MESA No.5
PROYECTO DE NACIÓN, JUSTICIA Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO“Por un largo transcurso de tiempo se ha notado
que quienes han ocupado los altos puestos de la administración,
desde el presidente de la república hasta los gobernadores de los estados,
han sido una sarta de imbéciles….si los llamáramos a un examen de conciencia,
resultarían absolutamente unos inconscientes…..queremos que en los sucesivo
esos gobernadores de los estados, que no han sido más que verdaderos déspotas,
tengan cortapisas, que su poder se debilite,
que ya no tengamos esos gobernadores que, en corto tiempo,
no han tenido empacho en manifestarse millonarios,
no han tenido empacho en robar al pueblo,
usurparle sus propiedades… casi todos los hombres que llegan al poder se corrompen,
se ponen sobre leyes, ponen su planta sobre la majestad de la justicia…
hagamos que los gobernantes realicen su papel de gobernantes y no el papel de déspotas,
que sean positivamente los genuinos representantes del pueblo.”
Otilio Montaño
Los trabajadores y sectores populares del país nos estamos planteando la construcción de un Proyecto de Nación de carácter democrático-popular, plenamente convencidos de que el proyecto de nación neoliberal que se viene implantando desde los años 70’s en México no es una opción de vida para los trabajadores y para la nación. Este nuevo Proyecto debe tener como condiciones: a) el establecimiento de un gobierno de transición democrático popular; b) la democratización de la vida nacional; c) un nuevo orden jurídico que restituya la soberanía y los intereses supremos de la patria y del pueblo y norme con nuevas bases de convivencia armónica, la vida social, respetando el entorno nacional y estimulando el desarrollo integral de los ciudadanos. No se trata solo de la transformación política del régimen, sino también del abatimiento de todos los soportes de la dominación monopolista.Se trata de reactivar la economía nacional sobre la base del control obrero de los procesos de trabajo de toda la producción, de sepultar las formas burguesas de la riqueza social, de restituir al pueblo sus facultades políticas y reconstruir nuestra identidad y cultura nacional. Todo ello en el marco de un nuevo Estado de Derecho democrático y popular.
Si en todo tiempo, el derecho se determina por las formas políticas y económicas bajo las cuales se organiza la sociedad, al transformarse las relaciones de producción se modifica con igual signo el sistema jurídico. La Revolución Mexicana como movimiento de nuestro pueblo, al ser hegemonizada por el sector burgués carrancista, aunque tiene como antecedente los “Sentimientos de la Nación”; la Constitución de Apatzingán y las Constituciones de 1824 y 1857, no recoge el profundo sentido del parlamentarismo expresado por el Constituyente de Apatzingán, lo que se suple por el presidencialismo, que deposita en el ejecutivo el grueso de las decisiones y el mando de las fuerzas armadas. De las aportaciones de la Constitución del ‘17 se destaca:
? El Artículo 27 que reconoce que la propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, es decir la propiedad privada no es un derecho natural.
? El Art. 123, consagra el derecho social, donde se establece el carácter tutelar del Estado hacia los trabajadores; el derecho al trabajo y el consecuente contrato colectivo, desde el reconocimiento de la lucha de clases y del derecho de los trabajadores a organizarse en un sindicato.
? El Art. 3º que establece la concepción de los que significa para los mexicanos el concepto de democracia que no solamente se concibe como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, estableciendo la obligación del Estado de impartir la educación, otorgando el derecho de velar por ese mejoramiento del nivel de vida.
? El Art. 39 que recupera la concepción de la soberanía popular para decidir en todo tiempo sus formas de gobierno.El espíritu doctrinario de estos Artículos, quedan en letra muerta, por el carácter del régimen capitalista y el presidencialismo contenido en la Constitución que deposita en el ejecutivo la facultad de definir el modelo económico, las tasas de interés, el tipo de cambio, el gasto público, los impuestos y su monto, los salarios y precios, la firma de tratados lesivos a la soberanía como el TLC o el PPP, de contratar deudas, emitir moneda, privatizar empresas y sectores estratégicos, etc.
