POR UNA ECONOMIA ALTERNATIVA Y EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD SOCIAL

Análisis económico del “Acuerdo de Chapultepec”

Porque sí se puede decir no al Acuerdo de Chapultepec

Ponencia presentada por el Lic. Benito Mirón Lince Subsecretario de Trabajo y Previsión Social

Noviembre 29, 2005

El día 29 de septiembre del año en curso, en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México, D. F., un grupo de personas autollamadas “miembros de la sociedad civil”, suscriben un documento que proponen a la sociedad en su conjunto y que denominan “Acuerdo Nacional Para La Unidad , El Estado de Derecho, El Desarrollo, La Inversión y El Empleo”, asumiendo según dicen, “su papel corresponsable en el avance del país”.

El acuerdo, visto como la oferta de una clase poderosa económicamente, (o como lo diría Francisco I Madero en su libro “ la Sucesión Presidencial en 1910” “En las esferas de los gobernados, tenemos en primera línea la clase privilegiada, la gente rica que goza de toda clase de garantías cuando solo emplea su actividad en los negocios, cosa que no le cuesta mucho trabajo, porque la riqueza siempre ha fomentado el egoísmo. Parte de esta clase es constantemente beneficiada por el gobierno, y la inmensa mayoría, que no lo es, está también contenta con la situación actual, pues le permite dedicarse al lujo, al placer, a todas las voluptuosidades que le proporciona el dinero, y no solamente tiene libertad absoluta para ello, sino que goza de impunidad relativa”.) no tendría ningún inconveniente, pues es natural que, como en cualquier negocio, las partes siempre proponen lo que a sus intereses conviene, pero, pretender hacerlo valer como un Acuerdo Nacional, en beneficio de todos, nos obliga a hacer consideraciones y reflexiones para ver la intención del mismo y cerciorarnos si se trata de un planteamiento de carácter estructural o, simplemente de un maquillaje que permita paliar algunas de las condiciones de pobreza y falta de posibilidades de desarrollo del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, en beneficio de los pocos y más favorecidos.

A nuestro juicio, el acuerdo que requiere el país, tomando en consideración la actual coyuntura que pasa por el 2006, nos debe abrir como nación, como pueblo, la gran oportunidad histórica, de iniciar una verdadera transformación del sistema; cualquier propuesta de cambio debe plantearse, de manera definitiva, desde el punto de vista del cambio de modelo económico; es preciso terminar con la simulación y el gatopardismo, para enfocarse no hacia la forma, sino al fondo, a lo estructural. El fracaso del modelo neoliberal, de economía de libre mercado y firma indiscriminada de acuerdos de libre comercio, esta ya muy visto; dentro de ese modelo no hay posibilidades de construir una sociedad diferente, un mundo justo para los más, pues por un lado produce una criminal concentración de riqueza y bienaventura para las minorías del mundo y por otro, pobreza, ignorancia, miseria, muerte, y carga por necesidad con el desempleo como mal estructural del mismo. Los avances tecnológicos que ha logrado la humanidad, son utilizados en beneficio de las minorías oligárquicas, y en aras de la productividad y el crecimiento económico se pone a los trabajadores en la calle; el mundo está en manos de no más de 5,000 poderosos y las ventas de las 500 transnacionales más grandes equivalen al 47% del Producto Bruto Mundial, pero solo dan empleo al 1.59% de la fuerza de trabajo; el 95% del flujo monetario mundial es financiero especulativo, el dinero produciendo dinero, economía artificial no productiva, destinada no a la satisfacción de necesidades, sino a la ganancia desmedida; más de un billón de dólares cambia diariamente de propietario en el mundo y casi todo en transacciones monetarias netamente especulativas; los firmantes del Acuerdo de Chapultepec lo saben muy bien, por lo que considero que un pequeño grupo de grandes empresarios con inmensos intereses económicos, si bien es correcto que hablen por ellos, no son los mejores voceros de la sociedad en su conjunto, razón por la cual es necesario que ésta se manifieste en todas sus formas para dar la lucha política, cultural, económica e ideológica en defensa de sus auténticos intereses.

Para la mayoría de los mexicanos, para la gente progresista que verdaderamente quiere un cambio con cambio, para quien quiere contribuir a la construcción de un proyecto alternativo de nación, hoy no es hora de medias tintas, de simulaciones o de engaños, hoy es preciso plantearnos la necesidad de lograr lo diferente, debemos de pensar en un Estado que deje de asegurar las condiciones de reproducción del orden establecido, que produce una alta concentración de riqueza y por consecuencia una gran marginalidad e incremento de la pobreza. El acuerdo que se proponga, debe ser sustancialmente distinto al modelo actual, al orden establecido, buscando cambiar el presente y no simplemente mejorarlo o corregirlo. El que las cúpulas políticas y económicas no quieran ver la necesidad de un cambio de fondo, o quieran solo el “cambio” dentro del mismo modelo económico, no elimina su necesidad. Es la hora de los acuerdos para el parto de un nuevo México y no la hora del maquillaje, esto dependerá de la participación masiva de la gente.

