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Unión Nacional de Trabajadores

Para la Reconstrucción Democrática del Proyecto de Nación,
Construyamos una Propuesta Alternativa de Reforma de Estado
con cambio de rumbo económico

El modelo neoliberal de desarrollo implementado por los cuatro últimos gobiernos de nuestro país, lejos de superar los principales problemas estructurales como son: a) la escasa recaudación fiscal y los bajos niveles de ahorro interno que coadyuvan al alza en las tasas de interés y fomentan un pernicioso círculo de devaluación-estanflación-devaluación; b) el desequilibrio externo con la consecuente dependencia del endeudamiento y de la entrada de capitales internacionales para disminuir el déficit de la balanza de pagos; y c) la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza; los ha agravado y ha creado nuevos problemas estructurales que se han manifestado en nuestra economía en la destrucción de ramas y cadenas de producción, generando desempleo y provocando el empobrecimiento de amplias capas de la población.

Las actuales reformas que impulsan el PAN y el PRI, como son la reforma fiscal, la educación y la seguridad social, son las mismas reformas estructurales del neoliberalismo, con una clara orientación a las leyes del mercado; están pensadas a partir de dicha doctrina económica neoliberal, estrecha y unilateral, es decir, bajo una estrategia de liquidez fiscal, cuando en realidad esta liquidez debiera ser un instrumento más de una política de crecimiento, empleo y equidad. Esta política económica no es sustentable ni política ni socialmente en el mediano y largo plazos.

El momento actual que vive México es de incertidumbre. El deterioro del país se profundiza a pesar de que vivimos una relativa estabilidad macroeconómica sin crecimiento y con una mayor agudización de los problemas sociales, por lo que la situación resulta cada día más delicada, Es así como arribamos hoy día a un optimismo desbordado con base en los datos gubernamentales de la actividad económica del primer trimestre, los cuales nos indican una cierta expansión y parece haber comenzado la reactivación del país con un crecimiento a una tasa anual del 3.7% del PIB. El optimismo gubernamental se cifra en poder crecer al 4% en promedio este año, por el aumento de los precios del petróleo y la reactivación de las exportaciones a los Estados Unidos de América. Sin embargo, estos datos son insuficientes como indicadores de una recuperación económica efectiva y de mediano aliento, toda vez que la debilidad del mercado interno persiste, debido a las bajas tasas de ahorro, la escasa inversión privada local, el insuficiente dinamismo de las manufacturas, la debilidad de las pequeñas y medianas empresas y la escasa competitividad del país, que impiden un despegue real de la economía.

Pese a la recuperación económica en EE. UU. del 4.2% en el primer trimestre del año, su déficit sigue aumentado rápidamente, y seguramente terminarán el ejercicio fiscal con un déficit no de 500 mil millones de dólares como el gobierno de Bush creía, sino de 600 mil millones de dólares, debido a que los gastos de la guerra en Irak siguen acrecentándose, y los precios del petróleo siguen aumentando, propiciando que la economía mundial tarde cada vez más en recuperar una verdadera vía de crecimiento.

No se sabe cuánto tiempo durará la recuperación de la economía estadounidense, toda vez que esta reactivación tiene dos pies de barro: un enorme déficit presupuestal y otro enorme déficit de balanza de pagos, los más grandes del orbe.

La tensa situación en el Medio Oriente, la persistente alza de la gasolina en EE. UU. las limitaciones objetivas en la producción de los países miembros de la OPEP y una creciente demanda de hidrocarburos, están generando una nueva crisis energética que dispara los precios del petróleo y sus derivados a niveles que presagian desestabilización social y política en el mundo. Una dinámica similar del desarrollo capitalista condujo a exorbitantes precios del petróleo, altas tasas de interés y a la parálisis de los países capitalistas desarrollados en la década de los 70’s.

Ese fenómeno beneficia a México sólo momentáneamente, pues lo obtenemos en un primer momento al potencializar el sector primario; en un segundo momento lo perdemos, pues como maquiladores del mercado norteamericano de Bienes Intermedios y de Capital, al adquirir éstos lo haremos con los nuevos precios que resultarán por el alza del combustible: Lo que ganamos con el alto precio del petróleo, lo perdemos pagando hidrocarburos, petroquímicos y gas. Además, este alto precio del petróleo contribuirá al aumento, en cadena, de otros precios: aluminio, acero, así como la electricidad y el gas, etc.

Para mitigar ese déficit fiscal, los Estados Unidos han iniciado el aumento de sus tasas de interés, esto es prácticamente inevitable: es la única forma de atraer más capitales. Ello detendrá la recuperación económica, pero nos obligará como país, primero a acelerar el deslizamiento del peso respecto al dólar para, retener capitales e incrementar nuestras tasas de interés domésticas posteriormente, a incrementar los costos de bienes y servicios, con lo cual también nosotros estaremos más alejados del periodo de crecimiento.

