más que como militarización de la sociedad.

En la actualidad, a contracorriente de la capacidad productiva, de la riqueza acumulada y del desarrollo de nuestros valores y principios éticos, es decir, en contra de nuestra humanización, se mantiene y recrea la desigualdad como condición de legitimidad de un orden social en el que unos pocos mandan y dominan. La injusticia social es perversión en la medida que no es humanamente necesaria.

Mediante las luchas que los trabajadores y el pueblo de México han dado a lo largo de su historia, se han conquistado derechos que fueron reconocidos en la Constitución y en las leyes mexicanas, a los cuales se agregaron otros derechos ganados como resultado de las luchas de décadas posteriores.

Después del despojo y conculcación masiva, que de casi todos estos derechos, han realizado los gobiernos neoliberales es necesario luchar por recuperar estos derechos, recuperando la legalidad constitucional que ha sido violentada por los gobiernos neoliberales, revirtiendo todas las reformas a la Constitución y anulando todas las leyes secundarias y ordenamientos mediante los que han eliminado o limitado estos derechos ganados.

En esta lucha será posible ampliar y profundizar los derechos previamente conquistados así como incorporar nuevos derechos para los trabajadores y el pueblo en general, para garantizar a nivel constitucional, el derecho al trabajo, a la tierra, a la alimentación, a la atención de la salud, a la vivienda, a la educación y recreación.

Para lo que proponemos una plataforma mínima que incluya:

Derechos universales

1. A la alimentación.

2. A la asistencia médica y medicinas gratuitas para todos los mexicanos, eliminando el carácter mercantilista de la medicina, rescatando e impulsando la medicina alternativa a la luz de los avances científicos.

3. A una vivienda cómoda e higiénica y a participar en la planificación del desarrollo urbano.

4. A una educación gratuita, laica, democrática y nacionalista en todos los niveles, basada en los progresos del conocimiento científico, que contribuya a desarrollar los ideales de fraternidad e igualdad de la humanidad.

5. A un trabajo digno y socialmente útil.

6. A una pensión por vejez o invalidez y acceso a la infraestructura necesaria para el bienestar y cuidado de los ancianos y minusválidos, con pleno respeto a sus derechos.

7. A la emancipación de la mujer en todas las esferas de la actividad social. A la plena equidad en derechos y oportunidades respetando la diversidad cultural, racial, sexual y generacional. A decidir sobre el propio cuerpo y a planificar su vida. Al combate de toda forma de discriminación, del hostigamiento sexual y castigando severamente a los violadores.

8. A la libre manifestación de las ideas y al acceso a los medios de comunicación, individual y colectivamente.

9. A la libertad de creencia religiosa y a su práctica en los centros de culto y domicilios particulares en el marco de la separación entre las iglesias y el Estado.

10. A el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Derechos laborales

1. A un salario cuyo monto mínimo sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de sus hijos.

2. A percibir salario igual por trabajo igual.

3. A una jornada máxima de trabajo de 6 horas, 5 días a la semana.

4. A trabajar en un ambiente seguro e higiénico.

5. A recibir capacitación para el trabajo, como parte de la jornada laboral.

6. A prestaciones sociales que garanticen el desarrollo integral de los trabajadores en los campos de la social, cultural y recreativo.

7. A la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

8. De asociación para la defensa de sus intereses comunes.

9. De huelga.

10. A pensiones dinámicas por invalidez, vejez, muerte, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. A licencias por maternidad prenatales, posnatales y para cuidados especiales con salario y prestaciones íntegras. Acceso de los hijos de los trabajadores a centros de desarrollo infantil.

11. Profundizar el carácter tutelar de las leyes laborales e instituir mecanismos rápidos para lograr la justicia laboral, así como definir sanciones contra los patrones que violen los derechos laborales.

Derechos campesinos, de los pueblos indios y de los migrantes

1. A la tierra y los recursos financieros y materiales para su explotación racional, así como garantías para la comercialización de los productos agrícolas.

2. A la autonomía, respeto a las formas de gobierno y usos y costumbres de los pueblos indígenas y todos los derechos reconocidos en los Acuerdos de San Andrés.

3. De todos los migrantes a ser protegidos por el Estado mexicano .

NOVIEMBRE DE 2004.