A buscar la unidad de la patria debe ser la consigna; a construir la patria justa debemos dedicar nuestros esfuerzos; a buscar el cambio con cambio, con la inclusión de los todos, en lo cultural, lo social, lo político, lo económico y lo ideológico. Por ello planteamos la importancia de transformar el presente para forjar nuestro futuro, con base en políticas que corrijan el rumbo actual por el que se conduce al país, con un nuevo proyecto que promueva cambios estructurales que tengan que ver con una visión social y no individual de la economía, donde los calificativos de promover la división entre los mexicanos, se les atribuyan a quienes lo merecen e impiden el justo desarrollo del país, a quienes hablan y quieren la unidad en la desigualdad, a quienes pregonan un Estado de Derecho en el que no seamos iguales ante la Ley , anteponiendo sus propios intereses a los de la nación y no a quienes de verdad buscan la justicia social que este pueblo merece.

Es preciso promover un acuerdo que combata el círculo engañoso del mito del neoliberalismo, basado exclusivamente en la economía de libre mercado y la apertura comercial como única opción para los países del mundo, en beneficio claro de los más desarrollados, con cambios estructurales que revaloren el papel del trabajo y el rol que debe jugar el Estado en la conducción de la nación, así como los intereses a los que debe de servir y obedecer, instrumentando una política de verdadera distribución de la riqueza mediante el fortalecimiento del mercado interno y la priorización de la inversión productiva sobre la especulativa, que de tranquilidad no únicamente a los mercados financieros, sino principalmente a la gente, que anteponga a la globalización neoliberal, la globalización democrática.

Esas son las mínimas premisas que debería plantear un acuerdo que se pretende nacional y representativo de la sociedad en su conjunto y que con franqueza no vemos que contenga el del Alcázar, considerando que si se puede decir no al Acuerdo de Chapultepec por las siguientes razones:

El Acuerdo señala: “Los mexicanos estamos construyendo una democracia para garantizar nuestras libertades, nuestra pluralidad y nuestros derechos. Debemos fortalecer nuestras instituciones, la gobernabilidad y evitar visiones de corto plazo”. Es evidente que la democracia que se ha venido construyendo mínimamente, ha sido reducida solo a la parte político - electoral, excluyendo la más importante que es la económica, que ni por asomo se puede decir que garantice las libertades básicas de los mexicanos ni sus derechos fundamentales al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la aspiración de una vida mejor para la mayoría de los mexicanos. Las instituciones responden hasta ahora, de manera esencial, a los intereses de los que más tienen. Hoy por hoy no todos somos iguales ante la ley; las cárceles tienen mucho que ver con el nivel económico de quien las habita, por ello están llenas de pobres y vacías de ricos, sobre todo de los de cuello blanco y ni que decir cuando se trata de la aplicación de la ley cuando están de por medio asuntos de carácter colectivo o social; es el interés del poderoso el que normalmente se ve beneficiado. Estamos hablando de dos democracias que en nada se parecen; de dos conceptos de libertad completamente distintos, uno, la libertad absoluta que pregona él mas fuerte, otra, la libertad que restringe los abusos del poder y que solo se concibe en beneficio de las mayorías. ¿Cuáles son entonces las instituciones y la gobernabilidad que se pretenden fortalecer según el “Acuerdo”?; ¿es al pueblo, a la sociedad en general a quien le conviene ese fortalecimiento? La respuesta es simple; no, hay que cambiar esas instituciones, hay que ponerlas al servicio del pueblo y eso solo se consigue combatiendo el modelo económico actual, al que solo se pretende maquillar con las propuestas que contiene el “Acuerdo”; el asunto es, primero discutir a quien sirven las instituciones, al servicio de quien están y después, quedando claros estos aspectos, tomar la decisión de fortalecerlas o cambiarlas de raíz. Es bueno recordar que a lo largo de nuestra historia, en diversas ocasiones las decisiones patrióticas exigen lo segundo, pues como en el caso de Porfirio Díaz, en 1910, habían ya dejado de favorecer a los intereses del pueblo, para convertirse en una verdadera carga social que impedía ya el desarrollo democrático de la nación amén de la gran desigualdad social que como ahora, se generó en nuestro País.

“…fortalecer el respeto a México en el concierto de las Naciones,… con una activa defensa de los intereses del país”. Cómo pretender esto si no planteamos un cambio en la política internacional, donde aceptemos que el actual marco de relaciones internacionales es adverso al crecimiento de los países subdesarrollados, aceptemos que en el mundo globalizador nuestras alianzas de fondo, por identificarnos los mismos intereses, son con los países en desarrollo que sufren los mismos embates de las políticas proteccionistas y de altos subsidios de los más desarrollados, principalmente de los EEUU; ¿como no plantear la inconveniencia de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en los términos desventajosos en que se hizo y además constituirse en promotor del Tratado del Libre Comercio de las Américas (ALCA) que significa ceder nuevamente a las intenciones expansionistas de nuestro vecino del norte, en detrimento de los intereses de América Latina en general y de México en particular? Ante este escenario no compartimos lo señalado en el “Acuerdo” en cuanto a que “México,… cuenta hoy con todas las condiciones para que su población acceda a mejores niveles de bienestar y se inserte con éxito en su mundo globalizado y competitivo…” y si no estamos pensando en un cambio de modelo económico , que solo propicia que la productividad a través de los avances tecnológicos o mayor explotación de la mano de obra solo produzca mayor concentración de riqueza y por necesidad mayor desempleo y marginación. Hasta ahora, la mayoría de la población económicamente activa (PEA) esta excluida de una formación y capacitación para la era del conocimiento y la información y desde luego éste modelo no da para la implementación de una política específica que tienda a corregir la escandalosa desigualdad cultural y socioeconómica que imposibilita el verdadero desarrollo con justicia social. Un informe sobre desarrollo humano del 2005, emitido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que “5% del ingreso de la quinta parte de los hogares más ricos de México serviría para sacar de la pobreza a 12 millones de mexicanos”.

