Fibra Telefonista, del STRM
PROPUESTAS PARA UNA POLITICA DE SERVICIO UNIVERSAL EN TELECOMUNICACIONES
1 Antecedentes
a) Privatización y apertura a la
competencia
Antes de que los progresos tecnológicos
indujeran una revolución en las telecomunicaciones a nivel mundial, este
sector de la economía se consideraba estratégico por los gobiernos
y como tal, se encontraba a cargo del Estado. Pero como las innovaciones
tecnológicas trajeron una gran variedad de nuevos productos derivados de
la fusión de las telecomunicaciones con la informática, esta rama
de la economía encontró una multitud de caminos para
diversificarse y florecer como ninguna otra en la actualidad. Esta fue una de
las razones por las cuales se dio paso a la eliminación de los monopolios
estatales para que el capital privado pudiera explotar con las menores
restricciones el potencial que ofrecía y que sigue ofreciendo hasta
nuestros días.
En nuestro país el carácter
estratégico de las telecomunicaciones casi se abandonó por
completo por los gobiernos anteriores al momento de su privatización.
Junto al impacto en la soberanía nacional que conlleva este
fenómeno, se agregaron las secuelas de la privatización misma,
tales como el privilegio a los grandes usuarios de las telecomunicaciones, por
citar tan sólo uno de los casos.
A casi 14 años de su
privatización, las telecomunicaciones -y en particular la
telefonía- muestran a plenitud los efectos negativos de la visión
neoliberal con que fue desarticulada y reordenada para servir a los esquemas de
apertura de las fronteras para animar la competencia. Esta última fue el
vehículo formalmente anunciado por el gobierno para el reparto del
mercado de mexicano de telecomunicaciones por las empresas multinacionales del
ramo.
Así como el neoliberalismo polariza la distribución
de la riqueza generada, del mismo modo lo hace en el campo de las
telecomunicaciones: sólo unos cuantos tienen acceso al privilegiado
segmento de los nuevos servicios derivados de la comunicación integrada.
Esta situación se encuentra bastante polarizada en nuestro país,
ya que comparando las densidades telefonicas en un período de 10
años, tenemos que en el año 1993 mientras existían lugares
como Nuevo León o el Distrito Federal con densidades telefónicas
del 24.6 y 15.9 %, respectivamente, por el contrario habían numerosos
Estados con servicio telefónico casi nulo. Es el caso de Chiapas, Oaxaca,
Zacatecas o Tlaxcala, que no sobrepasan el 4% de densidad telefónica,
como se puede observar en el Cuadro 1.
Cuadro 1.DENSIDAD DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS POR CADA
100 HABITANTES
POR ENTIDAD FEDERATIVA. MEXICO, 1993
|
ENTIDAD
|
DENSIDAD TELEFONICA
|
ENTIDAD
|
DENSIDAD
TELEFONICA
|
|
DISTRITO FEDERAL
|
24.6
|
QUERETARO
|
6.7
|
|
NUEVO LEON
|
15.9
|
NAYARIT
|
6.4
|
|
BAJA CALIF. SUR
|
11.6
|
DURANGO
|
5.5
|
|
SONORA
|
11.6
|
S.L.P.
|
5.4
|
|
BAJA CALIF.
|
11.1
|
GUANAJUATO
|
5.4
|
|
COAHUILA
|
10.9
|
MICHOACAN
|
5.1
|
|
JALISCO
|
10.7
|
VERACRUZ
|
4.9
|
|
CHIHUAHUA
|
10.6
|
PUEBLA
|
4.9
|
|
TAMAULIPAS
|
10.1
|
CAMPECHE
|
4.7
|
|
COLIMA
|
10.1
|
GUERRERO
|
4.7
|
|
MORELOS
|
9.4
|
TABASCO
|
4.4
|
|
AGUASC.
