Víctor H. Palacio Muñoz*

NOTAS PARA UN PROYECTO DE NACIÓN INCLUYENTE Y CON SENTIDO HUMANO

CONTEXTO INTERNACIONAL

Vivimos en un mundo marcado por la brecha cada vez mayor entre países ricos y países pobres en los que se han profundizado las situaciones de injusticia y pobreza. La globalización se manifiesta con un nivel superior de intercambio comercial, financiero, productivo y tecnológico. Este proceso se ha caracterizado por políticas de apertura y liberalización en los países dependientes, que han hecho posible una mayor inserción y expansión del capitalismo central. A nivel económico, el mundo se ha convertido en el principal ente operativo para el capital financiero y las empresas transnacionales, produciendo cuantiosos beneficios injustamente distribuidos. La globalización financiera y la falta de regulación permiten voluminosos movimientos de capital especulativo en forma instantánea, en desmedro de su aplicación hacia la producción y aumentando la vulnerabilidad de nuestras economías nacionales. Asimismo, en este contexto un nuevo peligro se cierne sobre los derechos fundamentales de los pueblos. Se pretende la construcción de un nuevo orden internacional en el cual se tiende a dejar en unas cuantas manos las decisiones sobre temas tan cruciales como el futuro de las comunicaciones, los servicios de salud, educación, saneamiento, agua potable, calidad del medioambiente, reglas de juego laborales, patentes, derechos de autor, etc.

Ante esto, una posición consecuentemente progresista implica el reforzamiento de la capacidad de los Estados Nacionales para decidir sobre los asuntos públicos. Esto es, una posición que no se resigna a lo existente ni se paraliza con simples lamentos ante los nuevos desafíos, sino que aporta a la construcción de una sociedad mundial sustentada por valores humanitarios, de solidaridad, democracia y justicia social; a la vez que respetuosa de la diversidad cultural, de las distintas civilizaciones y de los equilibrios medioambientales.

En los comienzos del siglo XXI, dentro del bloque imperialista, Estados Unidos ejerce un poder político militar unipolar que le permite un creciente intervencionismo en diversas partes del mundo, desnudando sus intenciones de dominación y hegemonía a escala mundial, y que se ha puesto de manifiesto en la violación de las resoluciones de las Naciones Unidas; recurriendo al uso de la fuerza y emprendiendo una escalada bélica, acompañado vergonzosamente por las añoranzas imperialistas de sus aliados europeos.

Ante ello nos sumamos a la lucha por un nuevo orden internacional más justo y solidario, reafirmando una clara postura antiimperialista.

La dinámica contra-hegemónica está lanzada. En todo el mundo los movimientos antineoliberales han crecido en fuerza y en la riqueza de sus propuestas: la reactivación del debate sobre proyectos alternativos con dimensión global, la renovada importancia que han tomado grupos como los que analizan el tema del endeudamiento externo, verdadero freno para el desarrollo de nuestros pueblos. Las múltiples jornadas del Foro Social Mundial de Porto Alegre, se han visto reforzadas con la multitud. Gente de las más diversas procedencias sociales ha protagonizado en las calles la lucha por la paz y el respeto a la diversidad, en un ejemplo contundente de ciudadanía a escala planetaria.

Se ha comprendido que está en juego la idea misma de una comunidad verdaderamente mundial de gente trabajando junta, en paz, con responsabilidades compartidas, para un futuro compartido.

En nuestro continente se aprecian claros cambios de rumbo, desplazando a los sectores responsables de la aplicación obsecuente del modelo imperante hasta hace poco tiempo.

Debemos enfrentar este mundo de bloques con base en la cooperación y en la unidad de América Latina, que permita una relación de nuevo tipo con los organismos financieros internacionales como el FMI, Banco Mundial, las transnacionales y con la potencia hegemónica. Un cambio de relación, sin condicionamientos ni intervencionismo. El bloqueo a Cuba es un claro ejemplo del modo de relación entre las naciones que no compartimos y que rechazamos, en tanto supone la intromisión en los asuntos internos de un país hermano que vulnera su soberanía y compromete la seguridad e independencia del conjunto del continente.

Hay que buscar otros escenarios y ámbitos de trabajo simultáneos y compatibles que permitan ampliar las relaciones bilaterales con naciones y bloques a efectos de promover iniciativas comunes en los organismos multilaterales, y profundizar las relaciones políticas, comerciales, ambientales y culturales.

Nuestro país debe sumar su voz y sus esfuerzos al conjunto de países con quienes comparte visiones para defender sus intereses en el contexto de los organismos multilaterales de comercio y de crédito, fundamentándonos en los principios de la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación y la no-intervención.

EL CONTEXTO NACIONAL

Buscamos la construcción de una sociedad mejor, más justa y solidaria. Para esto hay que enfrentar la resistencia que configuran la conjunción de intereses de sectores que concentran el capital financiero internacional, poderosas corporaciones empresariales funcionales al imperialismo y sus socios internos que conforman el actual bloque de poder.