Se desprende del acuerdo que: “atravesamos tiempos excepcionales en los cuales las más importantes variables externas son muy favorables:… las remesas de los mexicanos son las más altas de la historia…” Como concebir en un lenguaje de justicia social “el desarrollo de México” que se dice buscar con las propuestas del acuerdo, cuando se pretende basar éste en las remesas que envían nuestros connacionales, desprendiéndose de todo sentimiento hacia la persona, hacia la familia de los que por necesidad y falta de oportunidades a raíz de un modelo que ha resultado un lastre, tienen que abandonar su hogar que en muchas ocasiones termina en la desintegración y sobre todo pretendiendo desconocer informes como los de la Border patrol de E.U. en cuanto a que 460 mexicanos murieron al intentar cruzar la frontera en el 2004, siendo la cifra real, por supuesto mayor, ya que muchos ni siquiera son encontrados después de su muerte. Si se hace una operación matemática en relación a las remesas del año pasado con el número de decesos arroja un resultado de un muerto por cada 34 millones de dólares enviados, que tal vez para algunos pocos no sea muy caro sobre todo tomando en consideración que de lo que se trata es de satisfacer el mercado y la obtención de la ganancia y que el sacrificado no es “de la familia”. No podemos compartir la visión del acuerdo en el sentido de que “atravesamos tiempos excepcionales en relación a las remesas pues la vida de un solo mexicano vale más que la tranquilidad de cualquier mercado.

“El acuerdo” continua: “Contamos con una sólida estabilidad macroeconómica”… Ahora debemos asegurar un alto crecimiento económico con empleo y un sólido desarrollo social..” Estamos convencidos que sin una visión distinta de proyecto de país jamás será posible que ese planteamiento se haga realidad, mucho menos cuando se trata de cambios cosméticos que solo buscan la conservación de privilegios pues nunca en la historia de un país, los beneficiarios del régimen son quienes promueven su cambio, y si ha habido avance en ciertos indicadores de la macroeconomía, como la cifra récord de 65 mil millones de dólares en las reservas del Banco de México, la estabilidad del peso frente al dólar o las tasas de interés sobre la deuda externa, es preciso tener claro en favor y en perjuicio de quienes han operado y que el corregir este fenómeno no es un asunto ni siguiera de buenas voluntades, sino un problema sistémico, una cuestión de fondo, de definir para quien opera el régimen y las instituciones que le dan vida. Hoy es tiempo de acabar no solo con los privilegios de los pocos, sino de cambiar de privilegiados, estos deben ser ahora los pobres, las mayorías de este país que ya clama por un cambio con cambio, pues hasta ahora las épocas de crecimiento económico han concentrado más riqueza, generan desempleo en nombre de la productividad y por el aprovechamiento de los avances tecnológicos por parte de las clases oligárquicas, flexibilizando las relaciones de trabajo, cancelando las posibilidades de la seguridad social, el empleo bien remunerado y como consecuencia una descomposición del tejido social y el empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos, con resultados contrarios al “sólido desarrollo social” que se plantea en el acuerdo.

El acuerdo señala: “Es posible lograr cambios de fondo con cambios de forma”. Tal vez en términos políticos la frase de don Jesús Reyes Heroles en cuanto a que “la forma es fondo” sea cierta y de hecho en los regímenes absolutistas como los que se han padecido en México tenga gran significado ya que en muchas ocasiones bastaba un saludo, un abrazo, una sonrisa o una palmada para saber mediante esa forma, quien podía ser el próximo candidato a lo que fuera, resolviéndose un asunto de fondo para el siguiente período. Pero, no, el Acuerdo que necesita México es de cirugía mayor, los problemas de pobreza, desempleo y marginación son un asunto estructural que tiene que ver con el modelo económico; la forma en términos de esos problemas no es más que maquillaje; es darle una polveada al descompuesto rostro de la República que ya muestra los desvelos y sufrimientos de la mayoría de sus hijos y que se requiere, sin simulaciones, llegar a fondo para transformarla; lo que hace falta es restaurarla nuevamente como lo hicieron los liberales del siglo XIX. Es importante recurrir a nuestra memoria histórica y recordar como a principios del siglo pasado el país se encontraba en condiciones semejantes a las del México actual, como bien lo describía allá en 1909 Andrés Molina Enríquez en su libro “Los Grandes Problemas Nacionales”, obra en la que analizó la situación y problemas socioeconómicos y políticos de un país al borde de la convulsión. Era Francisco I Madero quien en ese mismo tiempo señalaba que “la nación requería una cirugía mayor (como ahora) y que si don Porfirio Díaz no se daba cuenta de ello y obstaculizaba el avance democrático que debía darse por medio de la lucha electoral, sería el culpable del estallamiento de una revolución”. El confundir o pretender que en materia económica, de pobreza, miseria, desigualdad y concentración desmedida de la riqueza, corrigiendo la forma se pueden lograr cambios de fondo, no solo no detiene la historia, sino que la acelera, no es quedándose dormido como puede evitarse que amanezca; tal vez lo que el “Acuerdo” pretende en el fondo, es cambiar la forma y eso es cambio sin cambio como en el 2000; eso es desesperanza, eso es decepción, eso es irresponsabilidad y poner en riesgo a la patria dejándola supeditada a los grandes intereses económicos de las minorías. ¿Porqué no entender que la energía del cambio se acumula generación tras generación y se convierte en cada momento histórico en una gran fuerza que si los responsables de conducir a la nación no lo entienden, el pueblo toma las riendas y tarde o temprano pone un freno al sistema de injusticia que impide el desarrollo y avance de las naciones?