|
8.5
|
HIDALGO
|
4.1
|
|
SINALOA
|
8.1
|
TLAXCALA
|
3.6
|
|
QUINTANA ROO
|
7.7
|
ZACATECAS
|
3.3
|
|
YUCATAN
|
7.3
|
OAXACA
|
2.3
|
|
MEXICO
|
6.8
|
CHIAPAS
|
2.2
|
Fuente: Sánchez D., Germán. La
competencia en las telecomunicaciones. Cenpros. México, 1997, p. 34
Diez años
después, la situación ha empeorado en vez de mejorar, pues se han
concentrado aún más las telecomunicaciones en las entidades de
mayor dinamismo como el DF y Nuevo León, con densidades del 39.4 y 25.7,
respectivamente, mientras que los Estados de Chiapas y Oaxaca han quedado
rezagados, con densidades de 4.7 y 5.8, respectivamente. Tabasco, la cuna de la
extracción de Petróleo, es paradójicamente la tercera
entidad con mayor atraso, como se puede ver en el Cuadro 2.
CUADRO 2. DENSIDADES TELEFÓNICAS POR CADA 100
HABITANTES PARA 2003
|
ENTIDAD
FEDERATIVA
|
DENSIDAD
|
|
ENTIDAD
EDERATIVA
|
DENSIDAD
|
|
NACIONAL
|
14.7
|
|
MORELOS
|
17.0
|
|
AGUASCALIENTES
|
15.8
|
|
NAYARIT
|
12.7
|
|
BAJA
CALIFORNIA
|
21.7
|
|
NUEVO
LEÓN
|
25.7
|
|
BAJA CALIFORNIA
SUR
|
21.1
|
|
OAXACA
|
5.8
|
|
CAMPECHE
|
8.6
|
|
PUEBLA
|
11.5
|
|
COAHUILA
|
18.2
|
|
QUERÉTARO
|
14.8
|
|
COLIMA
|
18.6
|
|
QUINTANA ROO
|
15.4
|
|
CHIAPAS
|
4.7
|
|
SAN LUIS
POTOSÍ
|
10.3
|
|
CHIHUAHUA
|
17.4
|
|
SINALOA
|
13.2
|
|
DISTRITO
FEDERAL
|
39.4
|
|
SONORA
|
16.5
|
|
DURANGO
|
13.6
|
|
TABASCO
|
7.3
|
|
GUANAJUATO
|
12.3
|
|
TAMAULIPAS
|
17.6
|
|
GUERRERO
|
8.9
|
|
TLAXCALA
|
9.5
|
|
HIDALGO
|
8.4
|
|
VERACRUZ
|
9.3
|
|
JALISCO
|
20.1
|
|
YUCATÁN
|
11.9
|
|
MÉXICO
|
14.8
|
|
ZACATECAS
|
10.6
|
|
MICHOACÁN
|
10.5
|
|
|
|
Fuente: Cofetel, 2004
b) Tarifas
Mientras Telmex
era una empresa paraestatal, fue significativo que el alza de las tarifas fuese
menor que el índice de precios al consumidor. Pero, una vez privatizada,
esta situación se invirtió, con excepción de los
años 1992 y 1993. La regla se cumple, como ha sucedido en el plano
mundial: los esquemas de competencia en telecomunicaciones reducen las tarifas
de larga distancia nacional e internacional y la pérdida de ingresos que
esto significa para las telefónicas se compensa con el aumento de las
tarifas del servicio local. Hasta antes del año 2000 estas últimas
tarifas aumentaron considerablemente (Ver Cuadros 3 y 4), así como la
contratación de líneas nuevas, mientras que las tarifas celulares
continúan siendo de las más caras del mundo.
Cuadro 3. AUMENTO EN TARIFAS LOCALES
|
PERIODO
|
RENTA TELEFONICA % DE AUM.
|
SERVICIO MEDIDO % DE AUM.
|
|
|
|
|
1985-1989
|
1635.06
|
3249.00
|
|
1990-1994
|
298.40
|
1467.50
|
|
1995-1997
|
271.75
|
94.33
|
|
1990-1997
|
1268.12
|
150.20
|
|
1985-1997
|
25,597.03
|
52,487.06
|
|
|
|
Fuente: Recibos telefónicos. Varios
años
CUADRO 4. ESTRUCTURA DE INGRESOS DE TELMEX.