Esta verdadera oligarquía dominante cuyos intereses contradicen los de la mayoría de la nación, está conduciendo los destinos del país y nos lleva a situaciones de marginación y pobreza nunca antes vistos en nuestra patria.

México atraviesa una profunda crisis económica y social, caracterizada por la fragmentación social, el aumento de la marginalidad y el descenso abrupto de todos los indicadores que componen la calidad de vida; que ha acelerado la destrucción del aparato productivo, la pérdida de capital humano, centralización del capital y la precarización del trabajo, impactos negativos que condicionan nuestro futuro.

Esta situación está asociada a un modelo de exagerada e indiscriminada apertura comercial y financiera, que busca así resolver los problemas de la clase dominante, no los de la mayoría de la población, los cuales se han ido agravando progresivamente y se ha extendido a sectores socio-económicos históricamente vinculados al poder.

Sin condiciones y sin preparación previa, se obligó al país a competir con el exterior en franca desventaja. Con tal política se propendió al desmantelamiento del aparato productivo y las empresas estatales y se hipotecó el mercado interno. Nada se hizo para que la mayor disponibilidad de recursos financieros del exterior se utilizase en inversiones productivas que hubieran mejorado la situación competitiva del país.

Por el contrario, se dedicaron a financiar el costo en divisas resultante de un consumismo de bienes importados, a cubrir los déficits emergentes de la falta de competitividad y a constituir reservas que no aportaron a la producción.

El modelo se ha agotado en su propia lógica. Los socios de esta propuesta ni siquiera tienen hoy alternativas para plantearle a la gente.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

Resulta necesario democratizar la Sociedad y el Estado, tarea que se debe asumir por ambos en forma conjunta, sin la menor demora. Dada su trascendencia implica enmarcarla en el proyecto de nueva sociedad que buscamos.

El impulso, esencialmente democratizador, que promovemos tendrá como caracterización esencial un rescate claro y expreso de la solidaridad y una nueva ética, orientada a la superación de todos aquellos valores derivados de la sociedad de consumo y la globalización.

En esta etapa el Estado deberá asumir el liderazgo del desarrollo, lo que implica reformar el Estado y democratizar la Sociedad.

Es necesario desarrollar alternativas que traten de responder a la doble cuestión ¿qué Estado queremos y cómo lo alcanzamos?

Debemos transformar al Estado en una poderosa palanca del desarrollo nacional, a la vez que creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. El Estado contribuirá a resolver las grandes desigualdades sociales existentes y tendrá una presencia activa y directa en las áreas estratégicas de la economía, desarrollando firmemente su función de articulación, regulador y promotor del desarrollo.

Las empresas estatales serán fortalecidas buscando mayor eficacia y eficiencia y competitividad que las consolide como pilares del desarrollo y la soberanía del país.

El desarrollo económico tiene como ente rector crear un espacio ambiental seguro y soberano que posibilite una producción sustentable. Aunado a esto, la ordenación del territorio para su potenciación sustentable y sostenible de los recursos y para el mejor desenvolvimiento económico, social y cultural es un deber ineludible de las sociedades democráticas. Por ello, la ordenación del territorio es un cometido esencial y sustantivo del Estado.

La seguridad ciudadana es un derecho humano, aunque se ha convertido en un problema nacional. Sin perjuicio de entender que el delito tiene múltiples causas, el Estado no puede eludir arbitrar soluciones teniendo en cuenta que éstas dependen de la capacidad para concertar acciones con la sociedad y del éxito de las políticas que aseguren crecientes grados de integración social.

Se promoverá una policía profesional dignificando la función policial, reafirmando su papel de auxiliar de la Justicia.

La vigencia y consolidación del sistema político e institucional de la democracia es un elemento sustancial. En él deben confluir simultáneamente la libertad, la justicia y la participación efectiva de la población.

Hasta el momento, las reformas se desarrollan sobre la base de una extensa brecha entre, por un lado, expertos y políticos, y por otro, los ciudadanos. Predominan las propuestas reformistas de gabinete sin legitimidad social, en manos de cúpulas de políticos y expertos encargados de formular e implementar las reformas alejadas de la participación ciudadana. En ese sentido, creemos que es necesario plantear que la transformación del Estado deberá ser parte del proceso de avance hacia una democracia auténtica, con mejoras radicales en la transparencia y permeabilidad de las decisiones, la construcción de herramientas estatales destinadas a reforzar el control horizontal, y la participación ciudadana amplia y genuina en las decisiones y el control de lo que se hace.

Esta participación de la ciudadanía será una garantía más de la transparencia de la gestión administrativa, en la que comprometemos el combate frontal de la corrupción en todas sus formas y la adecuación de la legislación en lo relativo a las conductas corruptas y los delitos económicos.

La democratización del Estado implica reestructurar la relación con los ciudadanos en general, principalmente de los sectores con mayores carencias, acercando las estructuras estatales que están directamente vinculadas a la solución de sus problemas. Un Estado sensible a los intereses de las grandes mayorías nacionales, que sepa escuchar y que sea eficaz en el diseño y la ejecución oportuna de políticas adecuadas. La descentralización, la cogestión y la participación en la tarea del Estado en las áreas donde ésta sea posible será tarea permanente de la ciudadanía, en donde el ciudadano sea protagonista y responsable de la gestión del Estado.