El documento se presenta como un “Acuerdo Nacional para la Unidad , el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo” por lo que es necesario considerar los términos del mismo.

No podemos hablar de “fortalecer la unidad nacional”, como se dice en el “acuerdo”, no se debe plantear sin pensar en un cambio de fondo que termine con la era de las simulaciones y haga posible la vigencia de una verdadera justicia social, pues promover la unidad en abstracto es favorecer la injusticia y la desigualdad. Es necesario recuperar el derecho de los todos a decir su verdad, como la dicen los menos, sin el temor de que al plantear algo distinto a los intereses de los de arriba se les califique de radicales y enemigos de la unidad, condenándolos a la marginalidad y a la ausencia en casi todos lo medios de comunicación, aunque sean muchísimos más que ellos; unidad con igualdad es los que se requiere y con cambios de forma la ecuación alcanza solo para unidad en la desigualdad. Es claro que el país está dividido entre los pocos que tiene todo y los muchos que casi nada, flotando en medio una clase media cada vez más reducida y lanzada a la proletarización; son ellos, los representantes de los grandes intereses con sus instituciones y su Estado de derecho quienes han provocado tanta desigualdad. Solo con propuestas de cambio de fondo, que no vemos en el “acuerdo”, es moral y ético hablar de unidad; sin embargo la unidad del pueblo mexicano que ellos plantean si la vemos posible en el 2006 y la presencia de la selección mexicana de fútbol en el mundial de Alemania es una buena oportunidad para lograrla pues seguramente, ante cualquier triunfo, estaremos en las calles de la ciudad gritando “México - México” y llegará gente a bares y restaurantes, o al Angel de la Independencia , aunque claro, unos de franeleros o de niños disfrazados seguramente de miseria y otros disfrutando de coñac y caviar; al Angel, unos en camión y hasta a pie y otros en lujosos automóviles generando, eso sí, un buen número de empleo de “guarura”; en todos esos lugares escucharemos: unidad – unidad México – México; que felicidad, lástima que al retorno la vida habla con verdad y entonces la unidad queda hecha añicos, cuando nos damos cuenta que la misma, al depender de un gol es pura ilusión, pasajera y de forma. El fortalecimiento verdadero de la unidad nacional requiere no de un “acuerdo”, sino de un pacto, que restaure nuevamente la República y el hecho de que “los firmantes” no lo quieran o no lo puedan ver así, no niega su necesidad y su inminencia; ojalá la nueva historia que está por escribirse logre romper la inercia del rumbo que han marcado los inicios de los pasados dos siglos y no tengamos que repetir las proféticas palabras que en 1856 decía Melchor Ocampo ante las instrucciones del en aquel entonces Presidente de la República , Ignacio Comonfort, pues a veces hay diferencias irreconciliables: “dudo mucho que con apretones de mano, como Comonfort me dijo que ha apaciguado a México y como se propone seguir gobernando, pueda conseguirlo, cuando yo creo que los apretones que se necesitan son de pescuezo”. A veces no es cuestión de buena voluntad, sino el enfrentamiento definitivo de dos proyectos de nación que buscan un lugar en la historia.

“El Estado de Derecho”. El enfoque que al respecto se presenta en el “Acuerdo”, según se desprende del punto número uno de los objetivos, va dirigido a concebir el derecho desde un punto de vista exclusivamente individual en cuanto a la protección de la seguridad física de los ciudadanos, proponiéndose una serie de reformas a los órganos de procuración y administración de justicia, que tienen que ver con la simple aplicación de la ley, quedando oculto realmente el Estado de Derecho desde el punto de vista social, que debe servir de sustento a un orden que supedite la aplicación rígida de la norma jurídica a la justicia colectiva y que responda a los intereses de la sociedad en general.

También, en dicho “acuerdo” se señala que “es imprescindible el afianzamiento del Estado de Derecho, sin mencionar a cual de ellos se refieren, pues si volteamos un poco a nuestra historia, nos podemos dar cuenta que no es solo uno sino dos estados de derecho los que existen. El estado de Derecho no es más que el vehículo, el instrumento que a través de la gobernabilidad procura la conservación del orden establecido a favor de los beneficiarios del poder y se transforma permanentemente dependiente de quien y para quien se gobierne.

El Estado de Derecho con el cual nos invadieron los españoles en 1521 no era el mismo que concebía el emperador Cuauhtémoc . La ley que apoyaba los intereses de la corona española en 1810, era muy distinta a la de Miguel Hidalgo y Morelos, quienes defendían un Estado de Derecho muy distinto, pero en nombre de él, fueron ambos fusilados; que incongruencia, uno de los documentos más importantes expedidos en el siglo XIX “Los Sentimientos de la Nación ”, con una gran carga de contenido y justicia social y que a la fecha todavía tiene vigencia, no se ajustó al “Estado de Derecho” y su autor José María Morelos y Pavón fue fusilado.