Durante la actual administración foxista, el peso se ha devaluado frente al dólar en más del 23.1 por ciento, y en los dos últimos meses prácticamente se devaluó en un 5 por ciento. Si el tipo de cambio se dispara por encima de lo previsto desencadenará mayores presiones inflacionarias y eso es un descalabro para la política del Banco de México. Por ello ha estado aumentando el corto y provocando el alza de la tasa de interés, lo que se convierte en un freno a la actividad económica. De ahí que la cuestión importante será si estos resultados preliminares de la economía se van a mantener a lo largo del año. Hay indicios de que no será así. El primero es el comportamiento de la inversión privada, la cual, ya tiene tres años cayendo: en 2001, 2002 y 2003 se redujo 5.9 por ciento, 4 y 5.7, respectivamente. Durante el primer semestre de 2004 la inversión se ha recuperado principalmente en la construcción y el sector de la exportación únicamente. La producción industrial y manufacturera no repunta y sus tasas de crecimiento se sitúan por debajo del crecimiento del PIB; por ejemplo, la industria creció de mayo del 2003 al 2004, en 2.1%, mientras la rama de la construcción creció en 3.2 %.

A partir del 2001 y hasta el primer trimestre del año en curso, 36,000 empresas han entrado en una fase de cierre o pasado a la economía informal. A pesar del crecimiento en el 2004, no sólo no se han creado nuevos empleos sino que desde diciembre del 2000 al primer trimestre del año en curso se han perdido 658,000 puestos de trabajo en la industria de la transformación y en este trimestre se han cancelado 84 000 plazas de trabajo, por lo respecta al sector público, este ha despedido a 122,000 trabajadores en lo que va de la actual administración. Los últimos datos disponibles del desempleo indican que en junio fue de 3.78% mayor al 3.48 de mayo. Estos son sólo algunos indicadores alarmantes sobre el desempeño económico de México.

Además, la baja de competitividad de la economía mexicana en el concierto mundial es indiscutible. En el periodo 2000 a 2003, el déficit comercial con Europa pasó de 10 a 14 mil millones de dólares. El déficit con China pasó de 2 a 9 mil millones de dólares en ese lapso. El pesado déficit en la balanza comercial no puede absorberse, a pesar del dogma oficial de que el motor del "crecimiento" son las exportaciones. Sólo las remesas de nuestros compañeros migrantes nos ayudan a mitigar la actual situación económica, en el 2000 alcanzaron la cifra de 6572.7, millones de dólares y en el 2003 se incrementaron a 13356.9 millones de dólares, en lo que va del 2004 ya alcanzan la cifra de 6325.8 millones de dólares. Todo esto evidencia nuevamente los rasgos de la crisis y es una muestra más de la urgencia de un cambio de fondo en la política económica.

Por lo tanto, ante la actual gestión neoliberal, profundamente conservadora nuestro sindicato plantea que la sociedad desarrolle una movilización social y construya una agenda que tome como punto de partida los siguientes lineamientos programáticos

Por un cambio de rumbo de la política económica

Por una agenda alternativa de reforma hacendaria

Por un Estado Social de Derecho que dé viabilidad a un sistema universal de reconocimiento y ejercicio del derecho a la salud y a la protección social de los trabajadores y sus familias de acuerdo con la Constitución

Hacia una reforma integral del mundo del trabajo

Es impostergable impulsar un proyecto de Nación, fincado en el conocimiento y en una educación integral para todos, como prioridad nacional

Por una política de Estado, dirigida al desarrollo y fortalecimiento del sector estratégico de los energéticos

Nuestro proyecto alternativo de política económica tiene en el centro la superación del desempleo, la miseria, la pobreza y la exclusión social; y como objetivos de este proyecto, el crecimiento y desarrollo económico para la mejora sustantiva de la calidad de vida con base en una economía dirigida al mayor bienestar social. Es decir, un México más justo, más plural y democrático.

En la búsqueda por abandonar la paralización económica y el empobrecimiento social en que se encuentra nuestro país, agravado por una larga recesión es impostergable la defensa de la democracia lograda y hacer de la estabilidad política y social, un eje de reflexión para evitar caer en un mayor riesgo de ingobernabilidad construyendo mayores espacios para la transformación del modelo de sociedad.