Una reforma del Estado eficaz sólo se logra si es legitimada por la ciudadanía, y el gobierno es capaz de conjugar el sentido de la conducción.

La reforma del Estado deberá estar asociada directamente a un avance general de la democracia, gobernando con la gente, no sólo convocándola para crear consenso sino abriendo las puertas a las tareas de control y toma de decisiones.

Para que pueda cumplir adecuadamente con sus cometidos, el Estado deberá transformarse, a efectos de actuar con la máxima eficiencia que sea posible. Va implícito que esa transformación deberá incluir la erradicación de prácticas clientelistas y de cualquier forma de corrupción, de fraude y de abuso de funciones.

Para llevar a cabo esta reforma se ubicará como actor central de este debate al Congreso de la Unión, dada su representatividad y diversidad; como ámbito de generación de los consensos necesarios e instrumento insoslayable para dirimir las tensiones que se presenten.

La construcción del Estado, sólo puede tener coherencia si desde el diseño de las políticas y programas existe una unidad conceptual, metodológica, técnica y de procedimiento. La búsqueda de soluciones a las contradicciones naturales entre intereses diferentes supone la generación de ámbitos adecuados de negociación. Estas instancias deben preceder la toma de decisiones, permitiendo así el desarrollo de la coherencia en el ejercicio del gobierno. La participación de los diferentes actores sociales en el proceso de búsqueda de acuerdos, asegura el involucramiento activo de la ciudadanía en la toma de decisiones.

LA ECONOMÍA

La economía debe estar al servicio del ser humano, dejando atrás aquella concepción economicista que concibe a las personas como meros agentes económicos, con olvido de su dimensión integral y trascendente. La condición indispensable de cualquier modelo de país es que tenga como centro la generación de empleo genuino para todos sus habitantes.

Entendemos que la producción agropecuaria y su industrialización son de carácter estratégico para el país en su conjunto. En este sentido, es responsabilidad del sector público generar una política de desarrollo que armonice estos objetivos.

Asimismo, para alcanzar ese objetivo será necesario una organización de la economía que atienda simultáneamente el crecimiento de la producción, la redistribución del ingreso y la estabilidad en las relaciones económicas y sociales.

Nuestro proyecto de país se centra en el trabajo nacional. La fuerza de trabajo como el factor originario de la producción es lo que pone en funcionamiento las herramientas, las maquinarias y el saber para transformar insumos y materias primas en los bienes y servicios que constituyen la riqueza de un país. Será reconocida socialmente en el empleo y en una remuneración acorde al esfuerzo, especialización y conocimientos aplicados. Por lo tanto, un objetivo central será la creación de fuentes de trabajo.

Se necesita un mayor aprovechamiento de los recursos. Pretendemos que el funcionamiento económico obtenga el mayor aprovechamiento posible de los recursos humanos, materiales, naturales, tecnológicos y financieros del país, lo que significa evitar su subutilización. Esto es particularmente importante en lo referente a la utilización de la tierra, cuya forma de tenencia y explotación deberá guardar coherencia con los objetivos del proyecto.

La transformación de la estructura agraria del país constituye un pilar fundamental del nuevo modelo y logrará un desarrollo sustentable si garantiza la seguridad alimentaria de toda la población, preserva los recursos naturales en un ámbito de sustentabilidad.

Pretendemos que el país tenga un proceso productivo integrado, donde la potenciación con el trabajo nacional de los recursos ambientales y materiales, en particular la riqueza y diversidad del sector primario sumado al aporte de recursos captables del exterior, sea una base sólida para el desarrollo de la industria y del resto de las actividades. Especial atención se le otorgará a la actividad turística y a las actividades vinculadas a la tecnología de la información.

El desarrollo económico estará adecuado a las necesidades del país y de su gente para con ello lograr:

- Ser la principal fuente de oferta para satisfacer las necesidades de consumo de la población, acordes con un nivel de vida digno y satisfacer las necesidades de insumos de origen nacional para la producción.

- Obtener excedentes exportables capaces de financiar la importación de otros bienes de consumo final, otros insumos para la producción y otros bienes de inversión.

- Destinar una parte creciente de la nueva riqueza a la inversión productiva en los diversos sectores de la actividad económica.

La producción nacional no puede ir desligada del avance educativo, por lo que será clave destinar recursos y diseñar políticas para la educación en general, y para la investigación científica y tecnológica, en particular. Las políticas industrial y comercial del país tendrán que romper los círculos viciosos dados por la división internacional del trabajo, la dependencia científica y tecnológica, así como desprenderse de la dependencia comercial de las grandes corporaciones internacionales. Impulsar la mejor adaptación y articulación de la producción agroindustrial nacional y los bienes de exportación del país con los mercados internacionales. En definitiva, la industrialización debe ser uno de los objetivos centrales del país productivo por su contribución a la agregación de valor, la generación de empleo genuino, la incorporación de tecnología y canalización de excedentes hacia el exterior.