Cual es el “Estado de Derecho” que en su momento habría que afianzar como marca “El Acuerdo”, el de Agustín de Iturbide o el de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero o Nicolás Bravo, el que usó para hacerse emperador o el que se aplicó para fusilarlo; el que proclamaba el Santa Anna centralista o federalista; el de los conservadores o el de los liberales; el de los Estados Unidos de Norteamérica para hacerse de más de la mitad de nuestro territorio o el de México; el de las Leyes de Reforma o el del alto clero; el que consagra el imperio de Maximiliano o el de Juárez que lo fusila; el de Porfirio Díaz que con ostentosos festejos acababa de celebrar el centenario de la independencia o el de Madero, Zapata o Villa; el del PRI con su estela de absolutismo y corrupción o el de la oposición que por años luchó para cambiarlo; el de la derecha actual o el de la izquierda; el de los neoliberales tecnócratas promotores de las privatizaciones, el libre mercado y las “reformas estructurales” que han llevado al país a una insultante desigualdad económica, social y cultural o el de la mayoría de los mexicanos que priorizan el bienestar de la gente por encima del capital; el que trata de proteger a los deudores de los abusos de la banca comercial o el de la Suprema Corte que legaliza la usura con la resolución sobre el anatocismo para favorecer el capital; el que quiere aplicar el gobierno del Distrito Federal, decretando con sobradas razones la expropiación de un predio en beneficio de la propiedad social, o el del poder judicial federal a través de la misma “Suprema Corte de Justicia de la Nación ” que considera, por encima de la constitución, como máximo bien a proteger la propiedad privada individual, como acaba de suceder con el caso de la Cooperativa Pascual ; el de los que quieren que las cosas cambien de fondo o el de los que quieren cambios de forma; el “Estado de Derecho” que privilegia la Ley o el que supedita ésta a la justicia.

Con lo antes mencionado concluyo que el orden legal se usa principalmente para proteger a quien es beneficiario del poder, ya sea que se gobierne para la mayoría o para minorías privilegiadas como sucede en la actualidad; se puede ser delincuente o no, se puede ser acusado de dividir a la nación o fomentar la división entre los mexicanos, o bien, ser respetado por procurar su unidad, dependiendo de los intereses que se represente.

“El desarrollo, la inversión y el empleo”, para todos no será más que una ilusión si se plantea que con cambios de forma se pueden hacer también los de fondo; en estos conceptos la situación que vive el país es mucho más que preocupante y por supuesto imposible de corregir sino se cambia con todo el rumbo por el cual transitamos, si no se restaura la patria, como ya lo hemos mencionado y el “acuerdo” se reduce a hacer planteamientos generales, cosméticos, que van encaminados precisamente a que las cosas no cambien de fondo y se concretan a reforzar las variables que actualmente operan en política económica, basadas en la estabilidad financiera, inflación reducida y tasas de interés competitivas, política fiscal estable y competitiva y desde luego apertura mayor a la inversión privada e impulso a las reformas estructurales, que completan exacto el marco del modelo neoliberal y que por lo tanto se hace imposible la pretensión de un desarrollo con justicia y posibilidad del crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y el empleo mejor remunerado, ya que con ese modelo los salarios y la estabilidad en el mismo, siempre se sacrifican en aras de la productividad y la competencia, que termina necesariamente por generar más concentración de riqueza, menos posibilidades de sobrevivencia si no se es “grande” y por supuesto mayor desempleo.

Considero necesario dar algunas cifras que ilustran de manera muy general lo relacionado con esos rubros que finalmente son producto del actual modelo económico, que a mi juicio se pretende reforzar con “el acuerdo”, que por lo demás deja al margen otros asuntos claves para un verdadero desarrollo con justicia social como son la corrupción, la austeridad, el combate a la pobreza no de manera solidaria sino estructural y por supuesto el asunto Fobaproa - -IPAB, que ha abierto un enorme boquete en las finanzas públicas que hace imposible la debida atención al gasto social e inversión productiva, pues para la gente en general y no para los banqueros debería emplearse esa ilegal y escandalosa deuda ahora pública que se posa sobre las espaldas de los mexicanos más pobres, por cierto, bueno sería poner también en el acuerdo quienes de los firmantes que buscan justicia social han ya obtenido justicia personal con ese asunto.

