DIÁLOGO NACIONAL

Durante los casi 12 meses transcurridos desde el 3er Diálogo Nacional, nuestro país ha sufrido una embestida brutal de fuerzas de derecha antinacionalistas, oligárquicas y antidemocráticas, aliadas del gran capital transnacional. Sin embargo, lo ocurrido durante el último ano no solamente no es nuevo, es la reiteración de una política contraria a los intereses del país y de los mexicanos que desde hace 30 anos se desarrolla y consolida. Los gobiernos federales que durante ese periodo han estado en el poder favorecen intereses imperiales y transnacionales en perjuicio de México.

Cada día más mexicanos comparten el conocimiento de que existe una conspiración en contra de México, y que ésta forma parte de la conspiración global de los países con una economía desarrollada -el grupo de los 7 con Estados Unidos a la cabeza-, para apropiarse de los bienes y recursos de las naciones pobres y sobreexplotar a los trabajadores. Desde principios de los anos 80, el Grupo de los 7 urdió un siniestro plan con ese propósito, que tuvo como sustento la imposición de una impagable deuda externa.

Los llamados organismos multilaterales -Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, apoyados en América por el Banco Interamericano de Desarrollo- se encargan de administrar la deuda imponiendo a los países exigencias exorbitantes para asegurar el pago de sus tributos. Esos organismos se han convertido en el verdadero gobierno de los países pobres y sometidos, otorgándose la facultad de decidir no solamente quiénes deben ser los funcionarios sino, incluso, los jefes de gobierno. Muchos mexicanos están convencidos de que con su voto -aun emitido en contra-  solamente han legitimado a candidatos que ya habían sido elegidos por esos organismos supra gubernamentales para que les sirvan, no para que les sirvan a los pueblos. Desde hace muchos anos las pruebas están a la vista de todos.

En México, por encima de la Nación se privilegian los intereses oligárquicos y extra nacionales, y el orden que se pretende imponer es el que conviene a esos intereses. La derecha ha logrado posesionarse del poder político, y de ella solamente puede esperarse el más abierto y descarado colaboracionismo para que entidades extranjeras se apropien de la riqueza nacional, además la búsqueda de sometimiento de los trabajadores, de sus organizaciones y de la población en general, en beneficio a la oligarquía interna y de las clases improductivas, colaboradoras de esa derecha.

Desde el último ano del gobierno anterior y durante el actual, se hace notar la naturaleza facciosa y antidemocrática de la derecha en el poder, expresada en una innegable exacerbación de la lucha de clases. Negada su existencia o ignorada intencionadamente, la lucha de clases brota y se desarrolla incontenible por la intención de una de las clases sociales de reafirmar su preponderancia sobre otra. En cada país donde gobierna la derecha, se exacerba la lucha de clases. Aunque la derecha no lo reconozca o lo niegue, es ella la que provoca. En nuestro país, los acontecimientos principales del último ano son resultado de la pretensión derechista y oligárquica de someter al pueblo trabajador.

En ese contexto pueden entenderse los acontecimientos de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores. Condiciones extremas de inseguridad por la avidez en la búsqueda de ganancias, o por la aceptación de sobornos de parte de funcionarios, crearon el escenario en el que perdieron la vida los mineros, cuyos cuerpos ni siquiera han sido rescatados. También las criminales agresiones a los trabajadores de Sicartsa -con saldo de muertos, heridos y encarcelados-, en paro legal contra la empresa y contra el gobierno federal que se había inmiscuido en sus asuntos sindicales. Los hechos de Sicartsa marcan el inició de las intervenciones represivas y criminales de una policía federal militarizada, que aún no deja ver con claridad su verdadera función en el ámbito nacional, aunque se hace notar su dependencia de planes e intereses geopolíticos y hegemónicos de Estados Unidos.

Inmediatamente después, la policía federal agredió brutalmente a los pobladores de San Salvador Atenco, dejando una secuela de muertos, presos, desaparecidos y mujeres violadas. Estos acontecimientos se derivaron de un hecho de muy escasa relevancia, pero la patente de impunidad otorgada a los policías para el uso desproporcionado de la fuerza, tiene visos de una repudiable e incivilizada venganza del gobierno federal, a la que se suma la intención de desmovilizar a un poblado organizado para su defensa.

De la misma naturaleza, aunque más prolongada y con más víctimas, ha sido la agresión, que se ha tornado permanente, al heroico pueblo de Oaxaca. El uso de las más agresivas fuerzas represivas del gobierno, los asesinatos, las detenciones arbitrarias y las desapariciones, han servido más para ahondar el desprestigio de los gobiernos federal y estatal que para conminar al pueblo oaxaqueno a abandonar su lucha contra el sátrapa que ocupa el cargo de gobernador.

