Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, A.C

EL ESPACIO MUNICIPAL
COMO EJE DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecer al ámbito local como espacio de la gente

El municipio en México ha jugado un papel relevante en la historia de la democracia en México. Ha sido en este espacio donde se han establecido las primeras luchas democráticas y las primeras alternancias partidistas, así como la innovación de experiencias participativas, alzando con esto su carácter de ser el “gobierno más cercano de la gente”. Hoy es un ámbito de poder definido por las pugnas interpartidistas, por las confrontaciones y lucha por los recursos públicos que a ellos son destinados. La corrupción de las autoridades, su incompetencia y la falta de un marco jurídico que les permitan mayores capacidades y facultades, son -entre otros muchos otros elementos-, aspectos que hacen que el gobierno municipal debe ser reformulado como el espacio ciudadano por excelencia. El municipio mexicano puede y debe jugar un papel central en la dinámica nacional y en las necesidades de consolidar la democracia y el desarrollo local en nuestro país.

Para ello es necesario no sólo establecer marcos jurídicos que lo fortalezcan, cuestión que ha ocurrido. Se trata de un complejo sistema de acciones que permitan hacer que la participación de los ciudadanos sean un elemento clave en las acciones emprendidas por ellos. No se trata de relevar al gobierno por los ciudadanos y que éstos hagan su trabajo y sus obligaciones, se trata de transitar hacia la consolidación de gobiernos capaces y responsables de sus acciones y decisiones.

El debate de los actores responsables de las acciones municipales (autoridades y funcionarios locales, asociaciones de municipios, algunos diputados), se han abocado a buscar mayores recursos económicos para los municipios como elemento clave para resolver sus limitaciones. Sin embargo, los aspectos de rendición de cuentas y la transparencia son incipientes en los municipios, lo que ha producido una enorme corrupción de autoridades y funcionarios. Por otro lado, a inicios de septiembre del presente año, el Presidente de la República entregó al Congreso de la Unión, junto con el paquete económico (presupuesto 2005 y Ley de Ingresos), una iniciativa de modificación al artículo 115 constitucional que incluía, entre otros puntos, la reelección inmediata de autoridades municipales, misma que fue fundamentada en los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria.

Tanto la reelección de autoridades locales como la ampliación del periodo de gobierno de los municipios, son propuestas para atacar problemas focales de los ayuntamientos como la falta de continuidad de acciones institucionales y de servicios públicos, así como los esfuerzos para una planeación a mediano y largo plazo. En este sentido, la reelección es vista como una forma para aprobar y/o desaprobar la gestión de las autoridades y como una condición que posibilitaría la profesionalización del gobierno, el logro de una mayor eficacia y el estrechamiento en la relación gobernantes y gobernados. La ampliación del mandato es vista para darle al municipio mayores posibilidades de concretar acciones a favor de la gente y planificar las acciones de gobierno. No obstante, las críticas a la reelección señalan que ésta no garantiza necesariamente que mejoren las relaciones de las autoridades con sus ciudadanos, ni la profesionalización del gobierno, incluso, hay quienes piensan que hay riesgos de enquistamiento de grupos políticos en el poder y de fomento y de reforzamiento de cacicazgos regionales.

Ante ello, diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos querido aprovechar esta coyuntura nacional para reflexionar públicamente en torno a la democracia local, que implica un amplio conjunto de acciones y propuestas que deben darse a escala municipal y nacional, pero que no se encuentra limitada a la reelección de autoridades. Entendemos, entonces a la democracia y el desarrollo local como la suma de diversas acciones y procesos complementarios que fortalezcan la vida institucional de los municipios y que mejoren las condiciones de vida de las personas, como elementos imprescindibles que permitan a los gobiernos locales enfrentar la serie de demandas ciudadanas y movilicen las capacidades y recursos locales.

Un panorama del ámbito local

La alternancia partidistas no ha implicado, necesariamente un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, ni tampoco el afianzamiento de la vida democrática a escala local. Nos enfrentamos al hecho de que el sistema priísta ha permeado las prácticas y la cultura de las autoridades locales, sin distinción de partidos. Vivimos en México un desencanto por la democracia, ya que ésta no ha implicado mejoras en las condiciones de vida y en los satisfactores básicos de la población, haciendo parecer que estamos en un espacio de incertidumbre permanente.