Es por estas razones que las organizaciones sociales de los trabajadores asumimos el reto democrático y social, que otros actores sociales no han realizado y que, además, ante los conflictos de los liderazgos y las élites políticas y la ausencia de su compromiso con la democracia, pretenden romper hoy las reglas del juego para perpetuar su mandato por lo que no hay un proyecto de estos liderazgos y de las elites políticas. Abajo los sectores mayoritarios de la sociedad se vive una desarticulación de las masas y aunque existen esfuerzos no se ha logrado establecer una fuerza política capaz de generar una “nueva mayoría”, en torno a un proyecto político de Reforma Integral del Estado

Desde la sociedad y desde las organizaciones sociales de los trabajadores, estamos llevando a cabo una reflexión sistemática y un debate franco sobre los problemas nacionales en la que la Reforma Integral del Estado es una prioridad estratégica, porque existe una crisis del Estado que se manifiesta en el agotamiento del modelo de dominación que evidencio su crisis a partir de la alternancia y con miras a construir una nueva mayoría capaz de aglutinar a los trabajadores del campo y la ciudad y a los integrantes de los diversos partidos.

Nuestra propuesta busca superar la idea de que la transición democrática se agotó con el cambio en el 2000 y evidenciando que existe una parálisis y desencuentro; o que la transición democrática terminó precisamente con la alternancia, debido entre otras cosas, a la debilidad estructural del poder presidencial que no logró una reestructuración del régimen anterior. Por ello impulsaremos un consenso en torno a una reforma política que concluya la transición, siente las bases de la Reforma del Estado y fortalezca la consolidación democrática.

La viabilidad de la Reforma del Estado la comprendemos no solamente como una necesidad de la actual coyuntura, sino a partir de la actual crisis política del sistema, de sus principales estrategias y sus actores políticos en función de la contienda electoral del 2006. La Reforma del Estado se ha convertido en un rehén de esta sucesión, hoy las elites gobernantes decidieron que las reformas estructurales son difíciles de enfrentar, ya que tanto el PRI, como el PAN y el PRD actores principales divididos internamente, algunos más que otros, y entre ellos, se han mostrado incapaces para atender las reformas estructurales y se intensifican las tensiones internas y las negociaciones de bloques entre los partidos en el congreso, manifestando no estar dispuestos a asumir los costos políticos que implican desatendiendo las prioridades nacionales con una visión de Estado.

Pensamos y visualizamos la reforma integral del Estado desde la sociedad, desde un punto de vista de lo social a partir de recuperar el pensamiento social de las trabajadoras y los trabajadores, es decir de los ciudadanos, de su identidad política que de cauce a la diversidad y pluralidad, a la creatividad ciudadana con su opinión y acción critica, que se incorporen en la formulación de políticas publicas. Es a partir de reconocer la realidad de la sociedad civil organizada, como espacio de participación ciudadana, como una realidad política, que las fuerzas sociales y las izquierdas debemos pensar y reflexionar una estrategia para la transformación del orden social dominante, es decir una estrategia para transformar más que para administrar, apostar por la energía social del cambio que orientada al bienestar social y a la transformación del país.

Necesitamos una Reforma de Estado que impulse modificaciones destinadas a garantizar los derechos humanos, la vigencia y ampliación de los derechos sociales, y el reconocimiento de los derechos de tercera generación como los de las minorías y ecológicos; busque equilibrio y la distribución del poder, condicione el veto presidencial y la incorporación de un jefe de gabinete, así como la creación de un tribunal constitucional. Asimismo, es importante la promoción de formas alternativas de fortalecimiento de la representación, como son las candidaturas independientes y el acceso a la ciudadanía, a puestos de elección popular de forma independiente

Hemos venido planteando, desde hace varios congresos, la necesidad de la construcción de un verdadero Estado de derecho en nuestro país, con leyes funcionales a la democracia, es decir, la instalación de un proceso amplio de Reforma integral del Estado, asumida por todos los actores de la vida política nacional. La consolidación democrática consiste en retomar con responsabilidad la reforma integral del Estado para completar el proceso de la instauración democrática; en el reconocimiento, la aceptación y acatamiento de la mayoría de las reglas y valores democráticos por todos, rompiendo con el pasado autoritario, para que el poder de los grupos autoritarios se extinga y se arraigue una sólida cultura cívica y democrática.

Para esto se requiere una nueva Constitución, el rediseño de las instituciones y de una nueva constitucionalidad fundada en el reconocimiento y la puesta en práctica de una cultura jurídica de las normas políticas y jurídicas, es decir, democracia constitucional.

Este es un reto y una oportunidad para el sindicalismo y la izquierda en su conjunto de avanzar en la construcción de un movimiento social que suscriba un nuevo Pacto Social, asentado en la equidad y la justicia social, capaz de impulsar la Reforma Social y Democrática del Estado