2º. DIÁLOGO NACIONAL
Hacia un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo
El Neoliberalismo contra la Constitución Mexicana
por
Luis Javier Garrido (*)
Conferencia Magistral pronunciada en Querétaro el 5 de febrero de 2005
(*) Luis Javier Garrido es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de Estado en Ciencia Política por el Departamento de Ciencia Política de la Sorbonne (Universidad de Paris I). En la actualidad es profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e Investigador Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, asi como Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Obtuvo en 1990 la Beca Guggenheim. Es autor de El Partido de la Revolución Institucionalizada (Siglo XXI Editores, 1982) y de La Ruptura (Grijalbo, 1993), asi como de numerosos artículos en revistas especializadas. Colabora semanalmente en los diarios La Jornada, El Diario de Yucatán y El Diario del Noroeste.
El Neoliberalismo contra la Constitución Mexicana
por
Luis Javier Garrido
Conferencia Magistral pronunciada en Querétaro el 5 de febrero de 2005
Compañeras y compañeros trabajadores,La defensa de la Nación y de los derechos fundamentales del pueblo mexicano pasa hoy por la defensa de la Constitución Mexicana de 1917, que entraña principios que son un obstáculo para la imposición plena del proyecto neoliberal, esencialmente los consagrados en sus artículos 27 y 123.
La Constitución de 1917 se ha convertido desde tiempo atrás en un objetivo central de las empresas multinacionales, pues al consagrar los derechos de la Nación al subsuelo, al espacio aéreo, al mar territorial y a todos los recursos básicos estratégicos, así como los derechos sociales de los mexicanos, entre los que figuran en sitio central las garantías laborales, sustentó a lo largo del siglo XX y lo que va del actual, al Estado más fuerte de América Latina, constituyendo por lo mismo un escollo para sus intereses. Los gobernantes neoliberales que ha tenido México –Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quezada--, anteponiendo los intereses y ambiciones del capital trasnacional a los derechos del pueblo mexicano, han pretendido por ello desmantelarla en sus aspectos centrales a fin de por esta vía abrir las puertas a un pleno desmantelamiento de la Nación y a la cancelación de derechos históricos de los mexicanos.
Y como acontece en buena parte de los países de América Latina, cuya historia compartimos, nuestra Constitución, criticada en algunos periodos de la historia del siglo XX por diversos sectores de la izquierda como “moderada”, “reformista” o “liberal-burguesa”, hoy es vista, y debe ser vista, como un obstáculo para que prosiga el saqueo de nuestro país, para que la avidez de las multinacionales prevalezca sobre los derechos de los mexicanos y para que se sigan cancelando los derechos de las mujeres y de los hombres de nuestro país y en especial de los trabajadores.
El cambio en México a principios de este siglo XXI es urgente para frenar las políticas neoliberales que han llevado al pueblo mexicano a las mayores desigualdades de nuestra historia, pero supone construir el mundo nuevo no a partir de nada, sino defendiendo lo mejor de nuestra historia cultural, jurídica, social y política, y los principios centrales de nuestras leyes, que son el resultado de las luchas históricas del pueblo mexicano. Ese cambio, que urge, no lo van a hacer, por otra parte, sólo las mejores gentes de la “clase política” ni las organizaciones sociales ni los esfuerzos dispersos de algunos. Tiene que tener también, y sobre todo, como actor central del mismo a la clase trabajadora del país, aprisionada durante décadas en las estructuras corporativas del Estado, y que ahora está resistiendo en muchos ámbitos a las políticas depredadoras del modelo neoliberal. Y ha de ser el mismo, el resultado de un diálogo profundo entre todos
La resistencia a las políticas del neoliberalismo y la definición de un nuevo mundo no es posible sin la participación comprometida de los trabajadores de México, y el Diálogo Nacional, convocado por múltiples organizaciones sindicales, tiene por ello un enorme significado, pues la defensa del país no la están haciendo ya quienes deberían hacerla, ni los partidos políticos ni los intelectuales ni amplios sectores de la sociedad civil, y no puede sustentarse sólo en las propuestas y actos de resistencia de muchos grupos y movimientos en el país.