PORCENTAJES
|
AÑO
|
LOCAL
|
LD INT
|
LD NAL
|
INTER-CONE-XION
|
OTROS
|
TOTAL
|
|
1991
|
36.4
|
23.1
|
36.4
|
0.00
|
4.09
|
100.00
|
|
1992
|
40.1
|
21.22
|
34.8
|
0.00
|
3.88
|
100.00
|
|
1993
|
42.8
|
19.7
|
33.7
|
0.00
|
3.80
|
100.00
|
|
1994
|
45.3
|
20.31
|
30.6
|
0.00
|
3.82
|
100.00
|
|
1995
|
42.2
|
26.84
|
27.5
|
0.00
|
3.48
|
100.00
|
|
1996
|
40.9
|
27.2
|
29.3
|
0.00
|
2.61
|
100.00
|
|
1997
|
50.5
|
18.86
|
24.9
|
1.14
|
4.55
|
100.00
|
|
1998
|
57.1
|
11.08
|
23
|
2.84
|
6.01
|
100.00
|
|
1999
|
43.9
|
11.98
|
21.3
|
5.24
|
17.61
|
100.00
|
|
2000
|
45.8
|
11.1
|
25
|
12.84
|
5.21
|
100.00
|
|
2001
|
47.2
|
8.491
|
25.7
|
13.25
|
5.33
|
100.00
|
|
2002
|
47.1
|
8.394
|
25.6
|
13.79
|
5.08
|
100.00
|
Fuente: Telmex. Informes Anuales. Varios años.
Otros
servicios de telecomunicaciones tales como las señales de
televisión también padecen los efectos de esta polarización
del disfrute de los servicios. En los últimos años la
televisión básica ha disminuido sensiblemente la calidad de su
programación, orientándose hacia un amarillismo marcado, en tanto
que los programas de mayor calidad ahora se tienen que pagar a través de
la televisión por cable y los pagos por evento, con lo que amplios
sectores de la población se ven marginados, debilitando con todo esto la
cultura y la identidad nacionales.
2 El servicio universal
<
Baste lo anterior para desprender la necesidad de construir
un proyecto nacional de telecomunicaciones que no se rija única y
exclusivamente por los intereses del gran capital, sino que también ponga
las ventajas de la tecnología, nueva y convencional, al servicio de la
comunicación humana en el pleno sentido de la palabra. Bajo una
perspectiva consensuada entre todos los sectores que hacemos uso de las
telecomunicaciones, consideramos que es posible la creación de un
proyecto integral que no excluya las necesidades de comunicación de la
población de medianos y bajos ingresos y que ponga lo mejor de sí
para alentar la educación, elevar la cultura, afirmar la identidad
nacional, mejorar la salud de los mexicanos y fortalecer la soberanía de
la nación.
Parte integrante de este proyecto son los
mínimos de comunicación a que todo pueblo tiene derecho, es decir,
lo que se ha dado en llamar las obligaciones de servicio universal,
independientemente del nivel de ingreso que tenga cada una de las clases
sociales que la componen. En nuestro lenguaje usual, los servicios
públicos de telecomunicaciones que deberían ser proporcionados
a toda la población. Aspiramos a construir una telefonía de
carácter social. En la actualidad existen tanto los medios como la
riqueza suficiente como para incorporar las necesidades de comunicación
de la población asalariada de la ciudad y del campo así como de
los estratos medios empobrecidos. El primero en comprender esto fue el capital
mismo. Las telefónicas casi desde su nacimiento vienen incorporando a sus
proyectos ciertos mínimos de comunicación –en particular a
través de la telefonía- accesibles a los sectores de bajos
recursos. Los más elementales son los servicios de emergencia gratuitos o
los servicios telefónicos para los discapacitados. Y a medida que el
progreso tecnológico avanza, tales mínimos evolucionan de igual
forma.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), discute de manera continua las obligaciones de
servicio universal. En varios de sus países miembros, entre tales
obligaciones se encuentran la dotación de servicio de telefonía
básica, incluso a los sectores de bajos recursos. Los principales
obstáculos que se alzan para lograr esto son precisamente los problemas
más importantes que padece la población mexicana con respecto a
las telecomunicaciones: altos costos de instalación y elevadas tarifas en
el servicio local (renta telefónica y servicio medido).