Veamos: Las cadenas de hipermercados como SAM's, Soriana y Wal Mart, han desplazado paulatinamente a los productores nacionales de los mercados regionales y propician descensos en la producción agrícola nacional. Ha habido un retroceso en la producción en más de 5 millones de hectáreas de riego y la destrucción parcial de casi 30% de la estructura hidroagrícola nacional (UGOCP). El crédito total de la banca de desarrollo aumentó en lo que va del sexenio en 11.4%; el crédito al sector agrícola, silvícola y pesquero cayó 94%; a la actividad industrial, menos 34.3%, a la manufacturera, menos 57.4%. En cambio, al sector financiero privado se le incrementó en un 289%; al IPAB, más 1047%)datos del anexo del 5° informe de gobierno). Es indiscutible que las instituciones de Banca de Desarrollo en México se alejan cada vez de las tareas de fomento de la actividad productiva para convertirse en fuentes de recursos para grandes negocios privados, orientándose a actividades de financiamiento para corporativos como Wal Mart. Congruente con ello, un reciente informe de la Federación Latinoamericana de Bancos, señala que México es el país del mundo con la mayor tasa de crecimiento de ganancias, en parte por un repunte del financiamiento, pero también por las subvenciones que el sector recibe del gobierno; se señala también que especialmente en nuestro país la banca extranjera actúa en función de intereses de sus matrices y no apoya a sectores clave para el crecimiento económico; las ganancias de 6 meses se elevaron a 2200 millones de dólares, un incremento anual de 98%. Otro dato: a 63,000 millones de dólares ascienden las inversiones y cuentas bancarias de mexicanos en el extranjero y en el1er semestre de este año salieron 10,000 mdd., siendo la mayor salida registrada para un semestre desde 1980 (B. de M.). En contraste, un estudio del analista Eduardo Soto señala que México ocupa el 2° lugar en materia de quiebra de pequeñas empresas después de Argentina, a nivel nacional, entre 2003 y 4, cerraron más de 7 mil. Por otro lado, la distribución de la riqueza nacional, lejos de mejorar tiende a concentrarse pues entre 2002 y 2004, solo el estrato más alto mejoró ya que la décima parte de los hogares más ricos concentró el 36.5% del ingreso nacional contra el 35.6% de la muestra de 2002 (INEGI); será por eso que alrededor del 6% de la riqueza nacional está en manos de solo 11 mexicanos, la que asciende a 35,500. mdd. y creció 48% en los últimos 2 años? (FORBES), sus activos alcanzan los casi 100.000 mdd., equivalente a 2/3 partes del presupuesto total para este año que el gobierno federal pretende gastar, pero también hay que decir que un grupo de 291,677 personas, menos del 0.3% de la población en México, tiene colocados más de 2 billones 821 mil millones de pesos en casas de bolsas y bancos (Banco de México – CNBV) que equivale al 42.9% del PIB, que fue estimado para el año 2003, en 6 billones, 573 mil 500 millones y 28,209 veces superior al monto destinado a mitigar los efectos del desempleo.

Ahora bien, lo que ha producido en materia de empleo el proyecto que se refuerza en los términos del “acuerdo”, no nos presenta un panorama mejor, señalando también unos cuanto datos ilustrativos: En México, cada día pierden su empleo 2500 personas por cierre de empresas, caída de ventas, recorte de plazas y otros factores. Al primer semestre del 2005, el número de trabajadores registrados como permanentes, se redujo en 231, 466 y los eventuales crecieron en 181,144 (CEPAL) la población ocupada en el sector informal es de 11.5 millones pasando del 24.9% al inicio del actual sexenio, a 28% de la ocupada. La cifra de desocupación había aumentado en 171% en relación al 2000, en el primer trimestre del 2005 (INEGI). En los primeros cuatro años de la actual administración, no se creó ningún empleo en términos netos (Economist Intelligente Unit grupo inglés que publica la revista “The Economist). 43 millones de personas constituyen la población económicamente activa (PEA) de la cual el 60% recibe de 3 salarios mínimos para abajo y solo 1 de cada 10 más de 5 salarios mínimos; 4 millones de ocupados sin salario y 25.9 millones no gozan de prestaciones; solo 15.4 millones con empleo formal (INEGI); 3000.00 trabajadores más se encuentran registrado en el IMSS que al principio del sexenio, cuando 6 millones de jóvenes se incorporaron a la PEA , generándose en consecuencia un déficit de más de 5 millones de empleos y, finalmente, solo por aquello de los mitos de la economía hay que señalar que a más de 10 años de la firma del tratado de libre comercio con América del Norte (TLC) en México tenemos hoy 9.4% menos puestos de trabajo en el sector manufacturero, se han alimentado la economía informal y el empleo inestable y de medio tiempo, los salarios mínimos y contractuales han perdido el 20% de poder de compra, se ha incrementado la diferencia entre los salarios, que se pagan en México, EEUU y Canadá, los mexicanos contratados por filiales norteamericanas gana 60% menos que los obreros y empleados de esas mismas compañías en Canadá y EEUU, la diferencia es de 4 contra 10 dólares la hora (Centro de Reflexión y Acción Laboral – CEREAL). También cuando en “el acuerdo” se habla de productividad no podemos menos que recordar que en los últimos 10 años, la industria manufacturera mexicana la aumentó a tasa anual promedio de 4.8% y el empleo se redujo en 15% (Consultores Internacionales).

Muchos, pero muchísimos números y datos más se podrían seguir manejando para ilustrar lo que el actual modelo económico produce, en cuestiones de injusticia social, desigualdad, pobreza y pobreza extrema y en contraste una insultante concentración de riqueza y trato privilegiado para unos cuantos, razón por la cual estamos convencidos que no es yendo a la forma como podremos lograr los verdaderos cambios que el país requiere y mucho menos que esos cambios puedan venir de los propios beneficiarios del sistema.