Lo anterior supone una producción competitiva. Es decir, de cantidad, calidad, precio, oportunidad y máxima diferenciación posible, tal que hagan factible su exportación y presente ventajas para enfrentar normalmente la competencia de productos elaborados en el exterior. Dicha competitividad deberá estar vinculada a la productividad en el manejo de los recursos, al desarrollo de las capacidades de la fuerza de trabajo, a las ventajas naturales y al aporte de la infraestructura básica del país, así como a un sistema adecuado de protección económica.

Nuestro desarrollo debe ser autónomo para:

- Que el motor para el dinamismo económico radique en el funcionamiento de la propia economía, de modo de reducir la dependencia frente a las fluctuaciones del exterior.

- Dinamizar el mercado interno, dado que resulta indispensable para la construcción de una demanda básica y para el cumplimiento de objetivos centrales del modelo, tales como la generación de empleo, la distribución del ingreso, los niveles salariales, la inversión pública, etc.

- Fortalecer la proyección exportadora del país. Es una oportunidad para nuestra inserción regional y mundial, la promoción de un tipo de producción que, por su especialización no requiera gran escala, nos permitiría superar la restricción que el actual diseño tecnológico plantea para la industria moderna, basado en escalas de producción que, por lo general, superan los límites de nuestro aparato productivo.

El crecimiento económico debe ser sostenible, para lo cual se aplicarán políticas que:

- Propendan a una armonía territorial y sectorial en el crecimiento, coherente con el desarrollo de cadenas productivas y coherentes con la dimensión de las empresas, incluyendo una política especial para la adecuada inserción de las PYMES en el contexto de la economía.

- Se apoyen en factores de segura disponibilidad y en la generación de excedentes, que una vez volcados a la inversión garanticen la continuidad y el mejoramiento del proceso productivo.

- Fomenten una creciente productividad del trabajo.

Todo lo señalado en un ámbito de sustentabilidad, por lo que la no depredación y el respeto al medio ambiente, son consideradas premisas fundamentales.

Para desarrollar una potencialidad productiva y distribuir su resultado con justicia social se requiere un Estado activo, capaz de orientar ese proceso. Está demostrado que el mercado, interferido por el poder, por sí sólo no es buen asignador de recursos. La intervención del Estado, se basará en un Plan Nacional de Desarrollo surgido de los acuerdos entre todos los sectores vinculados a la producción. Dicha intervención tendrá, entre otras, las siguientes características:

- Tendrá selectividad en dicha asignación de recursos, buscando orientar la inversión hacia los sectores considerados prioritarios, exigiendo a su vez las correspondientes contrapartidas. Los criterios para determinar la selectividad deberán ser claros, transparentes y de impacto económico y social. Al respecto, la creación directa o indirecta de empleo, la generación o el ahorro de divisas, la descentralización territorial, el impacto ambiental, el dinamismo tecnológico y la capacidad para generar nuevos productos, son los principales criterios que nos comprometemos a aplicar.

- Considerará todos los instrumentos de política económica, sin descalificaciones a priori, tales como los subsidios, el crédito selectivo, controles al movimiento de capitales, evaluando su aplicación o no en cada situación particular y en cada coyuntura.

- Buscará fortalecer la infraestructura básica del país que de soporte para la competitividad de la producción nacional de bienes y servicios. En este sentido, será fundamental la inversión que realicen las empresas públicas.

- Se propondrá fortalecer el nivel de la educación y de la investigación.

- Elaborará y aplicará políticas sectoriales, tales como política agropecuaria, industrial, de turismo, entre otras. Articulará las políticas agropecuarias y el desarrollo rural con un proceso de descentralización y desarrollo local.

- Fomentará la inversión privada en base a estímulos sujetos a controles, contrapartidas y seguimiento de resultados. Ello sin perjuicio de participar en nuevos proyectos cuando el sector privado no tome riesgos en áreas promovibles en función de su potencialidad productiva, así como comprometerá esfuerzos por mantener actividades amenazadas por cierres o subutilización de recursos, cuando exista una evaluación económica y/o social positiva. En estos casos, la participación estatal podrá adquirir distintas modalidades, como empresas de capital mixto, asociaciones con trabajadores, cooperativas, etc.

- Intervendrá mediante la política fiscal y de previsión social, para una distribución más equitativa del ingreso, hasta el límite marcado por las restricciones no superables existentes en el entorno macroeconómico.

- Velará por el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos, prevaleciendo la condición de que el necesario logro de los equilibrios en el sector financiero de la economía estará cimentado en el positivo desempeño del sector productivo de la economía y no a la inversa.

- En las empresas públicas, en tanto tengan rol estratégico, las reformas salvaguardarán el patrimonio y la gestión estatal y se tenderá a que las tarifas se fijen teniendo en cuenta los costos globales de producción eficiente, criterios de selección de productos y el interés social, evitando su uso como impuesto encubierto.