En
algunos países como los Estados Unidos fue el propio gobierno y las
telefónicas quienes emprendieron conscientemente esta tarea; en otros,
fue la presión social la que forzó a las telefónicas a
resolver este problema esencial, como sucedió en Australia.
a) Lo que comprende el servicio
universal
Los mínimos de comunicación a que todo
individuo o familia tienen derecho, pueden ser interpretados de formas distintas
y cambian conforme evoluciona la tecnología de telecomunicaciones. La
concepción, estrecha y mezquina, que parece imperar en quienes definen el
rumbo de las telecomunicaciones en nuestro país, es la dotación de
telefonía pública en las ciudades grandes y de mediano
tamaño y de las casetas de larga distancia en las poblaciones más
pequeñas y de ingresos precarios, lo que desencaja de los
parámetros internacionales, ya que en la mayoría de los
países de la OECD se incluye el servicio telefónico básico
a cualquier individuo o familia. Es el “servicio razonablemente accesible
a toda la población”, como lo definen en Australia.
En un
país de grandes carencias y fuertes grupos de poder depredadores de la
riqueza nacional que rigen los destinos de nuestra nación desde hace
más de setenta años, el servicio universal debe
comprender:
1. El acceso de toda familia o individuo a la telefonía
básica.
2. Tarifas accesibles en el servicio
3. Iniciar con el acceso de la población a las redes de
telecomunicaciones sobre tecnología de punta tales como Voz sobre
Protocolo IP a través de Internet para que exista un disfrute social de
los servicios de valor agregado y no como hasta la fecha, que sólo los
grandes monopolios y las familias ricas son los que pueden pagarlos.
En
la actualidad el servicio universal en el país se encuentra muy
restringido. Sólo podemos contar con algunos de los servicios de
emergencia, llamadas locales gratuitas en algunos hospitales y en los grupos de
discapacitados. Por un tiempo las llamadas locales desde las casetas
públicas fueron gratuitas, pero en la actualidad es un servicio muy caro
y ha dejado de considerarse dentro de las obligaciones de servicio universal.
Finalmente, las inversiones en telefonía rural hechas por el gobierno
federal fueron sensiblemente disminuidas a raíz de la
privatización de Telmex.
b)
Propuestas
Por lo tanto, se proponen como medidas
mínimas para integrar un proyecto de telecomunicaciones de
carácter social en lo que al servicio universal se refiere, las
siguientes:
Sobre los costos de instalación:
1.- Que en el servicio residencial el usuario sólo
pague la mitad de los costos de instalación y la otra mitad, todos los
operadores telefónicos existentes en proporción a la parte del
mercado que tienen.
2.- Que todas las telefónicas den plazos de
pago a los usuarios en términos razonables, en la contratación de
nuevas líneas y cambios de domicilio.
3.- Que a los jubilados y
personas de la tercera edad en general sólo se les cobre el 25% del costo
de la instalación y el gobierno federal absorba el 25%
restante
4.- La formulación de una política de
disminución gradual de los costos de instalación, tanto
residenciales como comerciales.
5.- La absorción por las empresas
de telecomunicaciones de la mitad de los costos en los nuevos servicios tales
como Internet
Tarifas:
1.-
Continuar con el costo por llamada local, independientemente del tiempo que
ocupe
2.- Disminuir gradualmente las tarifas sobre el servicio medido y
la renta telefónica en todas las empresas de telecomunicaciones hasta
acercarlas a su costo de operación.
3.- El aumento de las tarifas
en renta, servicio medido e instalación para el caso de la
telefonía local, así como de los servicios de telefonía
celular e Internet no deberán ser mayores al Indice Nacional de Precios
al Consumidor.
4.- Las tarifas rurales no deberán ser mayores a
las urbanas, en todos los aspectos.
