LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL NEOLIBERALISMO
Bàrbara Zamora LòpezLa ideología neoliberal que se ha venido aplicando en México se ha concre-tado en actos ilegales y arbitrarios, en un ataque salvaje a los preceptos constitucionales y en general en un deterioro alarmante del estado de dere-cho.
Los gobiernos neoliberales han instrumentado una gran cantidad de refor-mas a la Constitución convirtiendo en letra muerta sus principios éticos, políticos y filosóficos esenciales; la ha destrozado a tal grado que ha perdido su naturaleza como pacto político y social para convertirla en la expresión jurídica encargada de proteger los intereses políticos y económicos de ese grupo, excluyendo a la inmersa mayoría de los mexicanos.
Se han anulado principios fundamentales contenidos en las garantías de justicia social como el derecho de los campesinos e indígenas como el de-recho a la tierra; la seguridad social; los derechos colectivos de los trabajadores, el dominio directo de la Nación sobre los recursos naturales y estratégicos, se han aprobado leyes ordinarias y disposiciones administrati-vas claramente contrarias a las normas constitucionales.
Todas las reformas a la Constitución se han hecho sin consultar al pueblo a pesar de haber seguido el procedimiento legal para ello, por lo que carecen de legitimidad.
Se ha deformado el ejercicio del poder público al concentrar de hecho, ex-cesivas facultades en el Poder Ejecutivo, contraviniendo los principios del Federalismo y el mandato del Constituyente de 1917 de que su ejercicio re-cayera en los tres poderes, por lo que ahora los mexicanos no tenemos posibilidad de exigir el cumplimiento del espíritu y la letra constitucional por la posición de obediencia que el poder judicial ha asumido frente al ejecuti-vo.
Las reformas hechas a la Constitución están encaminadas a desmantelar totalmente el estado de justicia social propuesto por la Revolución de 1910 y pactado como norma fundamental en 1917, propiciando el despojo de tie-rras a campesinos, ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas; privando a los trabajadores de sus instrumentos de defensa como la huelga, la contra-tación colectiva y la libre sindicalización; suprimiendo las obligaciones del Estado de proporcionar educación, salud y trabajo a todos los mexicanos.
Las reformas a la Constitución se han convertido en la expresión de volun-tad de este grupo en el poder para hacer del gobierno una gran junta de negocios en la que ellos se han erigido como los administradores y benefi-ciarios vitalicios de los bienes de la Nación. Han abierto las puertas al capital extranjero, y al amparo de las reformas ofrecen al mejor postor los bienes que son de dominio directo de la Nación.
Se han utilizado a las Fuerzas Armadas de manera anticonstitucional en funciones policiacas exclusivas de la autoridad civil y reprimiendo los movi-mientos populares. Y como defensores del grupo que detenta el poder político y económico en nuestro país.
Han hecho del articulado constitucional una masa deforme, incongruente e incomprensible que ha dado pauta a abusos del poder.
Las reformas a la constitución impulsadas por este grupo noeliberal contra-vienen el principio general de derecho que prohibe limitar o cancelar un derecho previamente consagrado.
Es inaceptable que un cuerpo constitucional sirva para garantizar la impuni-dad de los funcionarios y políticos enquistados en el poder.
Con la ignominiosa reforma salinista al artículo 27 Constitucional fueron anulados los principios agrarios de la revolución de 1910 convertidos en norma jurídica fundamental en la Constitución de 1917. Esta reforma ha tenido como consecuencia inmediata privar a millones de campesinos mexi-canos de su derecho a la tierra; legalizar el latifundio volviendo a poner en unas cuantas manos los recursos naturales; colocar las tierras ejidales y comunales como una mercancía más en el libre mercado, acabar con la propiedad social y privatizar todo el campo mexicano.
A partir de este gran retroceso histórico y jurídico seguido de una política abiertamente antigrarista que se manifiesta en todos los niveles de gobier-no, y ante la falta de solución jurídica a sus demandas, los campesinos se han visto obligados a realizar manifestaciones, plantones, tomas de tierras, tomas de edificios públicos, bloqueos de carreteras y huelgas de hambre, lo cual el gobierno ha utilizado como pretexto para mandar al ejercito federal a reprimir esas justas demandas; y en algunos estados como Chiapas, Gue-rrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz la presencia militar y el armamento bélico ha llegado a niveles escandalosos, situación en si misma violatoria del artí-culo 129 Constitucional, que además ha generado una grave violación a los derechos humanos de campesinos e indígenas que han sido despojados ilegalmente de sus tierras, de su tranquilidad, de sus bienes y que ven que-brantada su vida familiar y comunitaria por la indeseable presencia de la tropa que se ha apoderado de tierras, pueblos, caminos y carreteras.
Estamos ante una violación sistemática a los derechos humanos de campe-sinos e indígenas que es urgente revertir para lo cual es ineludible la reforma al artículo 27 Constitucional volviendo al espíritu original del consti-tuyente de 1917 y restituyendo a campesinos e indígenas su derecho a la tierra y a los medios necesarios para hacerla producir; es urgente también, dar cabal cumplimiento al artículo 129 Constitucional que ordena que los militares deben permanecer en sus cuarteles y que éstos estén ubicados fuera de las poblaciones, asimismo deben ser restituidas las tierras y pagar los daños y perjuicios ocasionados por la ilegal ocupación de los militares, con estas medidas se estaría dando un paso importante para lograr un mí-nimo respeto a los derechos humanos de los más excluidos, los más desprotegidos y los más discriminados de nuestro país, los indígenas y los campesinos.