Trabajar una propuesta de esta naturaleza requiere de una profunda reforma en el sistema financiero. El sistema financiero adaptado al país productivo, deberá tener controles especiales para que no esté al servicio de la especulación y la fuga de capitales. Por el contrario, el desarrollo del mercado de capitales deberá abrir espacio a un mayor grado de intermediación financiera con instrumentos más variados y que puedan utilizarse para la adecuación de la conducta de las instituciones y de los usuarios. Se promoverá una banca pública fuerte y eficiente, capaz de desarrollarse en diversas áreas (inversión, fomento, PYMES, etc.) que refuerce su carácter de eje de la política crediticia. Se introducirán modificaciones en el marco regulatorio tendientes a generar mayores niveles de confianza y equidad. Se tendrá un sistema bancario de dimensión adecuada a las escalas de producción nacional y fundamentalmente volcado a la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. Se dará un tratamiento diferencial y preferente a la banca minorista que atienda a las actividades productivas de menor escala y a las radicadas en el interior del país.

El Secreto Bancario no deberá interponerse ante los requerimientos de información de los organismos de contralor del Estado, los de la administración tributaria y del Poder Judicial.

Los Bancos Extranjeros que operen en el país con el nombre de su casa matriz, además de ceñirse al marco regulatorio y a la supervisión, tendrán que tener el respaldo patrimonial de aquellas.

Al mismo tiempo se necesita una profunda reforma en el sistema tributario. La política tributaria deberá operar como un instrumento eficaz de recaudación y simultáneamente con el objetivo extrafiscal de estimular la actividad productiva del país y el empleo. Deberá atender las urgentes necesidades sociales, desestimulando la rentabilidad proveniente de la especulación financiera. La redistribución y el fortalecimiento del desarrollo de los sectores productivos determinarán la presión fiscal, siendo acordes a la cobertura y los servicios estatales.

Se impulsará una reforma del sistema tributario que permita corregir la inequidad en la carga tributaria de los contribuyentes. La misma incluirá el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que simplifique el sistema de recaudación y que respete la capacidad contributiva de los agentes económicos.

Nuestro sistema tributario será progresivo, promoviendo que los contribuyentes de menores recursos aporten menos en términos proporcionales, que los de mayores recursos.

Los gravámenes diferenciales, los subsidios y las exoneraciones serán utilizados como instrumentos al servicio de los objetivos de producción, redistribución del ingreso y generación de empleo definidos en el marco de un presupuesto por programa equilibrado en el mediano plazo, habilitando políticas contracíclicas. Asimismo, la carga tributaria recaerá en mayor o menor grado sobre gastos o sobre ingresos, atendiendo a dichos ciclos económicos.

Se reformarán las administraciones fiscales y se adecuarán los instrumentos necesarios para que el control sea eficaz y transparente.

Se debe dar una solución política y económica a la Deuda Pública. Conocido es que la crisis financiera provocada por la aplicación del modelo neoliberal absorbió las reservas estatales y elevó la deuda en moneda extranjera del sector público. La administración de la deuda del sector público estará relacionada al cumplimiento del objetivo principal de desarrollo económico y social.

La relación con los organismos internacionales deberá basarse en principios firmes de negociación, tanto en lo referente a la deuda que el país mantiene con ellos, como con los acreedores privados. El gobierno buscará solucionar el problema de la carga de la deuda externa, sin allanarse ante imposiciones o condicionamientos de los organismos internacionales.

Un ajuste recesivo para pagar el servicio de la deuda, por la vía de aumentar los impuestos o reducir el gasto socialmente necesario, sería equivalente a pagar deuda a costa de más hambre, más desempleo, menos salud, menos educación, menos vivienda digna para los mexicanos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social.

La inviabilidad de pagar con ajuste o sacrificando el crecimiento futuro de la economía, es advertida por los propios acreedores, que tienden a entender que sólo podrán cobrar si al país le va bien. No se trata solamente del problema del crecimiento global de la economía, sino de cómo se crece y para quién se crece.

Sería importante que nuestro gobierno sume sus esfuerzos con los gobiernos de países, especialmente de América Latina, que enfrenten problemas similares respecto a su deuda externa, para intentar su solución en el marco de los principios antes establecidos.

Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. En el mundo actual, la producción de conocimientos y su incorporación a la vida social se ha convertido en el factor central para el desarrollo social. La existencia de una potente política para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es uno de los principales componentes del ineludible giro político y social que debemos emprender. En este marco resulta decisivo desarrollar un plan estratégico que convierta a la innovación en un elemento dinamizador e integrador en nuestra sociedad.

Hay que facilitar el crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios con alto grado de conocimiento, es decir productos en los que un factor principal de destaque sea el saber hacerlos.

El objetivo no debe ser sólo el aumento de la producción comercializable. La aplicación del conocimiento a la mejora de las condiciones de vida de la gente constituye una absoluta prioridad. Para esto es importante la relación con las universidades públicas, lo que implica mayor carga presupuestal y mejores condiciones de trabajo y salariales para profesores, investigadores y personal administrativo.