La carta constitucional de una sociedad dividida en clases, es el convenio político y social entre la clase que se encuentra en el poder y la dominada que se encuentra en opresión, a favor siempre de la primera; la Constitución es el reflejo de la correlación de fuerzas. Los postulados actuales de la Constitución Mexicana, representan fielmente las condiciones precisas en las que el momento histórico de la culminación de la revolución mexicana que definió un pacto social entre las clases hacedoras de esa revolución y la consolidación de la república democrático-burguesa donde el capitalismo fue su sustento material.
El Estado interventor de la economía, guardián de la unidad nacional, promotor del desarrollo capitalista en un régimen “bienestarista y corporativo”, prestador de la seguridad social, garante de la educación pública gratuita, promotor de la vivienda, como mecanismos de la explotación y acumulación capitalista del periodo anterior fueron suprimidos por la reestructuración capitalista neoliberal dando paso al actual Estado de Derecho neoliberal. El derecho neoliberal se fue forjando conforme el monopolio fue implantando su hegemonía. Los ejes sustanciales del nuevo cuerpo normativo debían posibilitar el funcionamiento de las nuevas formas de acumulación capitalista facilitando su expansión acelerada. La presencia del capital transnacional extranjero no se agotó en la operación directa de unos cuantos centenares de grandes empresas, atrás y a los lados de ellas están las transnacionales, los grandes bancos norteamericanos, las instituciones financieras internacionales y la red del poder tecnológico y financiero del imperialismo, mismos que en la actualidad apuestan a la integración subordinada de México con los Estados Unidos.
Los principios filosóficos en que descansa el régimen neoliberal, son los mismos con los que Bush hace la guerra a los pueblos del mundo: Libertad, propiedad, igualdad y seguridad que sirven de cimiento a la reestructuración neoliberal. El individuo libre y racional, será la base del nuevo orden social, su más importante atributo es la “libertad”, de ahí se promueve el “respeto” a la diversidad de pensamiento, la tolerancia y la pluralidad como criterios indiscutibles. Esta misma “libertad” exige la “seguridad” y respeto de la propiedad privada, convirtiéndose en la tarea del Estado Neoliberal resguardar la propiedad monopólica para lo cual se readecuan los mecanismos de impartición de justicia, penalizando las protestas y se militarización de extensas regiones bajo el pretexto de combate al terrorismo y al narcotráfico. El fin de la historia, la concertación de clases, la igualdad de toda la ciudadanía ante las leyes del mercado, en la política y en la cultura, aparece como lo valedero. En el neoliberalismo se suprime el carácter tutelar del Estado, como resultado de ello se violan los Contratos Colectivos de Trabajo, se impone la cultura laboral de la informalidad, el contratismo, el trabajo a destajo, se declaran en quiebra los sistemas de seguridad social para privatizarlos; se suprime la gratuidad de la escuela pública, y en general se convierte todo lo público en privado.
Como mecanismo de contención de la explosividad social derivada de la exacerbación de la explotación, del saqueo de los recursos nacionales, de la exclusión y de la disgregación social, el Estado busca presentarse como ente que vigila el ejercicio efectivo de las garantías individuales y en los litigios privados; incrementando simultáneamente sus fuerzas y acciones represivas.
Con esta ideología los neoliberales, establecen los lineamientos generales que permiten al derecho adoptar sus características, responder y defender a los intereses trasnacionales, por lo que, ante la dimensión de la adecuación del derecho al Estado Neoliberal.
SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO Y EL CARÁCTER DE LA CONSTITUCIÓN
DISCENSOS
? En el Proyecto de Nación Alternativo, el Estado debe participar como empresario que impulse nuevamente el desarrollo nacional por la vía de la plena independencia política y económica. Lo que implicaría avanzar a una reforma del Estado que restituya el carácter original de la Constitución de 1917. Lo anterior como una nueva institucionalidad democrática.