Las reformas económicas que el gobierno salinista emprendió durante su sexenio, tuvieron como propósito el abandono de áreas estratégicas de pro-ducción por parte del Estado que habían servido de sustento para el desarrollo del país. En este sentido, el gobierno ha cedido la función de la rectoría del desarrollo nacional, que es responsabilidad del Estado, para que sea la iniciativa privada quien asuma esta función constitucional; esta situa-ción representa una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 25 establece que corresponde al Esta-do la rectoría del desarrollo nacional y mediante éste se fortalecerá la soberanía de la nación a través del fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, como conse-cuencia de lo anterior, señala el citado artículo, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.
Efectivamente, como puede observarse, el Estado ya no es el rector del de-sarrollo nacional, porque esa función ha sido abandonada de manera gradual desde hace más de una década; este abandono es abierto y con-frontado con la legalidad constitucional, dando como resultado una política económica neoliberal que afecta los intereses de la mayoría de los mexica-nos y que tiene el propósito de dejar que los dueños del dinero determinen el rumbo económico del país, para lo cual el gobierno anterior y actual han estado desregulando y desalentando las actividades económicas que son de interés general para la población mexicana, privilegiando intereses parti-culares, contraviniendo con su actuación el mencionado artículo 25 constitucional.
El poder judicial también ha sufrido una reforma constitucional que lo ha sometido de hecho y de derecho al ejecutivo pues el hecho de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la cabeza del poder judicial, le quita en gran medida su independencia y autonomía, lo cual se refleja en sentencias y decisiones inicuas producto de maquinacio-nes perversas y en otras ocasiones los jueces por debilidad se hacen cómplices de las mayores iniquidades.
Por otra parte y de manera muy destacada en el contexto de una supuesta lucha contra el terrorismo se ha perdido totalmente la soberanía y sin el me-nor pudor se han aprobado tratados internacionales abiertamente contrarios a la constitución y a los principios de política de exterior mexicana y de asilo a los perseguidos políticos.
Las garantías de igualdad, de defensa, de legalidad, de seguridad jurídica, han sido pulverizadas de manera vergonzosa en el caso de los 6 ciudada-nos de origen vasco presos en el reclusorio Norte sin ninguna acusación en México y sólo por petición del Reino de España para extraditarlos, por lo cual el gobierno mexicano se ha convertido en agente policial de España en sus problemas políticos domésticos y en su persecución en contra de los vascos. Todo ello con la complicidad de los jueces federales totalmente sometidos a los caprichos del ejecutivo.
Otro caso de maquinaciones perversas es el de la falsa acusación en contra de Antonio, Alejandro y Héctor Cerezo Contreras presos en penales de alta seguridad sin culpa alguna, con la presecución política que el gobierno pa-nista hace en contra de ellos con furor canino.
Las instancias encargadas de administrar justicia se han convertido en me-ros instrumentos al servicio del poder ejecutivo, el cual, a su vez está al servicio de los grandes intereses económicos, políticos y militares tanto na-cionales como extranjeros.
El poder judicial mexicano carece de mecanismos eficientes de control pú-blico y de fiscalización ciudadana sobre los aparatos de procuración y administración de justicia, por lo que se ha convertido en el instrumento ideal del gobierno autoritario que utiliza el derecho con motivaciones políti-cas.
Por todo ello, vemos la ineludible necesidad de reincorporar a la constitu-ción los principios de justicia social sustentados por la revolución de 1910 y acogidos en la Constitución de 1917. Que elimine la ideología y la política liberales, que han introducido los gobiernos sumisos al imperialismo globali-zador, que combata la corrupción gubernamental y la impunidad de los grandes delincuentes de cuello blanco, públicos o privados.Que introduzca, reincorpore o fortalezca regulaciones tan significativas, co-mo la nacionalización de ramas esenciales de nuestra vida económica, establezca un sistema eficiente de castigo a los funcionarios públicos co-rruptos y delincuentes, norme todos los aspectos relativos al aprovechamiento racional de los recursos naturales y, por supuesto que re-conozca los derechos y cultura de los pueblos indígenas y respete los derechos humanos a cabalidad.
Consideramos que el poder público, en su ejercicio actual no está instituido para beneficio del pueblo, porque como estructura jurídica y como régimen político ha perdido el objetivo de lograr el constante mejoramiento económi-co, social y cultural del pueblo mexicano que establece el artículo 3º fracc. II, inciso a).
Por lo tanto, debemos construir un camino confiable, pacífico y viable que nos de una nueva constitución política, originada en una asamblea nacional constituyente cuya única tarea sea precisamente elaborar, aprobar y pro-mulgar un texto constitucional originado en la voluntad popular con base en los artículos 39 y demás relativos de nuestra actual Constitución.
Febrero 5, 2005