El Neoliberalismo es la fase más depredadora del capitalismo internacional que se haya conocido a lo largo de la historia, pues ha conducido a la mayor concentración de la riqueza jamás vista en manos de los grandes consorcios trasnacionales. Es por un lado una nueva forma de organización de la economía a nivel planetario, pero es también un proyecto político, que supone el desmantelamiento de los Estados nacionales, que están perdiendo su capacidad soberana y el control sobre sus áreas y recursos estratégicos, quedando los gobiernos nacionales reducidos al papel de meros administradores de los intereses del gran capital trasnacional, todo ello en aras de la creación de un orden jurídico supranacional que consagra los privilegios de esas empresas multinacionales y que erige a Washington como la única superpotencia encargada de vigilar la aplicación del nuevo proyecto. Pero es también, y ante todo, una nueva forma de organización social, sustentada en principios de darwinismo social, que supone la supervivencia de los más fuertes y nuevas formas de esclavitud para los trabajadores, pues si el capitalismo del siglo XX aceptaba las instituciones de bienestar social que paliaban las formas de explotación, el capitalismo del siglo XXI o Neoliberalismo se opone a ellas.
La defensa de los derechos individuales y sociales de los pueblos, de los recursos estratégicos de las Naciones y de la soberanía de los Estados y la búsqueda de nuevas formas de organización democrática, no es por lo tanto una prioridad tan sólo para los mexicanos, sino que es un desafío para todos los pueblos de la tierra y en especial para los de América Latina que desde hace varias décadas luchan contra el neoliberalismo, la expresión más salvaje del capitalismo que se haya conocido a lo largo de la historia.
En Porto Alegre (Brasil), donde acaba de concluir el 5º. Foro Social Mundial (FSM), que es tanto un proceso como un espacio de todos aquellos que luchan contra el Neoliberalismo, y el que oficialmente no puede tener propuestas, un grupo de personalidades presentó en esta ocasión un plan de acción para frenar las políticas neoliberales, que leído con cuidado en lo esencial entraña la defensa de muchos principios centrales que se encuentran ya en la Constitución mexicana, y que aquí nosotros los mexicanos no hemos sabido defender cabalmente en los últimos años, pero que aún así todavía hoy aparecen como el principal obstáculo para que los grandes intereses trasnacionales se apoderen por completo de las riquezas estratégicas de la nación y de la fuerza de trabajo de los mexicanos.
La Constitución mexicana de 1917, que cumple 88 años de su promulgación, fue la primera en el mundo que estableció claramente los derechos exclusivos de la Nación sobre sus áreas estratégicas y que consagró los derechos sociales de los mexicanos a la tierra, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la cultura, a la seguridad social, y ha sido por ello un objetivo central de los poderes trasnacionales a lo largo de los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid Hurtado, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León y de Vicente Fox Quesada, que han sido todos gobiernos espurios al servicio de intereses del exterior. El Estado surgido de la Revolución Mexicana de 1910-1917 ha sido –y sigue siendo--, con todas sus contradicciones, y limitaciones un obstáculo para las ambiciones del capital trasnacional.
El proyecto neoliberal, lejos de lo que muchos suponen no es un proyecto acabado pues se ha ido construyendo en el mundo conforme se han doblegado las resistencias populares, y América Latina ha sido su laboratorio, desde que primero en Argentina la Junta Militar que asunió el poder en la década de los 70’s hizo los experimentos iniciales con la sociedad argentina, pero sobre todo con la dictadura militar golpista de Augusto Pinochet en Chile (1974-1989), quien hizo el primer experimento neoliberal en forma bajo la tutela del Banco Mundial y del FMI y la protección de Washington (1974-1989).
El esfuerzo más ambicioso por desmantelar un Estado nacional y entregarlo a la voracidad del gran capital fue sin embargo el que se impuso a México desde la década de los ochenta, en particular en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y por una razón: porque el Estado mexicano fue a lo largo del siglo XX el más vigoroso orden jurídico de América Latina al garantizar los derechos de la Nación mexicana y tutelar entre otros los derechos de los trabajadores a un salario mínimo remunerador, a la jornada máxima de trabajo, a la libre sindicalización, a la contratación colectiva, a las prestaciones sociales. Fué por eso que Salinas lanzó una gran ofensiva contra ese orden jurídico buscando desmantelarlo: suscribiendo en 1993 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA) que le fue impuesto por Estados Unidos y que es un ordenamiento jurídico supranacional contrario a los intereses del pueblo mexicano, modificando aspectos sustanciales de la Constitución Mexicana consagrados en los artículos 24, 27 y 130, auspiciando una legislación secundaria que trasgredía principios constitucionales básicos en materia energética y agraria, expidiendo reglamentos y decretos contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución y, finalmente, violándola en los hechos. Y los gobiernos neoliberales del priísta Ernesto Zedillo y del panista Vicente Fox no se han quedado atrás y han actuado bajo el mismo esquema pobniéndose al servicio del capital trasnacional y buscando cancelar los derechos de la Nación y de los mexicanos.