Panorama y futuro desalentador si seguimos por el mismo camino o buscando cambios cosméticos, un deterioro cada vez más grave de las condiciones laborales y de vida de millones de mexicanos, del campo y las ciudades, siendo estos fenómenos resultado del sistema de organización social que privilegia al capital sobre el trabajo, priorizando el mercado por encima el papel responsable del Estado en el bienestar de la gente. No es con las propuestas de forma del “Acuerdo” como se va a modificar la grave situación que se vive en México, particularmente del año 2000 a la fecha que se ha caracterizado por una creciente concentración de la riqueza provocando que con o sin crecimiento económico el desempleo siga en aumento en aras de la competitividad y la productividad que opera para el bien de unos pocos , haciendo que en estos años se den las tasas más altas de desempleo abierto y, como consecuencia, pérdida del poder adquisitivo del salario, disminución del nivel de vida de la mayoría, pobreza y muchos males ocasionados por la injusta distribución de la riqueza y la falta de oportunidades para generarla.

Este modelo hace que el mundo del trabajo esté necesariamente identificado con la precarización, la privatización y la flexibilización de las relaciones laborales atentando contra el derecho constitucional de permanencia y seguridad en el trabajo, como consecuencia de la concentración de la riqueza, el abandono del campo y la especulación financiera y monetarista, cuyas políticas buscan como fin la tranquilidad macroeconómica y el rígido control de los procesos inflacionarios, a costa del crecimiento económico y los salarios y, con ello, de la inversión productiva y la reactivación del mercado interno, pues ellos saben bien como obtener enormes utilidades en ese escenario. La problemática que vive México ha afectado a todos los campos de la vida económica, política y social, particularmente ha generado una diferencia entre el desarrollo que se da en el campo, comparado con el de la ciudad, un fuerte contraste entre el progreso de las grandes empresas, principalmente extranjeras, y la economía de supervivencia, de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen cerca del 80% de la planta industrial del país, propiciando este fenómeno una zanja ente los más ricos y los más pobres, alejándonos cada vez más de la posibilidad de construir un estado con justicia social.

La tarea de hoy es precisamente cambiar ese modelo económico y derrotar el mito de que la humanidad no tiene otro camino más que el de la globalización neoliberal y la economía de libre mercado; requerimos un cambio de fondo, con una visión de Estado y enfoque diferente al actual; cambiar la mentalidad individualista que aplican los tecnócratas promotores de la globalidad neoliberal, por una mentalidad basada en la equidad, cuya finalidad sea, no solo la productividad, sino la justicia social, mediante una verdadera distribución de la riqueza, que privilegie el mundo de la satisfacción de las necesidades, sobre el mundo del lucro y la ganancia desmedida; el capital productivo sobre el dinero especulativo; la globalización democrática, sobre la globalización neoliberal.

Se entiende que es necesaria la estabilidad económica, que es importante mantener altas las reservas en el Banco de México, el peso firme frente al dólar, bajas tasas de interés (aunque a los bancos ya poco les importa prestar, pues lo que debería ser el origen de su ganancia, el diferencial entre los intereses que paga a los ahorradores y lo que cobra a sus deudores, se convierte prácticamente en nada con el gran negocio del cobro de comisión por servicio a clientes y las exorbitantes cantidades que reciben del Gobierno Federal por el rescate bancario, que se traducen en alrededor de $530,000 millones de pesos en los próximos nueve años para dar salida al vencimiento de los pagarés del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB - FOBAPROA), pero se necesitan los equilibrios; es necesaria la certidumbre económica, sí, solo que no únicamente para los mercados, certidumbre económica para la gente también, aunque bien sabemos, ese no es el mundo de la tecnocracia neoliberal, no obstante que están a la vista los resultados desastrosos que para la mayoría de los ciudadanos acarrea esa política que tiene sumido al país, para beneficio de unos cuantos, en el estancamiento y recesión económica, aumento crónico de la deuda pública y privada, creciente vulnerabilidad hacia el exterior, pérdida de la soberanía a favor de las grandes empresas, mayor y acelerada dependencia alimentaria, crecimiento excepcional de la pobreza, desempleo y desigualdad social, concentración desmedida de la riqueza, destrucción del tejido social, auge de la delincuencia y la inseguridad y un Estado democrático simulado.

Este es el modelo que requiere cambiarse, pero no podrá hacerse desde el pensamiento neoliberal tecnocrático de derecha, en el que el papel del Estado es conservar, reproducir y crear las condiciones necesarias para la acumulación del capital, midiéndose su éxito por el lucro y la ganancia y no por la resolución de la problemática social; por la estabilidad de la macroeconomía, que da tranquilidad al capital, sin importar la microeconomía; en donde la pobreza no interesa combatirla de fondo, sino solo paliarla para conservar la necesaria gobernabilidad que permita continuar con el modelo de concentración de la riqueza, en el que el trabajo, queda supeditado a la productividad y a la ganancia y el desempleo es considerado un mal necesario.

Es necesario tener claro y estar convencidos que no es el vacío de poder que ha generado el actual Presidente de la República , o los muchos errores e incapacidades exhibidas por él mismo y su “gabinetazo”, lo que ha propiciado la actual situación económica en el país, que si bien contribuyen a la descomposición que se está dando en lo político, lo económico, lo social y hasta en su imagen personal, no son la causa real de tales males; la verdadera razón está en el fondo, no es un asunto coyuntural o de habilidades personales para gobernar, o de buenas voluntades, sino de aplicación de un modelo que no es para responder a las necesidades de las mayoría, por el contrario, que la supedita a beneficio de los menos.