Las elecciones federales del 2 de julio, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la conducción facciosa de las elecciones por el Instituto Federal Electoral y la actitud irresponsablemente pasiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron una profunda incomodidad en mucho más de la porción de votantes que vieron a su candidato acceder a la presidencia de la República. La campana insidiosa, que fomentó el odio entre sectores de la población, desarrollada con la intromisión del presidente, de una organización patronal, cabeza política visible de la oligarquía interna, de los medios de comunicación escritos y electrónicos, y de otros actores ilegítimos, fue una violación flagrante de la ley a la vista de propios y extranos por la realización de actividades reservadas constitucionalmente a los partidos políticos, sin que el tribunal electoral considerara y senalara la comisión de delitos que influyeron innegablemente en los resultados de la elección.

En todos los ámbitos de la sociedad mexicana se considera un agravio a sus derechos y a la todavía incipiente democracia, la forma oscura y poco o nada convincente del proceso electoral y de los resultados finales. Cualquier observador, ni siquiera riguroso, puede notar que la inconformidad permea a la mayor parte de la sociedad mexicana y que el gobierno, con actos reprochables la ahonda irrefrenablemente. No es de extranar que muchos mexicanos estén atentos en espera de la gota que derrame el agua.

La resistencia iniciada después del 2 de julio no ha decrecido y mucho menos desaparecido como aseguran algunos lacayos del sistema. Nadie ha abandonado sus posiciones y ha ido hacia las del gobierno, tanto más cuanto que el actual se prefigura más pernicioso que el anterior. La polarización social que impulsó el partido en el poder, poniéndose a la cabeza de un grupo subversivo de derecha, ha crecido en contra de él. El recrudecimiento de la lucha de clases le es desfavorable, sólo que sus contrarios, mucho más numerosos, no han pasado aún a la actividad externa. Al no vislumbrarse cambios en la política interna que lo impidan, pronto el pueblo tomará las calles.   

La especulación en torno al precio de la tortilla, alimento básico del pueblo, puede ser atribuida a la escasez de maíz, pero el responsable directo, quien provocó esa escasez, es el gobierno. El campo mexicano fue dejado sin el necesario apoyo del gobierno, y los campesinos, para escapar en lo posible de la miseria, se han visto forzados a emigrar hacia las ciudades o hacia el extranjero. No se trata de políticas que hayan seguido su propio curso, lo que ocurre es ciertamente lo que gobierno desea. Desde 1992, con las reformas salinistas a la Constitución, los gobiernos federales han provocado la improductividad y el abandono del campo para favorecer los intereses comerciales de Estados Unidos, establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

A menos de un ano para que sean plenamente legales las importaciones masivas de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos, el gobierno federal, confabulado con especuladores, acaparadores y empresas estadunidenses, intenta hacer ineludibles las importaciones de maíz y de otros productos subsidiados previstos en el Tratado de Libre Comercio. De tener éxito esa traición, se terminará de arruinar el campo mexicano, la tierra no producirá más que hierbas  y la mejor caerá en manos de grandes agricultores nacionales o extranjeros, los campesinos despojados ofrecerán en las ciudades su mano de obra barata, y México habrá perdido absolutamente, durante un periodo prolongado e inimaginable, los actuales jirones de su soberanía alimentaria. Lo anterior implica que, de tener éxito las políticas federales, México no producirá ni siquiera los productos alimenticos básicos. Para ponderar el absurdo y la alta traición, téngase presente que el gobierno federal está entregando la industria energética a entidades extranjeras. ?De qué van a vivir los mexicanos?

Pero la soberanía alimentaria no es lo único que está perdiendo el país, sino la soberanía en general, empezando por la política que lo confirma como en Estado dependiente, sometido, sin libre autodeterminación. Los gobiernos de la etapa neoliberal, además de la cultura, se niegan a impulsar la ciencia, la tecnología, la investigación lo cual acentúa nuestra dependencia. En el mundo actual, el país que no invierta en investigación científica y tecnológica se queda a la zaga, dominado y explotado por otros. ?Es eso lo que los gobiernos federales quieren para nuestro país.