5.- Ampliar en todas las ciudades la
zona geográfica que se considera de telefonía local, a medida que
se expande el progreso tecnológico.
6.- Los cargos
telefónicos totales no deberán incrementarse en términos
reales para ningún sector de la población.
7.- la
reducción sustancial de las tarifas celulares y de
Internet
c)
Mecanismos de financiamiento
Existe una variedad de
mecanismos y procedimientos para hacer accesible y rentable el servicio
público de telecomunicaciones, aún bajo esquemas de competencia,
como los que vivimos en la actualidad. Cabe hacer notar que a nivel
internacional existen países en donde uno o dos operadores, estando a
cargo del gobierno, son los que proporcionan los servicios de telecomunicaciones
o bien, países en donde, al igual que en el nuestro, la competencia entre
distintas empresas de telecomunicaciones se disputa el control de los mercados
locales. Lo común a todos ellos es que bajo esquemas distintos de
operación, las obligaciones de servicio universal son un hecho en la
actualidad y constantemente se mejoran sus contenidos y mecanismos de
aplicación y financiamiento.
En forma general, los mecanismos que
pueden ser utilizados para hacer realidad las propuestas anteriores como parte
de las obligaciones de servicio universal en nuestro país, son los
siguientes:
1. La continuidad de políticas tarifarias uniformes en los servicios
de larga distancia nacional.
2. Subsidios pagados por el gobierno haciendo uso de la recaudación
general de impuestos.
3. Subsidios pagados por el gobierno a través de la
recaudación a todos los usuarios que hacen uso de las
telecomunicaciones.
4. Esquemas de apoyo financiados por las empresas de telecomunicaciones de
mayor peso en el mercado,
5. Esquemas de apoyo financiados entre todas las empresas de
telecomunicaciones existentes, cuya aportación dependa del porcentaje del
mercado que controlan,
6. Combinaciones de los anteriores
mecanismos
[1]La
aplicación y
combinación de estas formas de financiamiento
del servicio universal dependen de las condiciones en que se encuentran las
telecomunicaciones en cada país. Lamentablemente, al momento de que se
desincorporó Telmex y se abrieron las puertas a las multinacionales de
las telecomunicaciones, no hubo por parte del Estado una política clara
que fijara obligaciones a las empresas para el desarrollo de los recursos
humanos, infraestructura física y tecnológica, así como
obligaciones en el servicio universal en el país. Al capital
multinacional y nativo que invirtió en telecomunicaciones se le dejaron
las manos libres para ejercer una política depredadora en el sector.
Por otro lado, hasta principios de 1990 Telmex hacía
explícito el impuesto que cobraba en las llamadas de larga distancia.
Después no lo desapareció sino que lo cargó al precio de
las llamadas de este tipo, con lo que en la actualidad se oculta a los ojos de
todo usuario este importante aspecto. Sin duda, es urgente que Telmex,
así como los restantes operadores, vuelvan a hacer transparente el cobro
de este tipo de impuesto para poder establecer una política financiera
clara sobre el servicio universal.
De lo anterior, se desprenden las
siguientes propuestas de mecanismos de financiamiento del servicio universal,
bajo el entendido que todo proyecto de telecomunicaciones debe ser consensuado
por los actores sociales y políticos de la
nación:
1.- Una política sustentable de subsidios
para que las tarifas de las áreas rurales sean menores a las de las
ciudades
2.- Exigir a los operadores la aportación de un
porcentaje de sus ingresos para la aplicación de las obligaciones de
servicio universal.
3.- Que los operadores expliciten en forma detallada
todos los impuestos y cargos que cobran.
4.- Obligar a todos los
operadores tanto de telefonía como de telecomunicaciones en general, a
invertir en infraestructura material, tecnológica y humana para el
desarrollo del sector en beneficio de toda la población.
5.- Que
todos los operadores, incluidos los que dan servicio celular, expliciten a
detalle en los recibos telefónicos tanto las llamadas de larga distancia
y los servicios de valor agregado como cada una de las llamadas locales que
realiza el usuario a fin de hacer transparente a toda la ciudadanía la
tarifación de estos servicios, sin costo adicional para el usuario.