La incorporación de valor y de nuevas tecnologías, fundamentalmente biotecnológicas, resulta muy importante para el desarrollo de complejos, con particular atención al fortalecimiento e integración de las PYMES y las empresas familiares agropecuarias.

Desde este punto de vista resulta clave la Innovación y Desarrollo en las telecomunicaciones, así como también los desarrollos en biomedicina y otras investigaciones y tecnologías vinculadas con la salud, la industria farmacéutica y sectores relacionados.

La aplicación de recursos presupuestales a este fin gozará de especial preferencia. Los estados deben realizar inversiones en este rubro. El incremento de los fondos también deberá originarse en un crecimiento significativo de la inversión privada en Innovación y Desarrollo para lo cual deben existir estímulos estatales.

Asimismo, pueden cumplir un importante papel en el financiamiento la banca pública de fomento y la banca cooperativa.

POLITICAS SOCIALES

La política social busca satisfacer las necesidades básicas para toda la población y la creación de condiciones que permitan el pleno desarrollo de la persona, se basa en las siguientes orientaciones principales: justicia social, mejor calidad de vida, trabajo digno, equidad e inclusión, distribución solidaria, integralidad, participación y descentralización, salud para todos, educación para el desarrollo y la cultura ciudadana, seguridad social integral y vivienda popular.

Justicia Social

Las profundas desigualdades sociales existentes, que se han agravado debido a las políticas implementadas por los gobiernos que hemos venido soportando, constituyen sin ninguna duda una injusticia intolerable y el mayor problema de nuestra sociedad por lo que reclaman absoluta prioridad.

Esas desigualdades implican que mientras una minoría vinculada a los grandes negocios, la especulación y las trasnacionales acumula riqueza, la gran mayoría del país está sufriendo una pérdida de calidad de vida y sectores crecientes viven en la pobreza e incluso en la indigencia extrema, privados de necesidades elementales para un desarrollo personal y social mínimamente aceptables.

El problema de la pobreza por su dimensión y por sus consecuencias en el presente y para el futuro requiere un enfoque:

• integral que combine las políticas sociales entre sí y con las políticas económicas;

• diferencial para compensar las gravísimas desigualdades actuales;

• participativo para involucrar no solo a los interesados sino a toda la sociedad en la solución del problema.

Mejor calidad de vida

La satisfacción de las necesidades básicas indispensables para el ser humano durante todo el desarrollo de su vida, tales como alimentación, salud, educación, vivienda, acceso a los servicios, seguridad y previsión sociales, es lo que determina la calidad de vida de la gente.

Ahora bien, esos servicios vitales en nuestro país son inversamente proporcionales a las necesidades de la gente. Los que más los necesitan son los que o no los tienen, o les resultan insuficientes o los reciben pero son de mala calidad.

Por tanto, para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo es absolutamente necesario modificar sustancialmente esos servicios vitales a fin de que sean directamente proporcionales a las necesidades de la gente y no al revés como ocurre actualmente.

Algunas de las medidas fundamentales son el apoyo al sector productivo con el fin de aumentar las fuentes de trabajo y frenar de inmediato el deterioro salarial como también impulsar decididamente una gradual recuperación del ingreso de las familias.

En este sentido y buscando aliviar las situaciones más acuciantes debe implementarse un Plan Nacional de Alimentación instrumentado en coordinación con las redes sociales e institucionales y los sistemas de educación y de salud.

El acceso a la práctica deportiva es un derecho más de todos los ciudadanos y ciudadanas y el poder político tiene la responsabilidad de asegurarlo, por lo que se requiere de un Plan Nacional, el desarrollo del deporte educación, del deporte competición y del deporte salud- recreo.

La diversidad cultural como creación colectiva de nuestro pueblo es el principal patrimonio de la nación, es necesario mantenerla y acrecentarla sobre las bases de la memoria colectiva, la identidad nacional, y la participación descentralizada, combinando la cultura del trabajo como elemento social con la producción cultural en su más amplia extensión. La cultura en todas sus manifestaciones es también un requisito esencial para la identidad nacional y para el desarrollo social que merecerá el mayor impulso y estímulo.

Trabajo Digno

La desocupación, la subocupación, la precariedad, la informalidad, la remuneración insuficiente, la desprotección laboral y la falta de garantías sindicales afectan a la mayoría de nuestro pueblo y son el resultado de las pésimas políticas aplicadas por sucesivos gobiernos conservadores y neoliberales.

Un cambio de rumbo en esta tendencia que ha llevado al deterioro y a la desintegración social es una prioridad para un proyecto de país.

En primera instancia, y dada la situación del país, la prioridad está en la creación de fuentes de trabajo estables y dignas y en frenar el deterioro del salario real; gradualmente se irán corrigiendo las desigualdades actuales en los sistemas de remuneración y procurando la recuperación salarial y la actualización de la legislación laboral.

La protección al trabajador y trabajadora rural y al trabajador independiente, el apoyo económico, técnico y administrativo a las empresas familiares y pequeñas del campo y la ciudad están también entre nuestras preocupaciones prioritarias y constantes.