La campana contra el narcotráfico, confiada principalmente a las fuerzas armadas, no podrá tener los resultados alegres que ya se anuncian y que la exhiben como una medida de cortos alcances. No se combate la delincuencia confiscando algunos productos ilegales y arrestando a algunos delincuentes. Los militares, tan admirados y respetados por el pueblo mexicano, no recibieron instrucción para actuar como policías, sino para defender a la Patria. Los resultados indeseables que se produzcan, como la molestia a la sociedad y los gastos excesivos con pocos resultados, serán reclamados a su jefe supremo. Desde ahora, esa ruidosa campana nacional contra la delincuencia, está llamada a ser un parto de los montes.

La toma de posesión del actual presidente se realizó fuera de las prescripciones constitucionales, lo cual le acusa ilegalidad e ilegitimidad. Ningún presidente de México, ni siquiera los de origen militar de la primera mitad del siglo pasado, fue conducido y arropado por las fuerzas armadas a su toma de posesión, manteniendo, con posiciones de fuerza, alejados al pueblo y a los legisladores. Pero no solamente eso, el actual presidente ha buscado refugio en las fuerzas armadas, convive sólo con ellas y recibe una cobertura que mantiene alejado al pueblo como convidado de piedra.

En el México actual ha sido obstruido el desarrollo democrático; se ha exhibido el desprecio gubernamental por las elecciones libres y democráticas; se ha conminado a los ciudadanos, principalmente a los más jóvenes, a no ejercer el derecho de voto en tanto que éste no es respetado; hay una violación sistemática de los derechos humanos, expresada por la agresión policiaca a grupos sociales a los que las circunstancias adversas de su existencia los han llevada a la defensa y a la lucha; las cárceles reciben cada día más presos de conciencia, luchadores sociales empenados en la organización y movilización de sus comunidades, que no han cometido ningún delito.

Por todo el país se extiende la más flagrante impunidad. Cada día se informa del hallazgo de ejecutados que en el transcurso de un ano ya suman varios miles. Los cadáveres son exhibidos por los medios, pero nunca son exhibidos los ejecutores porque las autoridades no saben quienes son y mucho menos los encuentran porque no los buscan. En Oaxaca ha habido más de una veintena de muertos sin que ninguno de los ejecutores y el jefe de ellos, todos bien identificados, haya sido molestado de manera alguna. Por el contrario, los representantes del pueblo están en cárceles de alta seguridad. Los luchadores sociales van a la cárcel, los asesinos disfrutan de impunidad y libertad.

Los dineros públicos son manejados con irresponsabilidad y corrupción; cuentas, fideicomisos y "guardaditos" son administrados y adjudicados sin rendición de cuentas por instituciones y funcionarios de elevada jerarquía, entre los que se cuentan magistrados e instituciones superiores de administración de justicia. No importa que algunos medios de información denuncien a los responsables con gran acopio de datos, el dinero de todas maneras se reparte. Ya se dijo: en México campea la más flagrante impunidad.

En diciembre fue dado a conocer el incremento a los salarios mínimos, que se pretende imponer también a los contractuales. El incremento es una burla y ratifica los salarios insuficientes y como consecuencia la sobreexplotación de los trabajadores. Seguridad social, servicio médico y hospitalario, empleo seguro y formal, jornada de 8 horas no son reconocidos a los trabajadores y son, por lo tanto, derechos perdidos. La esclavitud es la ausencia de derechos. Los trabajadores se retiraron de ella conquistando derechos laborales, ahora, al perderlos por obra de las políticas neoliberales, inician el camino de regreso. Ese es el ideal del neoliberalismo en el trabajo: sobreexplotación y ausencia de derechos. Neoliberalismo se le llama al plan de los países ricos para apropiarse de la riqueza de los países pobres y sometidos, además de sobreexplotar su fuerza de trabajo. Esta doctrina es más eficaz en su labor destructiva cuando es apoyada e impulsada por un gobierno de derecha.

La derecha está fuertemente emparentada con la corrupción y la traición. Se acaba de confirmar en el sexenio anterior y el actual será peor. México conocerá muchos casos más de corrupción extrema y otros de alta traición. Ese será el resultado de la mezcla perversa de neoliberalismo y derecha política.  

?Qué hacer? ?Qué es lo que deben hacer los trabajadores, los pueblos y sus organizaciones? Las circunstancias actuales convocan a la unidad, al diálogo y al acuerdo como premisas del despliegue y articulación de la resistencia y la lucha. Los gobiernos de derecha, por su ilegalidad, ilegitimidad, corrupción, colaboracionismo y traición deben ser derrotados. Esa es nuestra tarea actual, a ella debemos orientar todos nuestros esfuerzos.