Los procesos electorales –que durante algunos años daban cierta credibilidad a los procesos democráticos- hoy están en cuestionamiento. Los procesos electorales de este año señalan la utilización de recursos gubernamentales del ámbito federal y estatal para inducir el voto ciudadano. Estas elecciones se han caracterizado por los abusos de recursos públicos, sobre todo de recursos para campañas en los medios de comunicación, rebasando los topes legales, dándose anomalías e irregularidades en la instalación y funcionamiento de casillas, acarreo de votantes, inducción y coacción del voto (particularmente de los beneficiarios de los programas sociales gubernamentales) y otros problemas, como una lista nominal electoral rasurada y la compra de voto. El voto duro y el uso excesivo de recursos son una fórmula que ha resultado provechosa para el viejo sistema.

Esta situación es agravada por la actuación de los medios de comunicación que dan cobertura a las campañas políticas de manera desigual e inequitativa, dando una preferencia al partido en el poder estatal. Todo esto se ha agudizado por la debilidad y escasa autonomía de los institutos electorales estatales y por el comportamiento pragmático de los partidos políticos. Las campañas políticas no han fortalecido las plataformas ciudadanas, y en los hechos, han sido desplazadas por la prematura carrera para las elecciones del 2006.

Existe un cuestionamiento sobre a quiénes representan los miembros del cabildo, (¿a su partido político o a su comunidad?). Habría, en este sentido, que revisar la tensión entre autoridades tradicionales y autoridades oficiales, ya que ha sido motivo de enfrentamientos y con consecuencias tales como las ocurridas en Tlalnepantla, Morelos.

Además, hay un monopolio de los partidos políticos para participar en las elecciones; las candidaturas ciudadanas aún están lejos de ser una realidad en los municipios. La democracia mexicana no sólo requiere de procesos electorales transparentes, sino de instituciones fuertes y capaces de mejorar las condiciones de vida de la gente. La necesidad de contar con procesos electorales limpios y respetados, con la intervención de instituciones legítimas, es un elemento clave en nuestros tiempos. Ya no basta con “quitar a un partido del gobierno para poner a otro”, sino de elegir autoridades capaces de solucionar problemas de la gente.

En el último proceso de reforma municipal (en 1999), estuvo ausente la opinión de los municipios, donde el tema de la autonomía municipal quedó fuera. ,En todo caso se trató de clarificar las obligaciones de los gobiernos municipales en servicios públicos, haciendo del municipio un orden de gobierno, pero todavía sujeto a las determinaciones de los otros dos ámbitos de gobierno.

Por lo anterior, la democracia y el desarrollo local no se resuelven con la reelección de las autoridades locales. Si no hay confianza en los procesos electorales, si no hay claridad en los procedimientos y en la utilización de recursos a favor de los partidos políticos, si se sigue utilizando el aparato gubernamental a favor del alcalde, no tiene sentido proponer la reelección. Si no hay compromisos con la rendición de cuentas y la transparencia en los comicios la reelección sólo agudizaría la vorágine que estamos viviendo. Esto se complica porque es cada vez más común que los espacios locales están siendo ganados electoralmente por personajes funestos, corruptos e ineficientes, con el consecuente riesgo, reiteramos, de perpetuar cacicazgos locales.

En este sentido, se ha dejado de lado la reflexión sobre el desarrollo local, haciendo que este tema sea marginal de las agendas locales. El desarrollo de los pueblos y localidades sigue estando en manos de las directrices centralistas y ajenas, muchas veces, a las verdaderas necesidades e intereses de la gente. En este sentido, el gobierno municipal debe ser eje del desarrollo desde un enfoque endógeno, es decir, explorando y explotando sus capacidades locales de todo tipo y fortaleciendo las facultades de las comunidades, gobiernos locales y de la gente, para ejercer acciones directas y eficientes en materia de salud, educación, producción, medio ambiente, etcétera. Lo que hemos tenido hasta ahora es un desmantelamiento de las responsabilidades del Estado central y la desconcentración hacia los municipios, pero sin reglas y marcos jurídicos apropiados. Ante ello la necesidad de acciones que fortalezcan institucionalmente al municipio como sujeto y promotor clave del desarrollo local y regional.