La historia reciente muestra sin embargo que no todo han sido fracasos para los pueblos latinoamericanos ni para la clase trabajadora en esta lucha contra el Neoliberalismo, y en muchas partes de nuestro continente las trasnacionales han empezado a recular, como se ve en los últimos años. En 2003 y 2004 el pueblo de Cochabamba (Bolivia) libró una gran lucha de resistencia para evitar la privatización del agua y logró echar fuera a una de las más poderosas trasnacionales. Y en Uruguay, por un plebiscito, se logró constitucionalizar el principio de que el agua no es susceptible de ser privatizada.
La historia mexicana está marcada también en los últimos años por luchas que han triunfado. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha llevado a cabo una lucha histórica de resistencia contra el gobierno y los poderes trasnacionales y ha logrado detener desde 1994 la entrega de recursos estratégicos de una región de Chiapas a las grandes empresas trasnacionales siendo un ejemplo de resistencia para México y para el mundo. El Consejo General de Huelga de la UNAM (CGH) impidió en 1999-2000 la privatización de la universidad pública más importante de América Latina, los campesinos de San Salvador Atenco (estado de México) impidieron en 2003 la construcción de un aeropuerto internacional en sus tierras que les pretendían ser expoliadas, y en los últimos años los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), junto con otros trabajadores del país, están buscando detener la privatización del sector energético de México.
El mundo está hoy inmerso en una guerra que libran los poderes trasnacionales encabezados por Washington, contra los pueblos de la tierra que buscan defender sus derechos, y que tiene un sinnúmero de manifestaciones. Es una guerra que muchos no perciben porque no quieren percibir, de la cual las invasiones de Afganistán en 2002 y de Irak en 2003, la falsa cruzada contra el terrorismo del gobierno de George W. Bush, los conflictos armados del Medio Oriente y de muchas otras regiones de la tierra, la recomposición de fuerzas a nivel internacional y la instauración de un orden cada vez más autoritario luego de 11 de septiembre, son sólo la parte emergente del iceberg, pero que se expresa en múltiples luchas y movilizaciones de resistencia --locales, regionales y nacionales— que se están dando en todo el planeta, incluso en pequeñas comunidades, y de las cuales no da cuenta la prensa diaria. Y que en México tiene una serie de manifestaciones, de las cuales la más significativa es la que enfrenta al gobierno de Vicente Fox, empeñado en imponer la llamada “reforma estructural”, que supone la entrega del petróleo y la energía eléctrica de nuestro país al capital trasnacional, y la mal llamada “reforma laboral”, que entraña la cancelación de derechos históricos de la clase trabajadora, a amplios sectores del pueblo mexicano que se han opuesto a la misma.
En el centro del debate de nuestro país está hoy por eso la Constitución Mexicana de 1917 y la exigencia del capital trasnacional y del gobierno de Washington de que muchos de sus principios sean modificados. Y aquí hay que reiterar por lo mismo que todas las iniciativas del gobierno Fox han sido y son para desmantelarla y eliminar de ella sus contenidos básicos, como él mismo no lo ha ocultado. Desde la Mesa o Comisión para la Reforma del Estado o CERE (2000-2001) de Porfirio Muñoz Ledo , que éste acaba de resucitar en 2005, hasta las Mesas que organizó Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación en 2001-2002 o las propuestas de los legisladores del PAN. Todas ellas, con el señuelo de ampliar la reforma política y de hacerle una “reforma integral” a la Constitución, lo único que quieren es desmantelarla. La llamada “reforma estructural” es eso: un ardid de la tecnocracia neoliberal para con el pretexto de “modernizar” a México tener la vía libre para entregar al exterior lo que aún queda de la Nación, cometiendo así el mayor acto de traición a México.
La defensa de la Nación y de los intereses del pueblo mexicano, no puede hacerse ahora por lo mismo proponiendo una reforma integral de la Constitución y un Congreso Constituyente, como se llegó a pensar hace algunos años, ya que el embate del Neoliberalismo y la correlación de fuerzas existente hoy día en el país no son factores que favorezcan a los intereses de las mayorías. La tentación de querer enfrentar la situación de desastre en la que se halla México por la vía de modificar la Constitución a través de acuerdos de la llamada “clase política” no conduce más que a seguir trastocando sus principios fundamentales, y es la peor que se puede imaginar en el contexto de los inicios de este nuevo siglo. Esta pretensión ignora además una cuestión central, y es que una Constitución no puede ser otra cosa que el producto de un proceso social, que es lo que le confiere una legitimidad histórica, en la medida en que los reclamos y exigencias populares se traducen en parte sustancial de ese nuevo ordenamiento legal y no, como ha sido el caso en los últimos gobiernos, de que los acuerdos cupulares de las élites dirigentes terminan por consagrar los privilegios de las minorías;
Las constituciones modernas tienen que ser la expresión de lo que el jurista mexicano del siglo XIX, Mariano Otero, llamó “un acuerdo en lo fundamental”, lo que excluye por definición a las modificaciones constitucionales impuestas desde el poder para satisfacer las exigencias de los organismos financieros internacionales, las que no tienen el consenso de la mayoría de los pueblos.