Al mismo tiempo, a través de la negociación colectiva es imprescindible mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo y la ciudad fuertemente deterioradas por las políticas prescindentes, flexibilizadoras, y en definitiva explotadoras, de inspiración e interés trasnacional que han sido aplicadas en los últimos tiempos.

Equidad e inclusión

La exclusión social derivada de la marginación y las discriminaciones de cualquier índole, sea por razones de género, de edad, de etnia, situación y condición de salud, constituyen una preocupación fundamental.

Teniendo en cuenta la infantilización, la feminización y la juvenilización de la pobreza en la coyuntura actual, la atención a las madres gestantes, a los niños y niñas de la calle y a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, será considerada de máxima urgencia por parte de nuestro proyecto, propiciando el desarrollo integral en el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Las políticas sociales incluirán la perspectiva de género contemplando las problemáticas específicas de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social y política, buscando la equidad y la profundización de la democracia. Se apoyará a las mujeres en situación de pobreza, o de violencia sexual o doméstica, combatiendo las discriminaciones en el trabajo y en las remuneraciones, asegurando el derecho de las trabajadoras domésticas a los beneficios de la seguridad social.

Como criterio general en todos los casos se eliminarán las prácticas clientelares y paternalistas, procurando la autogestión de los propios involucrados y la cogestión de las instituciones públicas y las organizaciones colectivas existentes en el medio urbano y rural.

Distribución solidaria

Rechazamos el enfoque economicista que pretende supeditar y subordinar las políticas sociales a las variables macroeconómicas. Por el contrario, entendemos que la situación de condiciones inhumanas de vida de cada vez más amplios sectores de nuestra población no admite la menor demora y ningún pretexto es válido para soslayarla o postergarla.

Estamos convencidos de que el país tiene recursos materiales y humanos suficientes para encarar los temas de la pobreza y la exclusión, que aplicados en forma planificada y participativa permitirían obtener una pronta mejora de la situación.

Para ello es necesario coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones públicas y de la sociedad civil, evitando las superposiciones, las omisiones y la fragmentación de la atención.

Y, además, es imprescindible descartar el criterio particularista y corporativo con el que tradicionalmente se han financiado las políticas sociales y comprender que las mismas requieren una financiación colectiva de toda la sociedad sobre la base de un sistema tributario justo que tenga en cuenta la real capacidad contributiva de las personas, eliminando la distribución regresiva actualmente imperante.

Integralidad

Las políticas sociales tienen un enfoque integral e integrador del conjunto de la sociedad abarcando por consiguiente no solamente los aspectos sociales propiamente dichos, sino también los económicos y los administrativos.

Por tanto, las políticas sociales que aquí se proponen de ningún modo son independientes, ni tampoco dependientes, sino interdependientes con las políticas económicas e institucionales que se han planteado.

La vinculación con las políticas económicas se da fundamentalmente por el lado de la necesidad de una financiación global de las mismas, por la necesidad de impulsar medidas de apoyo al sector productivo para crear fuentes de trabajo dignas y por la voluntad de implantar políticas impositivas que tengan en cuenta la capacidad contributiva y la distribución equitativa de la riqueza.

La vinculación con las políticas administrativas se da fundamentalmente por la necesidad de planificar y coordinar la acción de todos los organismos del Estado, nacionales, municipales, centrales y descentralizados a fin de aumentar la eficiencia y la eficacia de las políticas siempre en el marco de la mayor participación social posible.

Salud para todos

Se avanzará sustantivamente en la construcción de un Sistema Nacional de Salud con un Seguro Nacional de Salud, con amplia participación de los trabajadores y usuarios tanto en la conducción como en la base territorial.

Priorizamos la atención primaria y preventiva como parte de un cambio del modelo de atención a la salud. A tal efecto se potenciarán al máximo las policlínicas a lo largo y ancho del país, coordinando las instituciones públicas, y los distintos niveles de atención.

Deberá asegurarse la cobertura de salud para toda la población, aprovechando todos los recursos humanos y materiales disponibles, regulando y controlando los medicamentos, insumos y tecnologías, consolidando un servicio sin fines de lucro dentro del sistema nacional integrado de salud.

Educación para el desarrollo y la cultura ciudadana

La democratización del acceso -a través de la superación de las condiciones que hoy la limitan- y la mejora sustancial de la calidad de la enseñanza resulta fundamental para la construcción de un país productivo y justo que apunte al desarrollo humano, la construcción de ciudadanía, la formación permanente, la cultura y la innovación.

La educación debe atender las tremendas desigualdades sociales existentes, rescatando su carácter integrador y su apertura a la comunidad. La educación técnica y profesional debe jerarquizarse para todas las edades y a todo nivel, así como la investigación y la extensión en función del interés nacional.

Es imperioso construir un sistema nacional de educación acorde a estos objetivos promoviendo la participación, la descentralización y la autonomía, recobrando la esencialidad del carácter público de la educación. La enseñanza no formal y comunitaria, al igual que los medios de comunicación, deben aprovecharse al máximo en esta dirección.

Todo ello requiere un aumento presupuestal significativo en relación al PIB tendiendo a ajustarse a las recomendaciones de organismos como la UNESCO.