? Para los trabajadores no basta con realizar una reforma al Estado de Derecho, nuestra tarea es desarrollar una revolución democrático-popular que como fase transitoria nos permita instaurar un sistema legislativo que responda al nuevo proyecto de nación que estamos construyendo, donde el Estado de Derecho Democrático Popular sea garante de la propiedad social de los recursos energéticos y naturales, de la soberanía territorial, científica y tecnológica, de la igualdad en condiciones de equidad, que permitan a todos los habitantes de nuestro país vivir con dignidad en un Estado soberano, justo y democrático.
? Hoy urge una nueva constitucionalidad, que en su conjunto y no en unos cuantos apartados cumpla con reorientar la institucionalidad de la vida económica a favor de los verdaderos creadores de la riqueza social. Pero esta nueva constitucionalidad por su naturaleza transformadora, requiere en el fondo el sustento material revolucionario en la propiedad social que contraponga un poder contrario a la exclusión social convertida en propiedad privada. Esta propiedad no puede ser otra que la socialista.
? Lo que necesitamos es una transformación profunda de las condiciones políticas y económicas que tienen postrado al país, industrializándolo y elaborando una nueva Constitución que garantice la distribución del poder con un sistema parlamentario, en el que la Asamblea este al mando en el campo, la fábrica, la colonia, y que a nivel municipal, estatal y federal se practique la democracia directa.CONSENSOS
1. Dar continuidad a la defensa popular del apartado social de la Constitución de 1917, contenidos fundamentalmente en los Artículos 3º, 27º, 39º y 123º.
2. Avanzar a la conformación de una nueva Constituyente, que en el marco de una correlación de fuerzas favorable al pueblo, de paso a un Estado Democrático Popular sustentado en el Proyecto de Nación y la nueva Constitución.
3. Debemos esforzarnos, ante las diversas posiciones en el Diálogo a sacar un acuerdo mínimo que represente los intereses de todo el pueblo.OTRAS PROPUESTAS
1. Dar continuidad a las propuestas presentadas en las dos Sesiones del Diálogo Nacional, para que éstas se vayan llevando a la práctica.
2. Realizar un Taller Nacional de análisis de las diversas ponencias presentadas en las dos sesiones del Diálogo Nacional, para su socialización, ubicación de disensos y contradicciones; así como para definir tiempos, acciones, responsables, recursos, alcances, limitaciones y fortalezas del propósito planteado de construir una Nación Democrática y Popular.
3. Dar a nuestra lucha un sentido estratégico que se desprenda desde la construcción de un Modelo económico en el que descanse el Proyecto de Nación y que en la nueva Constitución se exprese como un capítulo económico de carácter popular. Al respecto se presenta la propuesta de luchar por un Modelo Solidario que ponga en el centro al ser humano y suprima la lógica del mercado.
4. Seguir discutiendo la creación de un consejo económico social para la participación de los sectores sociales en la definición del modelo económico táctica para la lucha popular y a la acumulación de fuerzas rumbo al programa de transición y la nueva constituyente.
5. Organizar un equipo para la publicación de periódico central y regional. Otro para visitar organizaciones y entidades para extender la red de información y vinculación por Internet. Así como una comisión de finanzas.
6. Retomar el acuerdo de las caravanas para la difusión de los acuerdos de las dos sesiones de Diálogo Nacional y para convocar a otros a la participación.
7. Dar continuidad al acuerdo de construir la huelga nacional como el acto político de masas, para encarar a las contrarreformas neoliberales y abrirle cause a la revolución democrática popular.
8. Plantear la renuncia de Vicente Fox y de todo su Gabinete.
9. Llamar a una Jornada Nacional en defensa de los recursos Energéticos, de la Seguridad Social IMSS e ISSSTE, para el 18 de marzo de 2005.
10. Oponerse a la reforma de los Art. Constitucionales que impiden la reelección, como lo tiene previsto el Senado de la República.