La historia constitucional de México muestra a su vez de manera muy clara esta cuestión, pues las tres grandes constituciones de la historia mexicana --la Constitución Federal de 1824, la Constitución de 1857 y la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917--, fueron producto de procesos revolucionarios: la Revolución de Independencia de 1810-1821, la Revolución de Ayutla de 1852-1854 y la Revolución Mexicana de 1910-1917, y tuvieron por ello una larga vigencia y una amplia legitimidad a pesar del encono de las clases dominantes, en tanto que aquellas cartas constitucionales redactadas por caudillos civiles o militares o por grupos oligárquicos, y que expresaron intereses minoritarios, no trascendieron en el tiempo y fueron echadas abajo por movimientos populares.
En el período del Neoliberalismo se ha ido no obstante promoviendo a contra corriente de la Historia, la idea de que a) es necesario modificar los regímenes constitucionales de todos los países a fin de “adecuarlos” a la lógica del capital neoliberal del nuevo siglo, b) de que la redacción de los nuevos textos constitucionales debe ser la obra de especialistas con conocimientos económicos y no de asambleas constituyentes integradas por representantes populares, los que a juicio de los organismos financieros internacionales son ignorantes en materia económica, c) de que esto debe ser el resultado de acuerdos cupulares entre los principales partidos políticos, consensados al margen y lógicamente en contra de la sociedad, y de que, en suma, d) esta imposición no debe pasar por amplias discusiones ni por su aprobación por mecanismos como el del referéndum. Este proceso, que se pretende de “modernización”, entraña por lo mismo profundas regresiones anacrónicas y una en particular: la de su carácter antidemocrático.
En el México actual, una reforma constitucional o legal democrática, y sobre todo en materias básicas que afectan el destino del país, no puede concebirse por lo tanto si no media a) una amplia discusión en la sociedad de las cuestiones centrales que se plantean para lo cual se requiere una información cabal sobre el problema, lo cual es muy difícil hoy en día por el papel sectario que tienen ahora los medios masivos de comunicación, que se hallan al servicio de poderosos intereses empresariales; b) un proceso de elaboración y revisión de los nuevos textos por una asamblea o congreso electo de manera democrática (lo que no puede ser ahora el caso pues la actual Cámara de Diputados electa en el 2003 carece de la legitimidad necesaria ya que sólo fue votada por una minoría de los electores y el Senado actual surgió de las elecciones de 2000, caracterizadas por los ilícitos electorales, y c) una consulta democrática de los cambios legales y constitucionales a la ciudadanía por la vía del referéndum, que hoy no está prevista en nuestro marco legal.
Una Constitución no puede ser otra cosa que el producto de un proceso social, lo que le confiere una legitimidad histórica, en la medida en que los reclamos y exigencias populares se traducen en parte sustancial de ese nuevo ordenamiento legal, y no puede originarse, como ha sido el caso en épocas recientes, en los acuerdos cupulares de las élites dirigentes, que terminan por consagrar los privilegios de las minorías. La pretensión de Fox de los primeros meses de su sexenio de revisar toda la Constitución a fin de ponerla “al día” argumentando absurdamente que responde a los intereses del PRI, lo que entrañaba la posibilidad de incluir en ese paquete de reformas las llamadas “reformas estructurales”, o la que expresa ahora de modificar sólo algunos aspectos torales de nuestro régimen jurídico, son igualmente inadmisibles, como lo es también el que se le modifique por la vía de expedir una legislación secundaria o decretos o reglamentos que la contradicen.