6.- Legislar un marco regulatorio tanto de operación de las
empresas en el ramo como de las obligaciones que tienen para con la
sociedad.
7.- Que todos los operadores destinen un porcentaje de sus
ingresos para investigación y
desarrollo.
Propuestas mínimas
3 Instancias y procedimientos para la aplicación de las obligaciones de servicio universal
Una de las consecuencias del sistema político autoritario
que rige en nuestro país fue la manera como se reguló la
competencia en las telecomunicaciones, ya citada líneas arriba, de lo
cual se desprende la necesidad de democratizar todos los instrumentos y
procedimientos que tienen que ver con el desarrollo de las
telecomunicaciones. En este sentido, se requiere una revaloración del
papel de las Cámaras ante el Ejecutivo y del Ejecutivo mismo. Instancias
como la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia deben ser
transformadas para que respondan a los intereses de toda la población y
no únicamente del gran capital nacional y extranjero.
Ha sido de
útil ayuda en varios de los países miembros de la OECD la
existencia de un Consejo de Usuarios del servicio telefónico o de
telecomunicaciones para lograr el establecimiento de las telecomunicaciones
básicas entre las obligaciones de servicio universal y del servicio
universal mismo en toda su extensión. En nuestro país de manera
aislada y espontánea están surgiendo comités de usuarios
del servicio telefónico para presionar por un mejor servicio y para
defenderse de las políticas tarifarias agresivas por parte de los
operadores. Se propone, pues, evolucionar sobre bases democráticas estas
formas de organización hacia una de carácter nacional,
auténticamente representativa, que pudiera tener la capacidad de
decisión, gestión, interlocución y monitoreo tanto con el
gobierno como con las empresas de telecomunicaciones. Más aún,
proponemos que las decisiones de la Cofetel y de la Cofeco para su
aplicación tengan que estar en consonancia con el punto de vista de este
Consejo Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones.
De igual
forma, es necesario que se manifieste la voz de los trabajadores al servicio de
las telecomunicaciones y que se involucren de manera democrática,
participativa y resolutiva en todas las decisiones que tengan que ver con el
sector. Participación de los mismos con voz y voto en la Cofetel,
la Cofeco y el Consejo de usuarios; mantener una relación directa y
permanente con las Cámaras, y ser sujeto activo en las políticas
del sector, es una urgente necesidad que se puede concretar a través de
sus representaciones sindicales y/o en forma directa, dado el control
corporativo que rige al movimiento obrero.
Por el tipo de cultura que se
ha impuesto en los operadores de telecomunicaciones, guiada por la
lógica de la ganancia, es difícil que estos actores asuman
conscientemente la necesidad de incorporar las telecomunicaciones a los
mínimos de comunicación que todo mexicano tiene derecho a ejercer
y disfrutar. Por consiguiente, se hace necesario legislar al respecto,
con lo que se llenaría el gran vacío que existe en esta materia,
para de esta manera arribar a los grados mínimos de evolución en
la comunicación humana.
Igualmente será necesaria tanto la
participación de la sociedad en su conjunto como la de sus
representaciones políticas para modelar los restantes aspectos de un
proyecto integral de telecomunicaciones, ya que las propuestas anteriores
son apenas unos cuantos elementos para iniciar su construcción. La
invitación es, por tanto, a abordar de manera conjunta esta tarea: tanto
al seno de las distintas expresiones que se manifiestan en las Cámaras,
como ante el sindicalismo en su conjunto y el movimiento social para confluir,
en una primera etapa, con una iniciativa de Ley que aquellas pudieran
formalizar para arribar a niveles superiores en la comunicación entre los
hombres y mujeres que le damos vida a esta nación.
Por
último, proponemos sentar las bases para la renacionalización
de al menos el 70% de la industria de telecomunicaciones de nuestro
país, para lo cual convendría someter a consulta popular las
formas, términos, mecanismos y plazos para llevar a cabo esta
tarea.
Noviembre de 2004
[1] OECD.
Universal service
obligations in a competitive telecommunications environment. Paris,
1995