Rechazamos los proyectos de mercantilización de la educación, impulsados por organismos internacionales como la OMC, en la medida que reivindicamos su carácter de derecho esencial y patrimonio nacional.

Seguridad social integral

Se deberá modificar sustancialmente el sistema actual. El nuevo sistema de carácter integral estará basado en los principios de: universalidad, redistribución, solidaridad intergeneracional, participación, protección y aportación tripartita. Los beneficios de la seguridad social deben atender las necesidades reales tanto de activos como de pasivos priorizando a los más necesitados.

El retiro abrupto de la vida activa genera severos problemas y origina verdaderos dramas sociales. Por lo que se propondrá un sistema de retiro o jubilación gradual de la actividad laboral combinando con políticas de estímulo a la contratación de jóvenes.

Vivienda popular

La política de vivienda abarcará a toda la población, priorizando a los que carecen de ella. Para hacer efectivo el derecho a la misma se definirá e implementará con amplia participación ciudadana.

Se emplearán diferentes formas de gestión y tenencia, crédito y subsidio, para atacar los distintos problemas: acceso, permanencia, producción, tierra, mejoramiento y mantenimiento, aprovechando las infraestructuras existentes y potenciando a la construcción para generar empleo.

Se promoverán asimismo los consensos necesarios para constituir una política de Estado en la materia.

Participación y descentralización

La profundización de la democracia tiene como eje fundamental la participación de la ciudadanía y en particular de los trabajadores y usuarios. Este protagonismo constituye un derecho y una necesidad social para aumentar la calidad y el impacto de las políticas que se instrumenten.

Los gobiernos conservadores desdeñan la participación de la gente e implantan sus medidas que benefician a los menos y perjudican a los más, en forma inconsulta y autoritaria. Por el contrario, para nosotros se tendrá como norma la consulta y el respeto a la iniciativa de los involucrados, aunque atendiendo siempre las prioridades y el interés general de la sociedad por encima de intereses particulares.

La descentralización debe ser motor de la ejecución de las políticas promoviendo la transferencia de poder a los actores locales. Es una alternativa para favorecer el desarrollo equilibrado y sustentable, conjugando políticas de ordenamiento territorial y desarrollo en una perspectiva estratégica.

INSERCIÓN INTERNACIONAL

El nuevo proyecto de nación pretende una política exterior independiente, de defensa de la soberanía e intereses nacionales, favorable a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, a la vigencia de los derechos humanos, a la distensión internacional, a la preservación del medio ambiente y sus normativas, y a las relaciones entre Estados y pueblos regidas por el derecho internacional.

Se basará en los principios de respeto de la integridad territorial y de la soberanía; la no-agresión; la no intervención y no-injerencia en los asuntos internos de los países por ningún motivo de carácter económico, político o ideológico; igualdad y conveniencia mutua.

Para la aplicación de estos principios y para la estrategia de inserción internacional, se buscará el restablecimiento de una política de Estado, que se respalde en grandes acuerdos políticos y sociales y que mantenga continuidad en los futuros períodos de gobierno.

Se trabajará en la reforma y el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y en la nueva estructura de su Consejo de Seguridad, impulsando todas las acciones que impliquen la democratización de los organismos multilaterales y la obligación de respetar y cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Es necesario vincularnos con los países latinoamericanos para expresar los intereses de sus pueblos, con lo que se tendrán más posibilidades de transitar por los caminos de solidaridad y cooperación internacionales y lograr que las inversiones productivas, el intercambio comercial o el científico-tecnológico avancen de acuerdo con los intereses nacionales y regionales de esos pueblos.

El mundo descansa sobre un orden internacional injusto. La extrema concentración de la riqueza en un pequeño grupo de naciones poderosas y la difusión de la pobreza al resto del planeta, constituyen una preocupación central de nuestra fuerza política una vez que, nuestro país, forma parte del mundo dependiente y pobre. La estructura de las relaciones internacionales, determina que la riqueza de unas naciones tiene por condición la pobreza de las demás. Nuestra pretensión es luchar contra este orden expoliador e injusto que conspira contra los más elementales derechos del ser humano, procurando la construcción de un orden internacional más justo.

Es necesario también promover la aplicación de criterios de racionalidad y austeridad haciendo que el servicio exterior del país cumpla su papel de forma eficaz y de representación de los auténticos intereses nacionales con énfasis en la promoción y búsqueda de mercados para la producción nacional y desarrollo creciente de las relaciones científico-técnicas y culturales con otros Estados.

INSERCION REGIONAL: EL TLCAN

Es una cuestión de principios la renegociación total del TLCAN y la búsqueda de nuevos mercados con América Latina, la Unión Europea y los países asiáticos.

Igualmente, la relación con los organismos financieros internacionales debe darse en un marco de respeto a nuestra soberanía financiera y a las capacidades reales de pago que tenga el país para asumir sus compromisos.

*Profesor-investigador del CIESTAAM de la Universidad Autónoma Chapingo y miembro de “Cultura, Trabajo y Democracia, A.C.”