¿Qué proponemos para hacer del Municipio un espacio de la democracia y el desarrollo local?

Bajo esta perspectiva colocamos en la opinión pública una agenda propuestas que consideramos claves para consolidar la democracia y el desarrollo local. Se trata de un conjunto de líneas estratégicas que permitan a las sociedades locales fortalecer a sus gobiernos legítimos, de forma tal que éstos posean un marco renovado para enfrentar sus problemáticas y emprender posibles soluciones.

11 Elementos básicos para la Democracia y el Desarrollo Local

1) Revisar la representación política en los ayuntamientos, es decir, la integración del cabildo, ya que hasta ahora, no refleja la diversidad de la sociedad local, en tanto que los ayuntamientos están formados por planillas de partidos políticos. Por esto mismo, hay que discutir la posibilidad de separar la elección del presidente, síndicos y regidores, además de poder elegir a los regidores por distrito municipal.

2) Revisar el papel de los partidos políticos en la vida democrática local, es decir, poner en juicio la monopolización de los partidos en el acceso y ejercicio del poder. Es imprescindible revisar los requerimientos para facilitar las candidaturas ciudadanas. Asimismo, que la sociedad tenga mecanismos para responsabilizar a los partidos políticos sobre sus malos gobiernos y no dejar esta evaluación únicamente al llamado “voto de castigo”.

3) Realizar los ajustes legales para sustentar la llamada autonomía municipal. La autonomía local debe manifestarse en el hecho de darle potestades a las comunidades, entre otras, de representación territorial; ello significa darle a la comunidad carácter de gobierno que represente a las necesidades de la gente y romper con la naturaleza de centralidad que tiene el municipio constitucional.

4) Promover la ampliación del período de gobierno municipal, de manera que se puedan impulsar acciones de gobierno estratégicas y de mediano y largo plazo. Esta es una salida posible a la necesidad de planificar a mediano y largo plazo por parte de las autoridades locales en corresponsabilidad con la ciudadanía.

5) Asegurar en las legislaciones locales la existencia de mecanismos ciudadanos de democracia directa, (consulta popular, referendo, iniciativa popular, planeación participativa, etc.), para tener instrumentos desde la sociedad que regulen la vida local; no como un requisito de los programas federales y estatales, sino como mecanismos integrales de corresponsabilidad sociedad-gobierno. Esto significa pensar en una planeación participativa y democrática, y de vigilancia, seguimiento, evaluación y de toma de decisión de las acciones de gobierno.

6) Implementar la profesionalización de los servidores públicos locales y/o el servicio civil de carrera, a fin de asegurar la eficiencia y continuidad en las prestaciones de servicios públicos y de evitar la improvisación de funcionarios.

7) Establecer mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas por parte de las autoridades locales, como elementos imprescindibles para una gestión democrática. Es necesario que las autoridades informen sobre sus acciones político-administrativas y sobre la toma de decisiones a la ciudadanía y esta las legitime.

8) Revisar los criterios y los mecanismos referentes a la asignación de honorarios de los integrantes del cabildo y funcionarios principales del ayuntamiento de forma tal que esta decisión no sea discrecional, aludiendo a la llamada autonomía municipal; asimismo debe reglamentarse lo correspondiente a las candidaturas políticas de familiares de alcaldes en funciones, evitando una especie de reelección familiar.

9) Es necesario hacer una consulta pública sobre la conveniencia de la reelección de autoridades, (regidores, síndicos y alcaldes), pero contemplando instrumentos como la revocación de mandato en manos de la ciudadanía.

10) Dotar a los municipios de facultades y recursos para impactar verdaderamente en la calidad de vida de la gente, a través de esquemas transparentes en su asignación y en su utilización. Se trata de colocar el tema del desarrollo local como una alternativa para las comunidades que no tienen capacidad de entrar a esquemas de competencia desigual.

11) Implementar y promover iniciativas que coloquen las capacidades locales como la base del desarrollo, y que no sólo respondan a esquemas implementados desde el centro y “maquillados” como programas participativos a través de la creación de múltiples comités que sólo generan una relación paternalista que destruye los tejidos sociales de las comunidades.

Más información consultar: www.cesemheribertojara.org.mx