La Constitución y las leyes tienen que ser la expresión de los intereses de las mayorías, y por ello a fin de evitar que desde el poder se les siga manoseando y continúen trastocándose sus principios históricos, es urgente presentar una iniciativa para reformar el artículo 135 constitucional a fin de que en lo sucesivo la Constitución y las leyes fundamentales de la República, y entre éstas las leyes laborales, no se puedan ya modificar o adicionar conforme a las reglas actuales, que establecen que ésto se haga sólo con la participación de las cámaras federales y en el caso de la Constitución de las legislaturas locales --el llamado Órgano Reformador de la Constitución o Poder Constituyente Permanente--, y se establezca el principio de que en el futuro tanto la Constitución como las leyes básicas, sólo se puedan modificar o adicionar a través de la participación ciudadana es esa decisión, como es desde hace mucho tiempo el caso de muchos de los regímenes europeos en donde ello se hace a través de un referéndum.
El país requiere sin duda de muchos cambios legislativos, pero una vez modificado este aspecto central, tanto el Congreso como el Ejecutivo tendrán que aceptar el papel primordial del pueblo en el proceso legislativo, e impulsar los cambios que puedan tener una aprobación popular. Si bien las reformas que urgen son muchas, una vez establecido el principio del referéndum en la vida pública del país la primera consulta que debe hacerse a los mexicanos, y que tendría un valor simbólico, debería ser la referente a los derechos y cultura de los pueblos indios, y preguntarle al pueblo de México si deben cumplirse los Acuerdos de San Andrés de 1996, elevando a rango constitucional el texto propuesto por la Cocopa, a lo que se había comprometido el gobierno federal, o si por el contrario ha de mantenerse la contrarreforma impuesta por la alianza de los partidos y avalada por Fox en 2001-2002.
La defensa de la Constitución se hace sin embargo no solamente evitando que ésta sea objeto de modificaciones y contrarreformas a espaldas y en contra de la sociedad, sino impidiendo que sea violentada por la vía de los hechos: trastocándose o violentándose sus principios por intereses económicos o políticos. La Constitución se defiende al exigir el respeto al voto en cualquier elección, cuando se impide que se atente contra los derechos de los trabajadores, al luchar por la tierra o al impedir se entreguen al capital extranjero los recursos básicos de la Nación. Y también al impedir actos atrabiliarios como el que pretende cometer el gobierno foxista eliminando de la contienda electoral de 2006 al Jefe de Gobierno del Distrito Federal quitándole de esta manera sus derechos políticos a millones de mexicanos y atentando gravemente contra las instituciones de la República.
Un proyecto mínimo de Nación supone ir precisando de manera cada vez más clara en la carta constitucional una serie de principios centrales que se han forjado en las luchas del pueblo mexicano, y que una minoría ha buscado suprimirle en los últimos cuatro gobiernos por sucesivas contrarreformas constitucionales y legales o por la vía de los hechos, al menos en tres aspectos centrales:
a) Los derechos individuales y sociales del pueblo son irrenunciables y no pueden suprimirse o limitarse por decisión de los poderes económicos nacionales o trasnacionales al amparo de la estrategia del Neoliberalismo, sino que deben ser por el contrario ampliados y precisados de manera cada vez más clara;
b) Los recursos estratégicos de la Nación –el agua, el petróleo, la electricidad, la biodiversidad-- y su dominio originario sobre las tierras y aguas, el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo, las costas y las fronteras no puede ser objeto de cesión a las pretensiones del capital trasnacional; y
c) La soberanía del Estado y la forma de gobierno democrático deben ser fortalecidas desde la perspectiva democrática, instaurando mecanismos de descentralización política, de democracia directa y de control y acotamiento de los gobernantes y fortaleciendo la pluralidad y el derecho a la diferencia.
Los cambios legales a hacer son muchos y deben tender a todo ello: a fortalecer el principio de los derechos fundamentales de la Nación, a salvaguardar mejor los derechos individuales y sociales de los mexicanos, y a acotar el poder y la impunidad de los gobernantes, que hoy como ayer se siguen situando por encima de la ley, empezando por Vicente Fox que ha sido un contumaz violador de la Constitución y está empeñado en cancelar los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Hay sin duda que desmantelar el presidencialismo, reformar el sistema de administración de justicia, terminar con la impunidad de los gobernantes y establecer los principios de la rendición de cuentas y de la revocación del mandato, cambiar la organización del poder para terminar con esta partidocracia que asfixia a los mexicanos, y ampliar la vida democrática abriendo la vía para una mejor participación ciudadana, y a fin de garantizar de mejor manera los derechos individuales y sociales.
Ese proyecto lo están defendiendo muchas mexicanas y mexicanos y un buen número de fuerzas sociales y políticas en todo el país, pero no podrá triunfar sin la participación de la clase trabajadora del país, que debe volver a ser, como lo ha sido en momentos determinantes de nuestra historia, un actor central del proceso de cambio.