Se requiere para iniciar el cambio, un pensamiento diferente, una visión de izquierda que se proponga cambiar el papel del Estado neoliberal, para que su esencia sea crear las condiciones necesarias para la distribución de la riqueza, que mire hacia el mercado interno, privilegiando la inversión productiva ante el capital financiero, apoyo decidido al campo, a la micro, pequeña y mediana empresa y, sobre todo, procurar la incorporación del sector social de la economía en el desarrollo del país; que de orientación social a la aplicación del presupuesto, manejándolo con plena transparencia, combatiendo con todo a la corrupción; que termine con la apertura indiscriminada a los productos extranjeros; que proteja la soberanía y la industria estratégica del país; que reparta, no solo la riqueza, sino las oportunidades de crearla y, sobre todo, que su objetivo sea el bienestar de la gente.

Es preciso señalar que sí, si queremos y estamos de acuerdo en la unidad, pero con igualdad; el Estado de Derecho, pero para construir un país con justicia social, que opere en beneficio de todos los mexicanos, que ponga las instituciones al servicio del pueblo que privilegie la justicia por encima de la aplicación rígida de la ley en beneficio de los menos; compartimos la necesidad de promover “el desarrollo, la inversión y el empleo, pero con un enfoque distinto, que nos permita combatir tanto la escandalosa concentración de la riqueza como la criminal pobreza. Si esto no es así, hay razones de sobra para decir “porque sí se puede decir no al acuerdo de chapultepec” y pensar muy bien si para gobernar este país es necesario pasar lista en el Alcázar o mejor rendirle cuentas al pueblo.

Las siguientes son solo algunas propuestas que pensamos podrían analizarse para tratar de plantear el cambio desde otro enfoque del modelo actual.

P R O P U E S T A S

•  El estado de Derecho debe tener como principio fundamental, procurar el bienestar de la gente, moderando la opulencia y combatiendo la pobreza, implementando medidas que permitan de manera urgente reducir la gran brecha que hoy existe entre los muchos pobres y los pocos millonarios.

•  Implementar medidas que impulsen la austeridad y combatan la corrupción en todos los órdenes de gobierno y del sector privado .

•  Recuperar y conservar el monopolio de la industria estratégica del país en manos del Estado.

•  El reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés y por lo tanto la autonomía de los pueblos indios .

•  Realizar la contrareforma del salinista art. 27 Constitucional para que la tierra pueda volver a manos de los campesinos.

•  Estricto cumplimiento al art. 123 Constitucional, especialmente por cuanto se refiere al empleo, estando éste catalogado como un derecho y un deber sociales.

•  El pago del salario en términos de la Fracc. Vi del Art. 123 de la Constitución y que en su parte conducente dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”.

•  En relación al punto anterior propondríamos que fuese en las empresas de los empresarios firmantes del “Acuerdo”, donde sin excepción se empezará a aplicar esta medida, tomando en consideración que son ellos quienes están proponiendo el respeto al Estado de Derecho.

•  Aplicación del convenio de la OIT en materia sindical, sin reserva alguna.

•  Revisión de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio celebrados con otros países, especialmente del TLCAN

•  Regular la inversión extranjera directa (IED) para que aporte beneficios reales a la economía nacional

•  Privilegiar el fortalecimiento del mercado interno

•  Canalizar los financiamientos públicos y privados de manera opuesta a como se viene haciendo para encausarlos hacia el campo, la micro, pequeña y mediana empresa y el sector social de la economía.

•  Impulsar programas de producción, comercialización y consumo que permitan a los de abajo desarrollarse, impidiendo que las grandes comercializadoras se aprovechen del mercado nacional.

•  Propiciar las condiciones necesarias de desarrollo y generación de empleos que impidan la emigración de tantos mexicanos a los EEUU.

•  Recuperar la vigencia del art. 25 constitucional, para que los sectores que han dejado de ser actores de desarrollo económico, puedan participar de manera equilibrada, particularmente, el sector social.

•  Fincar el desarrollo en la participación democrática en lo económico, de los productores en los procesos social, económico, cultural y político de la nación.

•  Contar con espacios y medios para que todos los sectores de la población participen activamente en las decisiones de política económica, para el desarrollo humano integral.

•  Promover un sistema nacional de organización productiva , en el cual toda la población económicamente activa cuente con trabajo en cantidad y calidad que le permita alcanzar el autodesarrollo, personal, familiar y comunitario.

•  Estimular y dar facilidades para que la forma de producción predominante sea la pequeña y mediana empresa social, a efecto de humanizar los procesos.

•  Desarrollar la infraestructura material y la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología para apoyar el desarrollo de empresas y organizaciones solidarias y comprometidas con el desarrollo humano.

•  Lograr la generalización de los derechos básicos del ser humano con equidad: trabajo, salud, educación, alimentación, recreación, vivienda, etc.

•  Lograr que la ciudadanía cuente con una formación política suficiente para poder participar con más fundamento en la elección de los poderes que determinan nuestra política económica a nivel nacional.

En la medida que se pueda ir avanzando a través de estos planteamientos, los primeros impactos necesariamente serán ir cambiando las negativas tendencias en el empleo, la pobreza y el desarrollo desequilibrado e injusto , que el modelo de economía de mercado nos ha legado y que “el acuerdo” en nada de fondo modifica, avanzando en la democracia económica con una mejor y más equitativa distribución de la riqueza para todos los mexicanos, por lo que, no tendríamos ningún inconveniente en signar “El Acuerdo de Chapultepec” si fuese agregado este documento como pie de página.